GENERALES | 3 SEP 2026
PIDEN EL JUICIO POLíTICO A MELELLA
Retirados policiales acuden a la Legislatura y piden investigar al Gobernador
Tres retirados de la Policía Territorial presentaron ante la Legislatura un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella. Denuncian un proceso previsional que, según sostienen, se agravó durante los últimos años y reclaman que el Poder Legislativo investigue las decisiones y omisiones del Ejecutivo frente a la situación de los retirados y pensionados.
La situación previsional de los policías del ex Territorio Nacional vuelve a instalarse en el centro de la discusión política e institucional de Tierra del Fuego.
Este jueves 3 de septiembre fue presentado formalmente ante la Presidencia de la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Adrián Melella, promovido por el subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, el suboficial mayor retirado Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente retirado Jorge Alejandro Herrera.
La presentación fue entregada también a los distintos bloques legislativos y plantea que la Legislatura investigue si las actuaciones y omisiones atribuidas al Poder Ejecutivo provincial podrían configurar la causal de mal desempeño prevista por la Constitución fueguina.
La Constitución Provincial establece que el gobernador puede ser sometido a juicio político, entre otras causales, por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, delitos comunes dolosos, mal desempeño del cargo o indignidad. A su vez, establece que cualquier persona con pleno ejercicio de sus derechos puede formular una denuncia por escrito, que debe ser remitida a la comisión investigadora.
Un reclamo que viene acumulando antecedentes
El planteo de los retirados no se limita, según el escrito presentado, a reclamar una diferencia salarial o previsional puntual.
La presentación intenta reconstruir un conflicto que los denunciantes consideran estructural y que involucra a los retirados y pensionados provenientes de la Policía del antiguo Territorio Nacional.
El eje del reclamo está puesto en la continuidad de decisiones administrativas y previsionales, advertencias, antecedentes, informes de organismos de control, normativa provincial y actuaciones judiciales que, de acuerdo con los denunciantes, deberían ser analizadas en conjunto para determinar las responsabilidades políticas que pudieran corresponder.
El contexto tiene además un antecedente inmediato.
En julio pasado, el Tribunal de Cuentas de la Provincia dictó la Resolución Plenaria N.º 106/2026, mediante la cual desestimó una presentación realizada por Torales contra resoluciones del Directorio de la Caja Previsional Policial. Según la documentación difundida, el retirado había cuestionado disposiciones que, a su criterio, condicionaban el pago de prestaciones a la disponibilidad financiera y afectaban derechos previsionales de naturaleza alimentaria.
Ese antecedente resulta relevante porque muestra que la controversia previsional ya había llegado a los organismos de control antes de transformarse ahora en un planteo de naturaleza política ante la Legislatura.
Treinta capítulos para reconstruir el conflicto
El pedido presentado ante el Parlamento fueguino está organizado en 30 capítulos, acompañado por cuadros, matrices de responsabilidad y documentación destinada a reconstruir la evolución del problema.
Los autores sostienen que el objetivo es determinar qué decisiones fueron tomadas, qué organismos intervinieron, qué advertencias existieron y cuáles fueron las respuestas adoptadas por las distintas autoridades frente a una problemática que, según denuncian, terminó afectando prestaciones destinadas al sostenimiento de jubilados y pensionados.
La estrategia elegida por los presentantes busca, de esta manera, llevar la discusión desde el reclamo individual hacia una evaluación política de las responsabilidades del Poder Ejecutivo.
Una historia previsional con antecedentes nacionales
La situación de los policías del ex Territorio Nacional tiene además una particularidad histórica.
El régimen previsional de quienes integraron aquellas fuerzas estuvo vinculado al sistema de retiros y pensiones de la Policía Federal. La normativa nacional establece que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal intervino en el cómputo de servicios, haberes de retiro y pensiones correspondientes al personal policial de los ex Territorios Nacionales. También existieron convenios específicos entre el Estado nacional y Tierra del Fuego para el reconocimiento de servicios y beneficios previsionales.
Ese entramado normativo es uno de los elementos que los denunciantes consideran necesario revisar para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Ahora la decisión queda en manos de la Legislatura
La presentación no implica que el gobernador haya sido sometido a juicio político ni que exista una acusación formalmente admitida.
El primer paso será que la Legislatura analice la denuncia y determine si corresponde avanzar con la investigación prevista constitucionalmente.
El procedimiento establece una instancia de investigación y exige mayorías especiales para que una eventual acusación avance. La Constitución dispone que la sala acusadora debe decidir por los dos tercios de la totalidad de sus miembros si corresponde el juzgamiento. En caso afirmativo, se conforma la acusación ante la sala juzgadora.
Por lo tanto, el planteo presentado este jueves abre un nuevo frente institucional para el Gobierno de Gustavo Melella, pero será la Legislatura la que deberá determinar si los hechos denunciados reúnen las condiciones necesarias para avanzar hacia una instancia de juicio político.
De la crisis previsional a una discusión institucional
El pedido vuelve a poner sobre la mesa una problemática que viene generando reclamos entre los retirados del ex Territorio y que durante 2026 ya tuvo presentaciones ante organismos de control.
Ahora la discusión adquiere otra dimensión: los denunciantes pretenden que el Parlamento determine si existieron responsabilidades políticas por las decisiones u omisiones del Poder Ejecutivo frente a la situación previsional.
El expediente deberá comenzar a transitar ahora el camino legislativo. Allí se definirá si la denuncia queda archivada, si se abre una investigación o si, eventualmente, logra reunir los votos necesarios para avanzar hacia una acusación formal.
Lo concreto es que un conflicto que durante años estuvo concentrado en el terreno previsional vuelve a ocupar el centro de la escena política fueguina, esta vez con un pedido formal para que la Legislatura investigue la actuación del gobernador.
