Proyecto de la Nación: el Gobierno vuelve a poner a la discapacidad en el centro del ajuste

La presentación del Presupuesto 2027 abrió un nuevo capítulo en la disputa por las políticas de discapacidad.

Esta vez, la controversia no está solamente en cuánto dinero destinará el Estado nacional al sector. El proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei incorpora modificaciones que derogan o reemplazan artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada para atender la situación de las personas con discapacidad y de los prestadores del sistema.

Y el impacto potencial es concreto.

Uno de los cambios más sensibles elimina la compatibilidad entre una pensión no contributiva por discapacidad y un empleo registrado o un régimen de monotributo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, una posibilidad que contempla actualmente la legislación de emergencia. De aprobarse el texto tal como fue presentado, esa compatibilidad dejaría de existir.

En otras palabras, el acceso a un trabajo registrado podría volver a poner en riesgo la continuidad de una pensión por discapacidad, según advierten legisladores que cuestionan el proyecto.

Se termina el arancel único

Otro de los puntos que generó preocupación está relacionado con las prestaciones.

El proyecto modifica el artículo 14 de la Ley 27.793, que establece el principio de un nomenclador único nacional. La propuesta elimina ese criterio de homogeneidad y establece que el nomenclador no tendrá valores universales.

La consecuencia señalada por los sectores que cuestionan la modificación es que cada obra social, prepaga o jurisdicción podría terminar negociando valores diferentes con los prestadores.

El diputado Juan Marino sostuvo que esto puede generar una fragmentación del sistema y una presión a la baja sobre los aranceles. El oficialismo, en cambio, sostiene que busca modificar el esquema vigente y plantea que los beneficios de la emergencia deberían transformarse en políticas permanentes.

La diferencia no es menor.

Porque detrás de la discusión sobre un nomenclador aparecen terapeutas, centros de día, transportistas, acompañantes y establecimientos que sostienen diariamente las prestaciones para miles de personas.

También cambia la actualización de los valores

El proyecto modifica además el mecanismo de actualización de los aranceles.

Actualmente, la Ley de Emergencia contempla una actualización vinculada al índice de movilidad jubilatoria. El nuevo esquema elimina esa referencia automática y establece una actualización trimestral para los valores correspondientes al Estado nacional, sin fijar un índice concreto equivalente al mecanismo actual.

Para los prestadores, el problema pasa entonces por otro punto: qué ocurre con los costos mientras los valores quedan sujetos a un mecanismo diferente de actualización.

Durante el debate en Diputados, representantes del sector plantearon que los valores actuales ya se encuentran por debajo de los costos reales de algunas prestaciones.

Como ejemplo, Marino mencionó el transporte para personas con discapacidad: señaló que actualmente se pagan alrededor de $900 por kilómetro, mientras que una estimación del sector ubica el costo en aproximadamente $1.600.

El costo de trabajar

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto aparece justamente en la relación entre discapacidad y empleo.

La Ley de Emergencia había establecido que una persona con pensión por discapacidad podía tener un trabajo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos sin perder automáticamente ese beneficio. El Presupuesto 2027 propone eliminar esa compatibilidad.

Es un cambio que introduce una discusión de fondo:

¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad consigue un trabajo formal pero ese ingreso no alcanza para sostener todas sus necesidades?

El Gobierno propone modificar el régimen. Sus críticos sostienen que la medida puede convertirse en un incentivo para permanecer en la informalidad, justamente porque el acceso a un empleo registrado podría poner en riesgo la pensión.

Es una de las cuestiones que deberán analizar los diputados durante el tratamiento del proyecto.

Menos herramientas para calcular los costos

El Presupuesto también elimina el mecanismo de estudio de costos previsto para las distintas prestaciones.

Ese instrumento permitía considerar las particularidades de cada servicio al momento de determinar los valores.

Para los sectores que cuestionan el proyecto, quitar esa herramienta puede profundizar la distancia entre los aranceles reconocidos y los costos reales que enfrentan los prestadores.

Y en un sistema donde buena parte de las prestaciones dependen de instituciones y profesionales privados, el valor reconocido por el Estado termina siendo una pieza central para determinar si un servicio puede continuar funcionando.

El Gobierno responde

La discusión no tiene una sola mirada.

Durante el debate en las comisiones de Diputados, la legisladora de La Libertad Avanza Silvana Giudici rechazó las críticas sobre la ejecución de las políticas de discapacidad y destacó que, según sus datos, más de 150.000 pensiones fueron tramitadas y pagadas desde la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Giudici planteó además que el oficialismo busca avanzar hacia un “dictamen superador” que permita convertir en permanentes determinados beneficios y dejar atrás el esquema de emergencia.

La oposición y representantes del sector sostienen, por el contrario, que los cambios introducidos en el Presupuesto desarman mecanismos fundamentales de la emergencia y pueden deteriorar el sistema de prestaciones.

Por eso, la discusión recién comienza.

Una pelea que vuelve al Congreso

El debate tomó una dimensión todavía mayor porque la presentación del Presupuesto 2027 ocurrió mientras en Diputados ya avanzaba la discusión para prorrogar la emergencia en discapacidad.

El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto comenzó a tratar el tema esta semana y tiene previsto avanzar hacia los dictámenes correspondientes.

Así, el Congreso tendrá que discutir dos cuestiones que quedaron directamente enfrentadas:

la continuidad de la emergencia y, al mismo tiempo, las modificaciones que el propio proyecto de Presupuesto propone sobre esa legislación.

Y en el medio están las personas con discapacidad, sus familias y una red de prestadores que viene reclamando por la actualización de los valores y la sostenibilidad del sistema.

Una discusión que va mucho más allá de una partida presupuestaria

El debate sobre discapacidad vuelve a mostrar que un presupuesto no es solamente una planilla de ingresos y gastos.

También puede modificar reglas, derechos y mecanismos de acceso a prestaciones.

El proyecto de Milei plantea cambios concretos sobre las pensiones, los aranceles, el nomenclador y los mecanismos de actualización. El oficialismo defiende la necesidad de reformular el esquema y hacer permanentes determinados beneficios; la oposición y representantes del sector advierten que las modificaciones pueden profundizar las dificultades que ya atraviesan las prestaciones.

Ahora la palabra la tiene el Congreso.

Y la discusión por el Presupuesto 2027 vuelve a colocar a la discapacidad frente a una decisión que tendrá consecuencias mucho más concretas que una cifra escrita en una hoja: definirá qué prestaciones se sostienen, bajo qué condiciones y qué ocurre con quienes necesitan del sistema para trabajar, trasladarse, estudiar o acceder a tratamientos.