Seis semanas sin clases y nadie frena el desastre: Gracianía acusó a Melella, López Silva y Catena

La legisladora provincial Natalia Gracianía, integrante del bloque de La Libertad Avanza, cuestionó la falta de respuestas frente al conflicto docente que atraviesa Tierra del Fuego y apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella, el ministro de Educación Pablo López Silva y el secretario general de SUTEF, Horacio Catena.

Por FM Provincia, Gracianía advirtió que el paro ya lleva seis semanas y que el segundo semestre del ciclo lectivo todavía no pudo desarrollarse con normalidad. Según sostuvo, la situación alcanzó un nivel de gravedad que impedirá recuperar la totalidad de los días perdidos durante este año.

“Llevamos seis semanas sin clases y el segundo semestre del ciclo lectivo no inició. Esto llegó a un desborde absoluto”, afirmó la parlamentaria.

Exigió una conciliación obligatoria

Gracianía aseguró que el Gobierno provincial cuenta con una herramienta legal para ordenar el regreso de los docentes a las escuelas mientras continúa la negociación paritaria: el dictado de la conciliación obligatoria.

Explicó que le solicitó personalmente al ministro López Silva que avance con esa medida. El funcionario, según relató, respondió que analizaría la posibilidad y la conversaría con el gobernador.

“No podemos seguir sin clases ni naturalizar que esto está bien. La conciliación obligatoria permitiría que los chicos vuelvan inmediatamente a las aulas mientras se sigue negociando”, remarcó.

La legisladora consideró que la negativa del Ejecutivo a utilizar ese mecanismo constituye una determinación política. También cuestionó que haya transcurrido aproximadamente un mes entre el anuncio del paro por tiempo indeterminado y la primera convocatoria a una negociación.

“El Gobierno tiene las leyes para garantizar las clases y decidió no utilizarlas. Si no actúa, está consintiendo voluntariamente esta situación”, expresó.

Responsabilidades políticas 

Al establecer responsabilidades, Gracianía ubicó en primer lugar al gobernador Gustavo Melella y luego al ministro de Educación. También señaló a Horacio Catena por sostener una medida que perjudica directamente a los estudiantes.

“El primer responsable es el Gobierno de la Provincia y el gobernador Gustavo Melella. En segundo lugar, su ministro de Educación, López Silva. Horacio Catena también tiene un papel fundamental”, enumeró.

Aclaró que no desconoce la legitimidad del reclamo salarial ni el derecho constitucional de los trabajadores a realizar una huelga. Sin embargo, sostuvo que la modalidad de protesta alcanzó un punto de desequilibrio que vulnera el derecho de los estudiantes a recibir educación.

La legisladora lanzó además una fuerte crítica contra la influencia adquirida por el dirigente gremial dentro del sistema educativo provincial.

“Parece que el ministro de Educación es Horacio Catena. Entonces, que renuncie López Silva, que asuma Catena y discutimos con él”, manifestó.

Para Gracianía, el secretario general de SUTEF terminó definiendo cuándo hay clases, cuándo permanecen vacías las escuelas y hasta quién puede circular por la calle San Martín de Ushuaia.

Sospechas por un posible conflicto de intereses

Durante la entrevista también se mencionó la afiliación de López Silva al sindicato docente. Ante esa situación, Gracianía pidió que el funcionario resuelva cualquier eventual conflicto de intereses y cumpla con su responsabilidad institucional.

“Si tiene un conflicto de intereses, que lo resuelva pronto, porque los chicos de Tierra del Fuego no tienen la culpa”, sostuvo.

La parlamentaria señaló que no quiere pensar que exista una complicidad entre el Ministerio y el gremio para evitar la conciliación obligatoria. Recordó que el incumplimiento de esa medida podría provocar consecuencias legales para la organización sindical.

Fondos educativos y horas cátedra

Gracianía también reclamó explicaciones sobre la administración de las horas cátedra. Advirtió que existirían recursos originalmente destinados a la educación que podrían estar utilizándose para pagar personal o servicios ajenos a la actividad docente.

“Hay que empezar a mirar dónde está el dinero, cómo se administra y si existen horas cátedra utilizadas para pagar a personal no docente”, planteó.

En ese sentido, propuso aprovechar el tratamiento del Presupuesto 2027 para revisar los recursos asignados a organismos como el Laboratorio del Fin del Mundo, la Agencia de Innovación y otros entes provinciales.

Según la legisladora, el Ejecutivo debe ordenar sus gastos y determinar si existen fondos que puedan redireccionarse hacia los salarios de los trabajadores de la educación.

Financiamiento educativo sin garantías

Respecto de las iniciativas legislativas destinadas a financiar la educación, Gracianía aclaró que el proyecto original presentado por SUTEF perdió estado parlamentario. Señaló que la propuesta había sido analizada, pero no consiguió los consensos necesarios porque contemplaba una suba de impuestos y presentaba dudas sobre su capacidad recaudatoria.

Actualmente existen otros dos proyectos: uno impulsado por el Gobierno provincial y otro presentado por distintos bloques. No obstante, afirmó que el Ministerio de Economía no garantizó la viabilidad de ninguna de las alternativas.

“No podemos aprobar un proyecto a cualquier precio. Hace falta una mesa técnica y un análisis profundo porque cualquier decisión tendrá impacto en los próximos presupuestos”, indicó.

Corte de San Martín

La referente libertaria también cuestionó la permanencia del reclamo gremial sobre la calle San Martín de Ushuaia y criticó la pasividad de las autoridades municipales y provinciales.

Aseguró que el corte perjudica al comercio, al turismo, a los vecinos y a quienes necesitan transitar por la principal arteria de la capital fueguina.

“Se puede protestar, pero no se debe perjudicar a terceros. Es llamativo que la Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno provincial miren para otro lado”, expresó.

Finalmente, Gracianía insistió en que la salida inmediata debe comenzar con la conciliación obligatoria, el regreso de los estudiantes a las escuelas y la continuidad de la discusión salarial sin interrumpir las clases.