Ariznabarreta advirtió que la Ley Penal Juvenil exige una estructura que todavía no fue creada

Al aire de FM Espectáculo, explicó que la ley incorporó a los adolescentes desde los 14 años al sistema penal, aunque estableció diferentes escalas de responsabilidad y un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.

“Desde el punto de vista punitivo, lo que cambia es que se incorpora a personas desde los 14 años al sistema penal”, señaló. No obstante, aclaró que la prisión debe ser utilizada como último recurso y reservarse para delitos graves o situaciones en las que hayan fracasado las medidas alternativas.

El régimen contempla amonestaciones, restricciones horarias, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación económica del daño y mecanismos de acompañamiento. Para Ariznabarreta, el objetivo no debería ser encarcelar a más adolescentes, sino intervenir antes mediante controles, asistencia e inserción social.

Equipos que todavía no existen

Uno de los principales desafíos es la creación de la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar al adolescente que ingresa al sistema penal sin recibir una pena de prisión.

Estos supervisores deberán contar con formación en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Sin embargo, para que esa herramienta funcione será necesario crear una nueva estructura, contratar profesionales, capacitarlos y garantizar recursos económicos permanentes.

“Hay que armar ese equipo de gente en todo el país y hay que pagarle”, remarcó Ariznabarreta. También sostuvo que el nuevo sistema necesitará tiempo para demostrar sus resultados, además de una preparación específica de las estructuras judiciales y de los organismos provinciales responsables de la prevención.

El abogado puso como ejemplo las amenazas de bomba realizadas por estudiantes contra establecimientos educativos. Explicó que esas conductas, muchas veces consideradas por sus autores como una broma, ahora pueden generar consecuencias penales, aunque eso no signifique necesariamente que el adolescente termine detenido.

“La ley busca incorporar más chicos al sistema penal como una forma de control preventivo. La prisión aparece cuando todo fracasó o cuando el hecho es muy grave”, indicó.

El problema del alojamiento

Ariznabarreta también se refirió a los adolescentes que, por la gravedad del delito, deban quedar privados de su libertad. La normativa establece que no pueden ser trasladados a una comisaría, una alcaidía ni permanecer junto con detenidos adultos.

Por ese motivo, Tierra del Fuego necesita disponer de un espacio especialmente acondicionado para alojar a jóvenes de entre 14 y 17 años. Allí deberán recibir atención diferenciada y permanecer bajo la supervisión de personal capacitado.

El exdefensor reconoció que la provincia podría tener una ventaja respecto de grandes centros urbanos debido a su menor escala poblacional. Consideró que la creación de un dispositivo de alojamiento sería posible, pero advirtió que el mayor inconveniente estará en garantizar un seguimiento profesional sostenido.

“Lo difícil será implementar equipos que realicen un seguimiento efectivo. Ese es el verdadero trabajo preventivo”, expresó.

Una ley nacional frente a realidades diferentes

Otro de los puntos señalados fue que la legislación fue pensada, en gran medida, a partir de los problemas de inseguridad registrados en grandes ciudades. Ariznabarreta afirmó que la situación de los adolescentes en Tierra del Fuego tiene características sociales distintas a las del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza.

En ese sentido, calificó a este tipo de normas como “productos enlatados hechos para la gran urbe” y reclamó que cada jurisdicción pueda adaptar su implementación a su propia realidad.

Recordó que Tierra del Fuego arrastra desde hace años dificultades para sostener políticas de protección de la niñez. Según describió, las distintas administraciones modificaron nombres y mecanismos de abordaje, pero no lograron consolidar dispositivos permanentes para menores en situación de vulnerabilidad.

“Mientras sigamos teniendo una sociedad que produce estas realidades, vamos a terminar discutiendo cada vez una edad de imputabilidad más baja y creando más lugares de aislamiento”, advirtió.

Ariznabarreta sostuvo que el éxito del nuevo régimen dependerá de la inversión, la capacitación y el trabajo preventivo. Sin presupuesto, profesionales especializados y políticas de inserción, la baja de la edad de imputabilidad por sí sola no resolverá la problemática juvenil.