La deuda que Barrozo niega: Lapadula aseguró que está certificada por el Tribunal de Cuentas

Consultado por FM Del Pueblo, Lapadula se refirió al reclamo por los fondos coparticipables y diferenció dos cuestiones que, según planteó, el Gobierno provincial intenta presentar como si fueran una sola: que existan transferencias diarias hacia los municipios no significa que no haya una deuda acumulada.

“Escuché hace poco declaraciones del ministro de Economía diciendo que no es así y que se envían fondos diariamente al municipio. Una cosa es que se envíen fondos diariamente, cosa que es cierta, y otra cosa es decir que no se debe”, expresó.

La respuesta apunta directamente a las afirmaciones realizadas días atrás por Barrozo, quien había sostenido que la Provincia remesa fondos a los municipios todos los días y que no utiliza mecanismos de demora de la coparticipación para afrontar problemas de caja propios.

Lapadula reconoció que los giros diarios efectivamente existen, pero sostuvo que eso no elimina los atrasos acumulados ni las obligaciones pendientes.

Como respaldo, el legislador mencionó el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego sobre el ejercicio 2025. Según afirmó, ese organismo dejó asentado cuánto dinero adeudaba la Provincia a cada municipio al cierre de ese año.

“En el caso del Municipio de Río Grande, al 31 de diciembre de 2025, certificado por el Tribunal de Cuentas y sus auditores, se debían $11.000 millones”, señaló Lapadula.

A partir de ese dato, rechazó que pueda desconocerse públicamente la existencia del pasivo. “Nadie puede venir a decir que no se debe dinero”, afirmó.

El legislador agregó otro elemento al conflicto: según su revisión inicial, esa deuda no está incorporada ni reconocida dentro del proyecto de Presupuesto Provincial 2027 enviado recientemente por el Ejecutivo a la Legislatura.

“No está volcado, ni siquiera está reconocido”, manifestó al ser consultado sobre si el Gobierno había incluido alguna previsión presupuestaria, convenio futuro o mecanismo para atender esos fondos pendientes.

Para Lapadula, negar la existencia del problema complica cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Provincia y municipios. “¿Cómo nos podemos sentar a conversar y ver cómo solucionamos el tema si no se admite que hay un problema o se lo niega?”, planteó.

Además, vinculó directamente la discusión con las dificultades financieras de la administración provincial y sostuvo que los recursos pertenecientes a los municipios no deberían convertirse en una herramienta para aliviar temporalmente la caja del Ejecutivo.

“El Gobierno no puede financiarse o financiar sus problemas de caja retrasando los fondos que por ley y por Constitución le corresponden a cada uno de los municipios”, remarcó.