La discusión sobre la gestión municipal de Ushuaia puede abordarse desde los anuncios, las publicaciones oficiales y las obras que el Ejecutivo dice haber realizado. Pero existe otra forma de mirar la realidad: revisar los números que la propia administración debe presentar al cierre de cada ejercicio.
Y cuando se observa la Cuenta de Inversión correspondiente a 2025, el panorama resulta bastante menos auspicioso que el relato político.
El documento oficial muestra un Municipio que terminó el ejercicio con un resultado negativo, con menos disponibilidad de fondos, más deuda con proveedores y una baja ejecución de los recursos destinados a obra pública.
No se trata, entonces, de una discusión política sobre percepciones. Son datos que surgen de la documentación contable y financiera presentada por la propia Municipalidad.
Uno de los primeros indicadores que aparece es la evolución de las disponibilidades.
Al cierre de 2025, la caja municipal se ubicó en torno a los $8.314 millones, frente a los aproximadamente $10.911 millones registrados al comienzo del ejercicio.
La caída ronda los $2.598 millones, equivalente a prácticamente un 24% menos de disponibilidad.
Es un dato relevante porque una administración puede incrementar sus ingresos y, al mismo tiempo, terminar el año con menor capacidad financiera.
Eso es precisamente lo que muestran estas cuentas: hubo recursos, pero la posición de caja terminó deteriorándose.
A la reducción de la disponibilidad se suma otro dato que expone la situación financiera: la deuda con proveedores registró un incremento cercano al 20% durante el ejercicio.
Es decir, mientras la caja se redujo, las obligaciones pendientes con terceros aumentaron.
La combinación de ambos indicadores resulta particularmente significativa para evaluar la administración de los recursos públicos: menos fondos disponibles y más compromisos por afrontar.
No es necesario recurrir a interpretaciones políticas para advertir el problema. La propia evolución de las cuentas permite observarlo.
Pero quizás el dato que más contradice el discurso de una gestión orientada a la infraestructura aparece en la ejecución de los recursos destinados a obras.
Según el análisis de la Cuenta de Inversión, la ejecución de los recursos previstos para obra pública alcanzó apenas el 37%.
Esto adquiere mayor relevancia cuando se recuerda que el presupuesto municipal para 2025 había sido presentado como una herramienta que contemplaba una fuerte inversión en infraestructura.
Sin embargo, entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado aparece una brecha considerable.
La propia documentación registra $6.785 millones pagados en construcciones, una cifra que debe ser puesta en relación con el volumen de recursos que el Municipio había proyectado destinar a infraestructura.
La pregunta central, desde una perspectiva estrictamente administrativa, no es cuánto se anunció que se iba a hacer, sino cuánto de aquello que fue presupuestado terminó efectivamente convertido en obra.
Y allí los números son contundentes: la ejecución fue baja.
Otro elemento que permite entender las prioridades de la administración aparece en la estructura del presupuesto.
El presupuesto original para 2025 ascendía a $121.331 millones.
De ese total, se habían previsto:
La estructura ya mostraba una fuerte concentración de recursos en el funcionamiento cotidiano del Estado municipal.
Pero durante la ejecución también aparecen modificaciones presupuestarias por aproximadamente $16.133 millones, alterando de manera significativa las previsiones originales.
El problema no es necesariamente modificar un presupuesto —algo que puede ser normal durante un ejercicio— sino determinar qué prioridades terminaron imponiéndose y cuánto de esos recursos adicionales terminó efectivamente en infraestructura y servicios concretos.
Los números de ejecución permiten observar además el peso que tuvieron los gastos de funcionamiento.
Durante 2025 se pagaron aproximadamente:
$53.390 millones en personal
y
$47.140 millones en servicios no personales.
Entre ambos conceptos se concentran más de $100.500 millones.
Frente a estos valores, la inversión efectivamente pagada en construcciones fue sustancialmente menor.
La comparación no implica cuestionar la necesidad de pagar salarios ni de contratar servicios indispensables para el funcionamiento municipal. El punto es otro: qué capacidad tiene la administración para transformar el volumen de recursos que administra en infraestructura, patrimonio y mejoras permanentes para la ciudad.
Y allí es donde la Cuenta de Inversión deja una fotografía incómoda.
Otro de los puntos que requiere especial atención aparece en el análisis patrimonial.
El informe identifica aproximadamente $9.114 millones correspondientes a conceptos no registrados contablemente.
La propia documentación plantea la necesidad de explicar el criterio utilizado para mantener determinados conceptos fuera de la contabilidad.
No significa, por sí mismo, que ese dinero haya desaparecido ni que exista una irregularidad penal. Pero sí representa un punto que necesita explicación y mayor transparencia sobre su tratamiento contable.
Cuando se administran recursos públicos, la claridad sobre qué se registra, qué se excluye y por qué se excluye no es un detalle menor.
La Cuenta de Inversión también registra movimientos por aproximadamente $16.700 millones sobre el patrimonio neto, derivados de modificaciones del saldo inicial y de variaciones patrimoniales.
El análisis señala que el origen de esos movimientos requiere una explicación más clara.
Nuevamente, no se trata de afirmar que exista un ilícito. El problema es de trazabilidad y exposición de la información.
Y cuando esos movimientos aparecen junto a un resultado negativo, una menor disponibilidad de fondos y un crecimiento de las obligaciones con proveedores, adquieren una relevancia todavía mayor para evaluar la situación financiera general.
La situación tampoco termina en los números financieros.
La documentación incluye observaciones sobre la forma en que se presentan y consolidan determinadas operaciones entre los organismos municipales.
En particular, se advierte una “sobreexposición por doble contabilización de flujos figurativos en el consolidado”.
La observación señala que determinadas transferencias figurativas aparecen simultáneamente como gastos de una entidad y recursos de otra, sin una eliminación adecuada en el consolidado.
La recomendación incluida en el informe es incorporar una columna específica para eliminar esos movimientos recíprocos.
Es decir, hasta la forma de presentar los números consolidados requiere ajustes para evitar una exposición que pueda sobredimensionar determinados flujos.
Hay un dato importante que debe ser aclarado para no deformar el contenido del documento: la Sindicatura no sostiene que los estados contables sean fraudulentos ni invalida las cuentas municipales.
Por el contrario, concluye que los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial y los resultados, aunque formula observaciones y salvedades vinculadas principalmente con la exposición patrimonial, la consolidación de operaciones recíprocas y la información complementaria.
Precisamente por eso, el análisis debe concentrarse en lo que los números efectivamente muestran.
Y el cuadro que surge no es sencillo:
menos caja, más deuda con proveedores, déficit, baja ejecución de obra pública, modificaciones presupuestarias millonarias y distintos aspectos de exposición contable que requieren explicaciones adicionales.
Todo esto ocurre mientras la ciudad necesita infraestructura, mantenimiento, pavimento, servicios y respuestas concretas a una Ushuaia que continúa creciendo y acumulando demandas.
El problema de fondo, entonces, no es solamente cuánto dinero ingresó a las arcas municipales.
El verdadero interrogante es qué hizo la administración con esos recursos.
Porque una gestión pública no se mide por la cantidad de anuncios, renders, publicaciones o actos de presentación. Se mide por su capacidad para administrar, priorizar, ejecutar y transformar los recursos públicos en soluciones concretas.
Y la Cuenta de Inversión 2025 deja una conclusión difícil de esconder detrás del relato político: Ushuaia cerró el año con menos capacidad financiera, más obligaciones y una ejecución de infraestructura muy por debajo de lo que había previsto.