Río Grande llevó a la Justicia la amenaza petrolera en Malvinas y pidió frenar las operaciones

Los detalles fueron brindados en conferencia de prensa por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor legal y técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero.

La causa fue iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Cuestiona las actividades desarrolladas sin autorización argentina en la plataforma continental, aproximadamente a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

“El intendente Martín Perez tomó la decisión de presentarnos como parte interesada a partir de la declaración de competencia del Juzgado Federal de Río Grande”, explicó Díaz.

El funcionario señaló que inicialmente evaluaron incorporarse como amicus curiae, pero eligieron solicitar una participación directa. La decisión se fundamentó en el artículo 16 de la Carta Orgánica, que establece la responsabilidad municipal de proteger el ambiente y defender los intereses de los vecinos.

Si el juzgado acepta la incorporación, Río Grande podrá intervenir en el expediente, presentar pruebas y sumar nuevos elementos técnicos. La admisión del Municipio todavía deberá ser resuelta por la jueza federal Mariel Borruto.

Uno de los principales fundamentos es el informe elaborado por Gabriela Lucero sobre los posibles efectos de un derrame. La especialista explicó que el mar donde se desarrollaría la actividad y las costas fueguinas no funcionan como espacios independientes, sino como áreas conectadas por corrientes y procesos ambientales.

Un episodio de contaminación podría afectar a las aves playeras migratorias, la fauna marina, los organismos bentónicos y los recursos pesqueros. También podría provocar toxicidad y anoxia, es decir, una disminución del oxígeno disponible que impida la supervivencia de distintas especies.

Aunque Río Grande se encuentra a casi 600 kilómetros de las islas, el Municipio advirtió que la distancia no elimina el riesgo. “Un impacto producido en un lugar puede trasladarse y afectar otro sector del ecosistema”, explicó Lucero.

La demanda solicita una medida cautelar para impedir que las empresas continúen avanzando mientras se resuelve el fondo del planteo. También propone informar sobre el litigio a bolsas de valores y centros financieros internacionales, con el objetivo de advertir a inversores y proveedores sobre la existencia de una causa judicial en Argentina.

Tessei explicó que, si la cautelar es concedida, las comunicaciones deberán alcanzar no solamente a Rockhopper y Navitas, sino también a los organismos internacionales vinculados con sus actividades y financiamiento.

Las empresas tienen domicilio en el extranjero, por lo que cualquier notificación deberá tramitarse mediante Cancillería. Díaz reclamó que el Gobierno nacional aplique las sanciones que ya contempla la legislación argentina y acompañe institucionalmente la acción.

El intendente también inició conversaciones con autoridades de otras ciudades ubicadas sobre la costa atlántica para sumar apoyos. La intención es conformar un frente de municipios costeros ante un posible daño ambiental que podría superar ampliamente los límites de Tierra del Fuego.

La presentación combina dos dimensiones centrales: la protección del ecosistema y el ejercicio de la soberanía argentina. Para el Municipio, la decisión del Juzgado Federal de Río Grande de declararse competente representa el reconocimiento de que la Justicia argentina tiene jurisdicción sobre el territorio provincial ocupado ilegalmente por el Reino Unido.