Lapadula advirtió que Tierra del Fuego no cuenta con los recursos necesarios para aplicar plenamente el Régimen Penal Juvenil

Al aire de FM del Pueblo, explicó que la ley nacional está vigente y debe cumplirse, independientemente de las opiniones sobre la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, sostuvo que su implementación exige condiciones que resultan difíciles de garantizar para una provincia pequeña y atravesada por restricciones económicas.

“La aplicación de la ley requiere que las provincias cumplan determinados estándares que son muy difíciles de alcanzar, tanto por el tiempo disponible como por la falta de presupuesto”, señaló.

Lapadula remarcó que los adolescentes privados de su libertad no pueden compartir espacios con detenidos adultos. Por ese motivo, la Provincia debería disponer de un establecimiento propio, personal penitenciario capacitado y un equipo integrado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y otros profesionales especializados.

Prisión domiciliaria ante la falta de establecimientos

El abogado sostuvo que la ausencia de un espacio adecuado condicionará las decisiones judiciales en aquellos casos en los que corresponda ordenar una detención.

“Cuando un juez tenga que aplicar la ley y no cuente con el lugar apropiado, probablemente termine recurriendo a la prisión domiciliaria, al monitoreo electrónico o a alguna alternativa a la detención”, explicó.

Según indicó, el objetivo político de la reforma fue demostrar que los menores involucrados en delitos graves podrían ser encarcelados. Sin embargo, esa intención podría no concretarse si las provincias no reciben los fondos necesarios para construir y mantener los centros exigidos por la normativa.

Lapadula consideró que esta dificultad no se limita a Tierra del Fuego. Incluso las jurisdicciones más grandes enfrentan problemas presupuestarios y sistemas penitenciarios saturados, aunque registran una mayor cantidad de hechos delictivos juveniles.

En el caso fueguino, estimó que podrían presentarse tres o cuatro situaciones anuales de suficiente gravedad como para requerir toda la estructura especializada prevista por la ley.

“La inversión para sostener un establecimiento, guardiacárceles y cinco profesionales destinados a tres o cuatro casos por año no cierra desde el punto de vista económico”, planteó.

Como posible salida, mencionó la celebración de convenios entre provincias patagónicas con realidades demográficas similares para financiar conjuntamente un instituto especializado. No obstante, esa alternativa deberá analizarse frente a las limitaciones legales y constitucionales propias de cada jurisdicción.

Golosinas y pintadas no justifican una detención

Durante la entrevista se mencionaron tres primeras intervenciones registradas en Tierra del Fuego bajo el nuevo régimen. Entre ellas aparecerían la sustracción de golosinas de un supermercado y la realización de pintadas en una parada de colectivos.

Lapadula aclaró que estas conductas no tienen la gravedad necesaria para justificar la detención de un adolescente y explicó que un hurto de escaso valor podría archivarse mediante el principio de insignificancia.

“Un fiscal que recibe una causa por el hurto de golosinas probablemente la archive. No quiere decir que esté bien, pero existen situaciones que no ameritan movilizar todo el aparato penal del Estado”, indicó.

El joven podría tener que devolver o pagar lo sustraído, reparar el daño o cumplir alguna medida alternativa. Pero eso no significa que deba ser privado de su libertad.

“El Régimen Penal Juvenil no está pensado para encarcelar a un chico por llevarse un chicle. La detención se analiza frente a hechos graves, como un homicidio o un robo con arma”, diferenció.

Una ley nacional sin financiamiento

Para Lapadula, la reforma estuvo atravesada por una consigna política vinculada con la idea de que “quien las hace, las paga”. El problema es que Nación sancionó la norma, pero trasladó la inversión necesaria a las provincias.

“Se dictó una ley para mostrar una respuesta frente a una demanda social, pero sin enviar los recursos para implementarla”, sostuvo.

El abogado también se refirió al fallo de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien había suspendido temporalmente la aplicación del régimen en la provincia de Buenos Aires por falta de condiciones materiales. La medida fue posteriormente revocada.

Lapadula consideró que ese fallo no fue acertado porque un magistrado no puede dejar de aplicar cautelarmente una ley vigente por problemas estructurales. No obstante, reconoció que la falta de institutos y equipos especializados tendrá consecuencias concretas al momento de disponer una medida contra un menor.

La responsabilidad de los padres ya existía

Otro punto abordado fue la responsabilidad civil de los padres o tutores. Lapadula aclaró que esta obligación no fue creada por el nuevo régimen, sino que ya estaba contemplada en el Código Civil y Comercial.

Los progenitores pueden responder económicamente por los daños ocasionados por sus hijos, pero no reciben una responsabilidad penal por conductas ajenas.

“En el derecho penal cada persona responde por sus propios actos. Un padre no puede ser condenado penalmente por el delito cometido por su hijo”, precisó.

Lapadula sostuvo que el nuevo régimen comenzará a mostrar sus verdaderas dificultades cuando aparezcan casos graves que requieran detenciones efectivas. Sin establecimientos diferenciados, profesionales capacitados y financiamiento sostenido, la Provincia deberá recurrir a soluciones alternativas que podrían alejarse del objetivo político con el que fue presentada la reforma.