Luft sostuvo que Tierra del Fuego necesita inversión y profesionales para aplicar la Ley Penal Juvenil

Al aire de FM La Isla, explicó que la ley incorporó a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal, pero aclaró que su aplicación no puede reducirse a una decisión legislativa. El régimen exige espacios especiales de alojamiento, programas de acompañamiento y personal capacitado para trabajar en la inserción social de los jóvenes.

“No alcanza solamente con sancionar el texto de una ley. Estamos hablando de una gran inversión en todo el territorio nacional para poder llevar adelante este proceso”, sostuvo Luft.

El abogado tomó como referencia la decisión de la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires. Aclaró que la magistrada no declaró inconstitucional la normativa, sino que puso el foco sobre la imposibilidad material de aplicarla sin los recursos necesarios.

“La jueza no ataca la constitucionalidad de la ley, sino su aplicabilidad. Plantea que las instituciones están saturadas y que no pueden hacer funcionar este sistema sin infraestructura”, explicó.

Tierra del Fuego tampoco tiene espacios adecuados

Luft señaló que los argumentos planteados en el fallo bonaerense también pueden trasladarse, en términos generales, a Tierra del Fuego. Según indicó, no se conocen inversiones de gran escala destinadas a crear institutos especiales o ampliar los equipos responsables de acompañar a los menores que ingresen al sistema penal.

La normativa establece que los adolescentes privados de su libertad deben permanecer en lugares separados de la población carcelaria adulta. No pueden ser alojados en una comisaría, una alcaidía ni en un pabellón perteneciente a una cárcel común.

“Debe existir un instituto acorde a las necesidades de los menores y orientado a su reinserción. No pueden permanecer junto con la población carcelaria adulta”, remarcó.

El letrado sostuvo que, por el momento, Tierra del Fuego no cuenta con un establecimiento creado específicamente para cumplir con esas condiciones. También será necesario ampliar los equipos judiciales, sociales y psicológicos encargados de intervenir en cada caso.

A esto se suma la situación salarial y laboral que atraviesan los empleados judiciales de la provincia, quienes vienen realizando medidas de fuerza. Para Luft, implementar un régimen más amplio en ese contexto requerirá necesariamente mayores recursos.

Las penas alternativas

El abogado aclaró que la reducción de la edad de imputabilidad no significa que todos los adolescentes involucrados en un delito serán enviados a prisión. Por el contrario, la ley establece que el encarcelamiento debe ser utilizado como último recurso.

Para los delitos con penas menores a tres años se contemplan medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos educativos, reparación integral del daño, restricciones y llamados de atención.

“No dice que inmediatamente haya que mandar preso al menor. La ley obliga a buscar otras vías antes de llegar a la privación de la libertad”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de un adolescente que raya o rompe un banco escolar. Esa conducta podría motivar una intervención judicial por daño, pero no una pena de prisión. En esos casos, una de las respuestas posibles sería reparar el elemento afectado.

Luft advirtió, sin embargo, que incorporar este tipo de situaciones al sistema puede implicar la movilización de todo el aparato judicial por hechos de menor gravedad. Por ese motivo, consideró necesario evaluar cuidadosamente cada caso y priorizar las herramientas restaurativas.

Reinserción y prevención

El abogado rechazó la idea de que el nuevo régimen haya sido creado únicamente para incrementar el castigo. El objetivo central debe ser la reinserción del adolescente y no su encarcelamiento, especialmente cuando se trata de infracciones leves.

También señaló que los delitos graves cometidos por menores tienen una incidencia marginal en Tierra del Fuego. Si bien la nueva normativa ya está vigente en la provincia, todavía no existen antecedentes concretos que permitan evaluar su funcionamiento.

Para Luft, la seguridad no depende solamente de ampliar el alcance del derecho penal. Consideró que el Estado debe trabajar antes de que el delito ocurra mediante políticas educativas, sociales y comunitarias.

“El derecho penal no previene la comisión de delitos, nunca lo hizo. Para cuidar a la sociedad hay que invertir en políticas públicas, mejorar la educación y fomentar los clubes de barrio”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que las herramientas preventivas permiten ofrecerles a los jóvenes contención, oportunidades y una perspectiva de futuro. Sin ese acompañamiento, la modificación de la edad de imputabilidad tendrá un alcance limitado.

Luft consideró que el debate abierto por el fallo de Pascual obliga a revisar las condiciones reales de cada jurisdicción. Para aplicar el Régimen Penal Juvenil en Tierra del Fuego será indispensable contar con espacios adecuados, profesionales especializados y recursos sostenidos en el tiempo.