El Fiscal de Estado intimó a Melella y le dio 15 días para explicar la operatoria del VS Promise

La intervención quedó formalizada mediante la Nota FE Nº 251/26, recibida por la Gobernación el miércoles 26 de agosto. El Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 15 días hábiles para entregar la información solicitada.

La investigación se inició a partir de una denuncia incorporada al expediente FE Nº 48/26, caratulado “S/ denuncia de presunto buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia”.

Entre otros puntos, Martínez de Sucre requirió expedientes, resoluciones, actas, informes de inspección y comunicaciones oficiales relacionadas con la presencia y las operaciones del buque.

El pedido busca establecer cuáles fueron los antecedentes históricos y actuales de las actividades desarrolladas en Río Cullen y Ushuaia, además de determinar si existieron notificaciones previas de la agencia marítima, TotalEnergies u organismos nacionales.

También se deberá informar qué funcionarios intervinieron y autorizaron el ingreso, permanencia y operatoria del petrolero, junto con las garantías y actos administrativos emitidos por las distintas áreas provinciales.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el poder de policía que ejerce la Provincia sobre las operaciones hidrocarburíferas realizadas en la monoboya de Río Cullen. La Fiscalía pidió registros de carga, manifiestos y documentación vinculada con la aplicación de la Ley Provincial 852.

Asimismo, el organismo pretende conocer qué mecanismos de control utilizó el Gobierno provincial y cómo se cruzó la información con Prefectura Naval Argentina.

El Ejecutivo también deberá fijar su posición jurídica respecto de la aplicación de la Ley Gaucho Rivero y explicar qué intervención tuvieron la Secretaría de Hidrocarburos y la Dirección Provincial de Puertos.

La medida profundiza los cuestionamientos alrededor del VS Promise, luego de conocerse que el buque cargó petróleo en Río Cullen, utilizó instalaciones portuarias fueguinas y permaneció en el puerto de Ushuaia, pese a las primeras manifestaciones oficiales de desconocimiento sobre su bandera y sus movimientos.

Con este requerimiento, la Fiscalía de Estado buscará determinar si la Provincia conocía y validó administrativamente la operación antes de que estallara la controversia pública, además de comprobar si los controles establecidos fueron cumplidos o si existieron omisiones por parte de algún organismo.

Ahora, el Gobierno de Melella deberá respaldar sus explicaciones con documentación oficial y precisar cómo se autorizó la carga y salida del crudo, quiénes participaron del procedimiento y qué controles se efectuaron sobre el petrolero.

Fuente: Agenda Malvinas