“Las provincias sostienen la agenda ambiental frente a un Gobierno que niega el cambio climático”

La parlamentaria fue designada presidenta de la Comisión Federal de Cambio Climático de la Red de Legislaturas Conectadas, un espacio integrado por representantes de todas las provincias y de diferentes fuerzas políticas.

En FM del Pueblo, Colazo valoró el reconocimiento de sus pares y explicó que su nuevo rol permitirá que Tierra del Fuego participe activamente en las discusiones ambientales nacionales.

“Es importante que Tierra del Fuego tenga este espacio para impulsar la agenda climática federal”, expresó. Aunque la provincia no se encuentra entre las jurisdicciones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, señaló que igualmente soporta las consecuencias del cambio climático.

La legisladora remarcó que los efectos de las lluvias extremas, las inundaciones, las sequías y otros eventos climáticos no impactan de la misma manera sobre toda la población. Aseguró que las familias atravesadas por dificultades económicas y sociales tienen menos herramientas para enfrentar este tipo de situaciones.

En ese contexto, dirigió fuertes críticas hacia la administración nacional. “Tenemos un Gobierno nacional que niega el cambio climático y ha desactivado toda la estructura ambiental que existía en el país”, afirmó.

Según Colazo, este retroceso convierte a los gobiernos provinciales y a las legislaturas en actores centrales para preservar las normas ambientales. Recordó que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, por lo que consideró indispensable construir marcos jurídicos sólidos que garanticen su protección.

Energía, industria y residuos

Colazo también se refirió al inventario de gases de efecto invernadero elaborado en Tierra del Fuego, en cumplimiento de la Ley Provincial de Gestión del Cambio Climático impulsada por el Partido Verde.

De acuerdo con el relevamiento, la generación de energía aparece como la principal fuente de emisiones de la provincia, seguida por los procesos industriales, el uso del suelo, los combustibles y la gestión de residuos.

Uno de los datos destacados es que Tierra del Fuego supera el kilo y medio de residuos diarios por habitante, mientras que el promedio nacional ronda un kilo.

La legisladora explicó que este diagnóstico permitirá diseñar políticas destinadas a reducir las emisiones y mejorar la respuesta ante futuras emergencias. En ese sentido, recordó la sequía que atravesó la provincia y el incendio ocurrido en la Reserva Provincial Corazón de la Isla.

“Es importante contar con la información, pero también tomar decisiones para resguardar el ambiente y a las personas”, sostuvo.

Entre las medidas necesarias, propuso avanzar hacia una gestión integral de los residuos, disminuir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y transformar materiales descartados en recursos aprovechables.

Además, planteó como objetivo que Río Grande cuente en el futuro con un sistema domiciliario de recolección diferenciada, mediante el cual determinados días se retiren exclusivamente plásticos, vidrios, cartones y otros elementos reciclables.

Fondos demorados y programas desfinanciados

Colazo aseguró que las políticas ambientales dejaron de ocupar un lugar prioritario dentro de la gestión nacional. Como ejemplo, mencionó los fondos previstos por la Ley de Bosques, que llegan a las provincias con importantes demoras.

“Los recursos correspondientes a este año recién se definirán y llegarán entre septiembre y octubre”, indicó.

También lamentó el desfinanciamiento de programas como Pro Huerta, una iniciativa que históricamente acompañó a familias y productores mediante capacitación, semillas y asistencia técnica.

“En un momento de crisis y con una demanda creciente de alimentos, se necesita más que nunca brindar herramientas para que las comunidades puedan producir”, planteó.

La referente del Partido Verde advirtió que el retroceso nacional se produce mientras otros mercados, especialmente la Unión Europea, aumentan sus exigencias ambientales. Las empresas que pretendan exportar deberán acreditar con información concreta sus procesos de reducción de emisiones y cuidado del ambiente.

Para Colazo, esta situación demuestra que la política ambiental no puede separarse de la economía, la producción y el empleo. Las compañías fueguinas deberán adaptarse a estándares cada vez más elevados para poder ingresar a los mercados internacionales.

“Cuando hablamos de emisiones, regulaciones y transición productiva, también hablamos de trabajo, competitividad y posibilidades de exportación”, afirmó.

Por último, cuestionó los regímenes nacionales orientados a las grandes inversiones extractivas y pidió discutir un modelo de desarrollo que combine producción y sustentabilidad.

“El ambiente y la producción tienen que ir de la mano. Todos los sectores debemos aportar para construir un desarrollo sostenible”, remarcó la legisladora provincial.