En FM del Pueblo, la funcionaria explicó que el fenómeno está directamente relacionado con personas que no tienen empleo, dejaron de contar con una obra social o ya no pueden sostener una cobertura privada o el monotributo.
“En el mes de junio el padrón ascendió a 72 mil personas, en julio descendió a 68 mil, pero tenemos un promedio de 70 mil en los últimos meses. Es un récord histórico, pero no para festejar”, señaló Di Giglio.
Para ingresar en este padrón, las personas deben contar con una certificación negativa de ANSES que acredite que no poseen ingresos ni otra cobertura sanitaria.
Uno de los datos más preocupantes revelados por la ministra tiene que ver con la utilización efectiva del sistema. Según detalló, durante junio unas 31 mil personas de ese padrón realizaron al menos una consulta en hospitales o centros de salud.
La cifra representa un crecimiento muy importante frente a los niveles habituales.
“Nosotros veníamos con un promedio de entre 10 mil y 15 mil personas con una consulta efectiva básica. En junio fueron alrededor de 31 mil”, precisó.
Di Giglio aclaró que no se trata simplemente de un incremento general de las consultas, sino específicamente de personas que llegaron al sistema público sin contar con ningún otro tipo de cobertura médica.
La ministra explicó que detrás de este crecimiento también aparece un cambio económico entre quienes anteriormente podían recurrir al sector privado. Personas que tenían una prepaga, una obra social o podían pagar determinadas consultas particulares hoy continúan necesitando atención médica, pero deben hacerlo exclusivamente dentro del sistema estatal.
“Quizás antes era una persona que podía elegir el privado porque pagaba una consulta. Hoy el sector público está teniendo un aumento muy importante”, sostuvo.
La situación también se refleja en las estadísticas del Hospital Regional Río Grande. Di Giglio ejemplificó con los registros correspondientes a una jornada de julio, cuando 148 adultos fueron atendidos en la guardia, junto con 89 niños y otras 48 personas en la guardia odontológica.
A esa cantidad deben sumarse los pacientes que concurren diariamente a los centros de atención primaria.
La titular de Salud recordó que en Río Grande funcionan siete centros provinciales y cuatro municipales, mientras que los establecimientos provinciales atienden de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas y mantienen centros abiertos también durante los sábados.
Allí se realizan controles de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, atención de salud sexual y reproductiva, entrega de anticonceptivos, controles de niños, odontología y consultas espontáneas.
Di Giglio remarcó que las guardias hospitalarias están principalmente destinadas a emergencias, urgencias y cuadros que requieren una atención de mayor complejidad, mientras los centros de salud cumplen un rol fundamental en prevención y seguimiento de pacientes.
Consultada por la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda, reconoció que existen jornadas de una alta complejidad, especialmente cuando disminuye la disponibilidad de camas en terapia intensiva, pediatría o clínica médica.
“Es muy difícil decir que se trabaja con tranquilidad”, reconoció.
La Provincia, según explicó, intenta reforzar la cantidad de profesionales en las guardias mientras sostiene áreas críticas como cirugías, neonatología, internación pediátrica y terapia intensiva.
Di Giglio aseguró que esta mayor presión sanitaria ocurre además en un escenario de reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional, lo que obliga a la administración provincial a redireccionar partidas para garantizar el funcionamiento del sistema.
“Es mucho esfuerzo, mucho recurso destinado a esto, con una baja de los recursos que envía Nación”, afirmó.
La ministra también fue consultada por el planteo realizado por la concejal Guadalupe Zamora respecto de una iniciativa vinculada con la recolección de medicamentos mediante una fundación.
Di Giglio rechazó que se trate de una determinación política personal y explicó que las actuaciones corresponden a Fiscalización Sanitaria y están sujetas a leyes y normas nacionales.
“No es algo en lo que tenga poder de decisión o intervención un funcionario político. Es una decisión netamente técnica”, manifestó.
Precisó además que la dispensación de medicamentos debe ser realizada por profesionales farmacéuticos, garantizando cuestiones como la trazabilidad, conservación y cumplimiento de las condiciones establecidas para cada tipo de fármaco.
También recordó que existen medicamentos, como determinados antibióticos, que requieren prescripción médica bajo condiciones específicas.
De esta manera, Di Giglio sostuvo que las actuaciones de Fiscalización Sanitaria responden a legislación nacional y procedimientos técnicos que exceden una decisión particular del Ministerio de Salud.
El fuerte incremento de personas sin cobertura aparece así como uno de los principales desafíos actuales del sistema sanitario fueguino: alrededor de 70 mil habitantes dependen exclusivamente del Estado y, solamente durante junio, 31 mil necesitaron utilizar efectivamente alguna prestación de la salud pública.