Manuel Adorni vuelve a ganar tiempo.
Cuando debía comenzar a explicar ante la Justicia cómo se produjo la evolución de su patrimonio y cómo se financiaron determinados gastos y bienes detectados durante la investigación, el exjefe de Gabinete de Javier Milei consiguió una nueva prórroga.
El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido de Adorni y le concedió otros 15 días para responder al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
La decisión vuelve a estirar una causa que comenzó a poner bajo la lupa las cuentas del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, y que ahora suma una nueva demora antes de que la Justicia determine si las explicaciones ofrecidas alcanzan para despejar las dudas existentes.
La información publicada por Noticias Argentinas
La fiscalía no le pidió a Adorni una explicación genérica.
El requerimiento de Pollicita contiene 20 puntos vinculados con presuntas inconsistencias patrimoniales y busca determinar si los ingresos lícitos declarados resultan suficientes para explicar los bienes adquiridos, los gastos realizados y la cancelación de determinadas obligaciones.
La investigación comprende el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, hasta junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete.
La pregunta central es sencilla, pero sus respuestas pueden resultar mucho más complejas:
¿Alcanzan los ingresos comprobados para explicar el patrimonio y el nivel de gastos registrado?
Por ahora, la Justicia considera que existen aspectos que deben ser aclarados.
Uno de los datos más llamativos surge de la propia evaluación realizada por la fiscalía.
Según el análisis incorporado a la causa, los ingresos comprobados del matrimonio Adorni-Angeletti alcanzaron $229,7 millones, mientras que los gastos considerados llegaron a $272,8 millones.
La diferencia asciende a aproximadamente $43,1 millones que, según la fiscalía, todavía requieren explicación.
Pero el expediente no se limita a esa diferencia.
También aparecen bajo análisis bienes inmuebles, refacciones, mobiliario y otros gastos cuyo valor estimado alcanza los US$402.578,12, respecto de los cuales el fiscal señaló que no encontrarían correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados.
Ese es precisamente uno de los puntos que deberá abordar la defensa.
La investigación no se concentra exclusivamente en las cuentas del exfuncionario.
La evolución patrimonial de Bettina Angeletti también fue incorporada al análisis.
Uno de los datos señalados por la fiscalía es el fuerte crecimiento de su facturación: durante 2024 habría aumentado 1.440,97% respecto del período anterior.
En 2025, según la información incorporada al expediente, la facturación alcanzó $124,2 millones, provenientes de 13 clientes.
Pero existe otro dato que llamó la atención de los investigadores:
el 81,95% de esa facturación provino solamente de dos clientes.
La Justicia busca determinar si esos ingresos permiten explicar adecuadamente la evolución patrimonial del matrimonio.
Entre los puntos que Pollicita reclama aclarar aparecen además operaciones y movimientos específicos.
La fiscalía pidió explicaciones sobre préstamos recibidos por familiares de Adorni, identificados como Silvia Pais y Norma Zuccolo; la compra de un automóvil y gastos vinculados con un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.
Cada uno de estos elementos forma parte de la reconstrucción patrimonial que intenta realizar la Justicia.
El objetivo no es solamente saber qué bienes posee el matrimonio.
La cuestión central consiste en determinar cómo fueron adquiridos y si existe una correspondencia razonable entre esos bienes, los gastos realizados y los ingresos legalmente acreditados.
La situación adquiere una dimensión política particular por el lugar que ocupó Adorni dentro del Gobierno nacional.
Fue vocero presidencial, luego jefe de Gabinete y durante un período ocupó uno de los cargos políticos más importantes de la administración de Javier Milei.
La investigación patrimonial, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los factores que golpearon su permanencia en la primera línea del Gobierno.
Adorni dejó la Jefatura de Gabinete en junio de 2026.
Ahora, ya fuera del cargo, la Justicia continúa intentando determinar si las explicaciones patrimoniales son suficientes.
Y la respuesta todavía no llegó.
La nueva prórroga vuelve a poner el expediente en el centro de la escena.
El plazo establecido originalmente por la fiscalía venció y la defensa pidió más tiempo. El juez Lijo aceptó el pedido y otorgó 15 días adicionales.
No significa que Adorni haya sido declarado culpable.
Tampoco significa que las inconsistencias señaladas por la fiscalía estén definitivamente probadas como delito.
Significa algo más concreto:
la Justicia todavía considera necesario que el exfuncionario explique determinados movimientos de su patrimonio.
Y esas explicaciones serán determinantes para saber cómo continúa la investigación.
La nueva fecha será ahora un punto de referencia dentro de la causa.
Si las explicaciones presentadas consiguen responder satisfactoriamente los interrogantes planteados por la fiscalía, el expediente podría tomar otro rumbo.
Pero si las respuestas son consideradas insuficientes, el escenario puede complicarse.
Según lo informado, Adorni podría ser citado a una declaración indagatoria, instancia en la que deberá responder formalmente ante la Justicia por las cuestiones que todavía permanecen bajo análisis.
Por eso, los próximos 15 días no son un simple trámite administrativo.
Son el período en el que el exjefe de Gabinete deberá intentar cerrar las dudas que la investigación abrió sobre su evolución patrimonial.
El caso dejó de ser solamente una discusión política.
Hay números concretos sobre la mesa:
$229,7 millones de ingresos comprobados.
$272,8 millones de gastos analizados.
Más de $43 millones de diferencia que requieren explicación.
US$402.578,12 vinculados a inmuebles, refacciones y mobiliario observados por la fiscalía.
1.440,97% de crecimiento de la facturación de su esposa en 2024.
$124,2 millones facturados por Angeletti durante 2025.
81,95% de esa facturación concentrada en dos clientes.
Y ahora, además, 15 días más de plazo.
El interrogante de fondo permanece intacto:
¿Puede explicarse con ingresos lícitos y documentados el crecimiento patrimonial y el nivel de gastos que la Justicia puso bajo la lupa?
Por ahora, la respuesta sigue pendiente.