De $1,1 millón a $102 millones: una familia fueguina pelea para que no le rematen su casa

La historia fue relatada por el propio Vargas Quiroga en FM del Pueblo, donde explicó que durante aproximadamente siete años cumplió de manera ininterrumpida con las cuotas del crédito, pero la pérdida de estabilidad laboral y la fuerte caída del trabajo en la construcción terminaron empujándolo a una mora que actualmente alcanza unas 24 cuotas.

“Nosotros pedimos en septiembre de 2017 $1.150.000, que equivalían a unas 57.000 UVA. Hoy me están pidiendo aproximadamente $102 millones”, explicó.

Según detalló, el problema central es que la entidad bancaria ya no estaría buscando únicamente que regularice las cuotas vencidas, sino que habría avanzado hacia la ejecución de la totalidad del crédito.

“No quieren que me acerque, pague la mora y quede al día. Pasó directamente a ejecución y quieren la totalidad del valor de la vivienda”, sostuvo.

Vargas Quiroga remarcó que actualmente las cuotas atrasadas representan alrededor de dos años de pagos pendientes y que, si se tomara un valor cercano al millón de pesos por cuota, la mora rondaría los $24 millones. Sin embargo, aseguró que la exigencia que enfrenta es muy superior.

“El número está completamente fuera de mi alcance. Hoy estamos hablando de $102 millones, y con costas y gastos de ejecución podría terminar entre $110 y $115 millones”, afirmó.

La situación genera todavía mayor preocupación porque, según explicó, incluso si la propiedad fuera rematada por un valor menor al total de la deuda, podría perder la casa y continuar debiendo dinero.

“Si la vivienda vale más y en un remate la venden por menos, podría quedarme sin casa y seguir pagando la diferencia”, relató.

Actualmente, el caso está siendo analizado con intervención de la Defensoría Federal, que busca frenar una ejecución inmediata y ganar tiempo para intentar una readecuación de la deuda.

“Lo que buscamos no es dejar de pagar. Yo quiero pagar. Lo que necesito es tiempo y una financiación que me permita acomodarme”, señaló.

El vecino explicó que su situación económica comenzó a deteriorarse a partir de la caída del trabajo. Hace cuatro años se dedica a la albañilería de manera particular y durante distintos períodos sufrió meses completos prácticamente sin actividad.

“Llegó un momento en el que era elegir entre la comida o pagar el crédito. No hay bolsillo que aguante”, describió.

Además, contó que había esperado poder acceder a mecanismos de protección o refinanciación vigentes en Tierra del Fuego para familias endeudadas, aunque indicó que su crédito quedó afuera de esas herramientas por haber sido otorgado por el Banco Nación.

Ante este escenario, la familia decidió avanzar con una medida extrema para intentar reunir el dinero necesario: rifar sus dos vehículos particulares.

El primer premio será un Chevrolet Prisma modelo 2019, mientras que el segundo será un Volkswagen Gol modelo 2011 de tres puertas. También habrá premios adicionales aportados por comercios y personas que decidieron colaborar con la familia.

La propuesta contempla la venta de 8.000 números a $15.000 cada uno, con el objetivo de alcanzar una recaudación suficiente para afrontar la deuda.

“Vamos a poner nuestros vehículos particulares. Los autos están al día, no tienen prendas ni deudas y queremos hacer todo con escribano, de manera legítima y transparente”, explicó Vargas Quiroga.

La familia ya comenzó a recibir contactos y muestras de solidaridad de vecinos de Río Grande y otros puntos de la provincia.

“Lo más importante es poder difundirlo para que la gente participe. La idea es que todo sea transparente y que el dinero vaya directamente a la cancelación de la deuda”, remarcó.

Vargas Quiroga vive junto a su esposa, que trabaja como acompañante terapéutica, y su hijo de 11 años. De concretarse el remate, aseguró que el impacto sería devastador.

“Quedaríamos en la calle, sin techo. Eso es lo principal y lo más complicado”, expresó.

Mientras la Defensoría intenta abrir una instancia que permita readecuar el crédito, la familia continúa trabajando y apelando a la solidaridad para evitar perder una vivienda que vienen pagando desde hace casi una década.

De un préstamo inicial de $1,15 millón a una exigencia que supera los $100 millones, el caso vuelve a mostrar el drama que atraviesan muchas familias que ingresaron al sistema UVA y hoy enfrentan deudas que parecen imposibles de alcanzar.