Iriarte cuestiona recursos reconocidos a la ciudad de Río Grande sin datos

La discusión política entre Río Grande y Ushuaia volvió a trasladarse al terreno presupuestario. Esta vez, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, salió a cuestionar la ampliación presupuestaria de Río Grande y sostuvo que las previsiones de ingresos de la administración encabezada por Martín Perez estarían “infladas”.

Sin embargo, detrás de esa afirmación aparece un dato que resulta determinante para entender la discusión: los recursos cuestionados no surgen de una cifra inventada ni de una decisión unilateral del Municipio de Río Grande, sino de un cálculo vinculado a fondos que la Provincia reconoce como correspondientes a la ciudad y cuya transferencia se encuentra pendiente.

La diferencia no es menor. Reconocer presupuestariamente un recurso no significa afirmar que ese dinero ya ingresó a las cuentas municipales. Significa incorporar al cálculo presupuestario una acreencia que forma parte de los recursos que corresponden a la administración municipal, mientras su percepción efectiva queda sujeta a la disponibilidad y transferencia de esos fondos.

En ese marco, el Concejo Deliberante de Río Grande autorizó el cálculo correspondiente para el ejercicio 2026. Es decir, no se trata de una decisión tomada por fuera de los mecanismos institucionales ni de una suma incorporada discrecionalmente por el Ejecutivo municipal.

UNA DIFERENCIA CLAVE: PREVER UN RECURSO NO ES COBRARLO

El argumento utilizado por Iriarte parece confundir dos conceptos distintos: el reconocimiento de un recurso y su efectiva percepción.

Que un fondo todavía no haya sido transferido no implica que deje de existir como acreencia de la ciudad. Por el contrario, justamente la discusión que Río Grande mantiene con la Provincia está vinculada a recursos que la administración municipal sostiene que le corresponden y cuyo reconocimiento forma parte de la discusión institucional.

La propia situación provincial vuelve difícil sostener que la incorporación de esos recursos constituya, por sí misma, un “inflamiento” presupuestario.

De hecho, en septiembre volvió a quedar expuesta la discusión por los fondos adeudados a Río Grande. El legislador Matías Lapadula afirmó que la deuda de la Provincia con el Municipio existe y se encuentra certificada por el Tribunal de Cuentas, diferenciando entre las transferencias que se realizan diariamente y la existencia de una deuda acumulada.

Por eso, presentar el cálculo presupuestario de esos recursos como si se tratara de dinero inexistente supone omitir una parte central de la discusión: una cosa es que el dinero esté depositado y otra muy diferente es que exista un derecho reconocido sobre esos fondos y que su transferencia esté pendiente.

RÍO GRANDE APROBÓ SU PRESUPUESTO. USHUAIA LO RECONDUJO

La otra contradicción aparece cuando se observa la situación presupuestaria de ambas ciudades.

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó por unanimidad el Presupuesto Municipal 2026, fijado originalmente en $176.592.872.718, con una herramienta financiera discutida y aprobada institucionalmente.

La propia presentación del Ejecutivo riograndense había definido ese presupuesto como una herramienta basada en criterios de prudencia, priorizando servicios esenciales, infraestructura social y mantenimiento urbano.

En Ushuaia, en cambio, la situación fue diferente.

El proyecto de Presupuesto 2026 no fue aprobado en tiempo y forma y el Ejecutivo debió disponer la reconducción del presupuesto anterior mediante el Decreto Municipal 20/2026. La propia documentación oficial de Ushuaia registra que el presupuesto reconducido constituye la base sobre la cual la administración comenzó a funcionar durante 2026.

Y esa situación no quedó congelada. Durante agosto y septiembre, el propio Ejecutivo de Ushuaia impulsó nuevas modificaciones para incorporar recursos al presupuesto reconducido.

El Concejo Deliberante registra, por ejemplo, el Asunto 706/2026, mediante el cual el Ejecutivo municipal solicitó incorporar $20.374.688.725,77 de recursos propios de libre disponibilidad al presupuesto reconducido de 2026.

La paradoja es evidente: mientras desde Ushuaia se cuestiona a Río Grande por actualizar sus previsiones presupuestarias, la propia Municipalidad de Ushuaia funciona sobre un presupuesto reconducido y necesita incorporar nuevos recursos para adecuar sus cuentas a la realidad del ejercicio.

EL PROBLEMA NO ES ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO, SINO CÓMO SE LO EXPLICA

La ampliación presupuestaria no debería ser presentada como una irregularidad por el solo hecho de modificar las previsiones originales.

Los presupuestos son herramientas de planificación. Cuando cambian los recursos disponibles, aparecen nuevas acreencias, se producen variaciones económicas o se reconocen fondos que no habían sido contemplados inicialmente, los gobiernos deben actualizar sus previsiones.

La discusión verdaderamente importante es otra: qué recursos se incorporan, cuál es su origen, qué respaldo tienen, qué destino reciben y qué controles institucionales existen sobre su utilización.

En Río Grande, esos números fueron puestos a consideración del Concejo Deliberante, que aprobó las modificaciones correspondientes.

En Ushuaia, en cambio, la discusión presupuestaria continúa atravesada por la reconducción del presupuesto y por nuevos pedidos de ampliación. Incluso concejales de la propia ciudad vienen reclamando mayores precisiones sobre el destino de los fondos incluidos en las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo de Walter Vuoto.

UNA CRÍTICA QUE PARECE TENER MÁS DE POLÍTICA QUE DE CONTABILIDAD

En este contexto, las declaraciones de Iriarte pueden leerse también dentro de una disputa política que excede los números.

El funcionario ocupa un lugar central en el esquema político de Walter Vuoto y busca consolidar su posicionamiento en el escenario provincial. En ese marco, cuestionar a la administración de Martín Perez puede convertirse en una herramienta para diferenciarse políticamente en la zona norte.

Pero una discusión política legítima no debería necesitar alterar el significado de los números para construir una acusación.

Si existe un error en el cálculo presupuestario de Río Grande, corresponde señalar qué partida está mal calculada, qué recurso no existe, qué norma fue incumplida o qué ingreso fue incorporado sin respaldo.

Decir simplemente que un presupuesto está “inflado” porque contempla recursos que todavía no fueron transferidos es insuficiente.

Más todavía cuando se trata de fondos cuyo reconocimiento forma parte de una discusión institucional con la Provincia.

EL ARGUMENTO SE VUELVE CONTRA QUIEN LO FORMULA

Hay una frase que resume la paradoja política de esta discusión: “el mentiroso sospecha de todos, porque cree que todos son como él”.

Sin necesidad de recurrir a descalificaciones personales, los números permiten plantear una pregunta mucho más incómoda para quienes pretenden instalar sospechas sobre la administración de Río Grande: ¿qué presupuesto ofrece mayor previsibilidad: uno aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante o uno reconducido del ejercicio anterior y que durante el año necesita nuevas ampliaciones para incorporar recursos?

Río Grande tiene una herramienta presupuestaria aprobada y discutida institucionalmente. Ushuaia comenzó el ejercicio con un presupuesto reconducido y actualmente continúa modificándolo.

Por eso, antes de intentar instalar sospechas sobre las cuentas de la ciudad de Río Grande, sería conveniente que quienes realizan esas críticas expliquen primero cómo están funcionando las cuentas de la ciudad que administran y por qué necesitan recurrir permanentemente a modificaciones de un presupuesto que no fue aprobado para el ejercicio 2026.

La discusión presupuestaria merece números, documentos y argumentos. No hipótesis utilizadas para construir una acusación política.