GENERALES | 27 AGO 2026
LA CRISI FUEGUINA
72 mil fueguinos ya no tienen obra social ni prepaga y dependen de la salud pública
El padrón del Plan SUMAR alcanzó en junio un récord histórico en Tierra del Fuego. Son 72.000 personas que no tienen obra social ni prepaga y dependen exclusivamente del Estado para acceder a la atención médica. Hace dos años eran poco más de 60.000.
Hay números que describen una situación.
Y hay números que muestran una transformación social.
El padrón del Plan SUMAR llegó a 72.000 personas en Tierra del Fuego, el número más alto registrado hasta ahora de habitantes que no cuentan con obra social ni prepaga y que tienen al sistema público como única cobertura de salud.
La cifra representa un récord que la propia ministra de Salud, Judith Di Giglio, calificó como “histórico, triste y lamentable”.
Y detrás de ese número hay una realidad que golpea directamente al sistema sanitario provincial: cada vez más fueguinos dependen exclusivamente de hospitales y centros de salud públicos.
De 60 mil a 72 mil
El crecimiento no apareció de un día para otro.
En agosto de 2024, el Ministerio de Salud provincial informaba que el padrón del Plan SUMAR tenía 60.679 personas.
En 2025 el registro ya se había ubicado entre 60.000 y 62.000 personas.
Ahora, en junio de 2026, llegó a 72.000.
Es decir que en aproximadamente dos años el universo de fueguinos sin cobertura formal aumentó en más de 11.000 personas respecto de aquel registro oficial de 2024.
Y el dato tiene una lectura económica inevitable: cada vez más familias quedan fuera de una cobertura de salud vinculada al empleo o a una obra social y pasan a depender del sistema estatal.
No son 72 mil personas que “tienen SUMAR”: son 72 mil que no tienen otra cobertura
El Plan SUMAR funciona como un registro de la población que no posee obra social ni prepaga y permite identificar a esas personas dentro del sistema sanitario.
Por eso, el número adquiere una dimensión mucho mayor.
No significa simplemente que 72.000 fueguinos estén inscriptos en un programa.
Significa que 72.000 personas no tienen otra cobertura sanitaria y tienen al Estado como principal respaldo para atenderse.
Y de esas 72.000 personas registradas en junio, aproximadamente 30.000 utilizaron al menos una vez los servicios del sistema público durante ese mismo mes.
La presión sobre hospitales, centros de salud y profesionales comienza así a explicarse también desde otro lugar: hay más personas que necesitan utilizar un sistema que debe responder con recursos cada vez más exigidos.
La salud pública como último sostén
El dato aparece además en un contexto económico particularmente complejo.
Cuando una familia pierde una cobertura médica, la alternativa no es dejar de atenderse.
El hospital público se convierte en la única opción.
Y allí aparecen consultas, estudios, medicamentos, tratamientos, derivaciones y, en los casos más complejos, tratamientos de alto costo.
La propia ministra informó que actualmente 79 personas incluidas en el Plan SUMAR atraviesan enfermedades oncológicas o tratamientos de alto costo, con un gasto farmacológico que ronda los $500 millones mensuales solamente para ese grupo.
Es decir que el crecimiento del padrón no representa únicamente más consultas.
Representa también una obligación financiera creciente para el Estado provincial.
Una provincia que tiene que cubrir cada vez más
La situación se vuelve todavía más delicada porque, según explicó Di Giglio, la Provincia enfrenta una reducción de los aportes nacionales destinados a salud y un incremento del gasto propio para sostener medicamentos y prestaciones.
La ministra incluso anticipó que septiembre será el último mes en que la provincia reciba botiquines del programa Remediar, mientras aumenta el gasto provincial destinado a medicamentos para personas sin cobertura.
El escenario queda planteado de manera sencilla:
más personas sin cobertura + más demanda del sistema público + medicamentos más caros + menor asistencia nacional.
La ecuación es cada vez más difícil de sostener.
El dato detrás del dato
72.000 personas representan mucho más que un registro administrativo.
Son trabajadores que no tienen obra social.
Familias que perdieron capacidad para pagar una prepaga.
Personas que dependen del hospital público.
Pacientes que necesitan medicamentos.
Y miles de fueguinos para quienes el Estado dejó de ser una alternativa y pasó a ser la única puerta de entrada al sistema sanitario.
Hace dos años eran poco más de 60.000.
Hoy son 72.000.
Y mientras el padrón sigue creciendo, los hospitales también reciben más pacientes y los profesionales advierten sobre la sobrecarga del sistema.
La pregunta que queda planteada es inevitable:
¿Cuánto más puede crecer la cantidad de fueguinos que dependen exclusivamente de la salud pública sin que el sistema termine desbordado?
Porque detrás del récord del Plan SUMAR hay una señal mucho más profunda:
cada vez más fueguinos están llegando a la salud pública no porque la elijan, sino porque ya no tienen otra opción.
