POLíTICA | 20 SEP 2026
RADAR INGLES EN TOLHUIN
Taiana volvió a señalar a Melella y reavivó el cruce por quién debía desarmarlo
Durante más de dos horas, el exministro de Defensa declaró ante la Comisión Investigadora de la Legislatura en Buenos Aires y sostuvo que la Provincia tenía las facultades para disponer el desarme del radar de LeoLabs. El testimonio volvió a poner bajo la lupa las responsabilidades nacionales y provinciales que permitieron la instalación del dispositivo y las decisiones adoptadas después de que Defensa lo considerara una amenaza para la seguridad nacional.
La instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin volvió a quedar en el centro de la escena política e institucional de Tierra del Fuego. El viernes, el exministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana declaró durante más de dos horas ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial y aportó su versión sobre cómo se conoció la existencia del dispositivo, qué organismos nacionales intervinieron y quién tenía las facultades para avanzar con su desarme.
Los principales datos de la declaración fueron publicados por Agenda Malvinas, que siguió el desarrollo de la audiencia realizada en la Casa de Tierra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires.
El testimonio de Taiana volvió a colocar en el centro de la discusión al Gobierno de Gustavo Melella. Según el exministro, la Provincia tenía la competencia legal para disponer el desmantelamiento físico de la instalación ubicada en la estancia El Relincho, en jurisdicción de Tolhuin.
La afirmación no constituye una novedad absoluta. Ya en septiembre de 2023, luego de que Melella reclamara formalmente al Ministerio de Defensa que adoptara medidas para garantizar la inoperatividad definitiva del radar, Taiana respondió que las acciones necesarias para concretar esa desactivación correspondían a la jurisdicción provincial.
“Nos enteramos por los diarios”
Uno de los puntos más relevantes de la declaración fue cómo tomó conocimiento el Ministerio de Defensa de la existencia del radar.
Según el relato publicado por Agenda Malvinas, Taiana señaló que recién en junio de 2023 conoció la instalación de LeoLabs en Tolhuin a partir de publicaciones periodísticas que advertían sobre el origen de los capitales y las posibles capacidades de uso dual del equipamiento.
El exministro afirmó además que se comunicó entonces con el canciller Santiago Cafiero, quien le habría informado que tampoco existía en la Cancillería una notificación oficial previa sobre la instalación.
El dato resulta relevante porque el radar había recibido en 2022 una autorización precaria de frecuencias mediante la Disposición 8/22 de la entonces Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete. La propia Comisión busca determinar ahora cómo funcionó ese circuito administrativo y qué organismos conocían efectivamente el proyecto.
El radar que encendió las alarmas en Defensa
Una vez conocida la situación, el Ministerio de Defensa solicitó informes técnicos a distintos organismos.
El 1 de agosto de 2023, Taiana envió al entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi un informe en el que solicitó la “cancelación y suspensión definitiva” de la instalación y puesta en funcionamiento de la estación de LeoLabs.
El documento sostenía que el equipamiento tenía capacidades de uso dual y que su instalación debía analizarse desde una perspectiva de seguridad nacional y geopolítica, particularmente por tratarse de una empresa vinculada a capitales británicos y por la ubicación estratégica de Tierra del Fuego frente a la cuestión Malvinas.
El informe había sido elaborado con aportes de INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Estado Mayor Conjunto, la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Finalmente, el 23 de agosto de 2023, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad canceló totalmente la autorización precaria otorgada a LeoLabs para instalar y operar la estación terrena.
El punto de conflicto: ¿quién debía desarmarlo?
Es justamente allí donde aparece uno de los principales interrogantes que la Comisión intenta reconstruir.
Para Taiana, la cancelación de la autorización nacional no significaba que el Ministerio de Defensa tuviera facultades para ingresar al predio y desmontar físicamente la estructura.
Según su declaración del viernes, la legislación vigente no habilitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir de esa manera dentro del territorio provincial. La cartera de Defensa podía emitir las advertencias y disponer la cancelación administrativa de la autorización nacional, pero el desarme material correspondía a las autoridades provinciales, según la interpretación expuesta por el exministro.
Ese punto es central porque durante 2023 existió un intercambio público entre Nación y Provincia sobre quién debía garantizar que el radar dejara definitivamente de funcionar.
En noviembre de aquel año, Melella había cuestionado que Defensa no hubiera actuado directamente y sostuvo que, si se trataba de un problema de soberanía y defensa nacional, debía intervenir el Ministerio nacional.
La respuesta de Taiana fue diferente: sostuvo que la Provincia tenía las herramientas para ejecutar las medidas materiales necesarias.
Una investigación que busca reconstruir toda la cadena
La Comisión Especial Investigadora no tiene como único objetivo determinar qué ocurrió después de la cancelación de la autorización. Su trabajo busca reconstruir todo el circuito que permitió que el radar llegara a instalarse en Tolhuin.
La investigación analiza las actuaciones de organismos nacionales y provinciales, las autorizaciones otorgadas, las comunicaciones entre las distintas administraciones y los procedimientos que permitieron que una tecnología considerada posteriormente de carácter estratégico fuera instalada en territorio fueguino.
El cuerpo legislativo ya prorrogó su funcionamiento hasta el 15 de diciembre de 2026 y decidió trasladar parte de sus actuaciones a Buenos Aires para recibir los testimonios de exfuncionarios nacionales.
El objetivo es establecer qué sabía cada organismo, cuándo lo supo, qué decisiones tomó y cuáles fueron las responsabilidades administrativas y políticas en cada etapa.
La investigación continúa
La declaración de Taiana abrió formalmente la ronda de testimonios de exfuncionarios nacionales en Buenos Aires.
El lunes 21 de septiembre está previsto que declare el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, mientras que también está prevista la declaración del ex titular del ENACOM Gustavo López. La Comisión busca además avanzar con la convocatoria del exsubsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad Mariano Lombardi, área que había otorgado la autorización inicial de frecuencias.
Las próximas declaraciones serán relevantes porque permitirán contrastar las versiones sobre el origen de las autorizaciones, las alertas emitidas desde Defensa y el intercambio mantenido con el Gobierno de Tierra del Fuego.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma que dio origen a la investigación: cómo fue posible que un radar instalado en una zona estratégica de Tierra del Fuego avanzara durante meses sin que existiera una intervención coordinada de los organismos nacionales vinculados con la defensa, la soberanía y las relaciones exteriores.
El testimonio de Taiana vuelve a colocar esa pregunta en el centro de la escena y, al mismo tiempo, deja planteada otra: si la Provincia tenía las facultades para disponer el desarme, qué decisiones concretas adoptó para hacerlo efectivo después de la cancelación nacional de la autorización.
La Comisión Investigadora tendrá ahora que contrastar estas afirmaciones con los testimonios que restan, los expedientes administrativos y la documentación que permita reconstruir, paso a paso, quién hizo qué y cuándo en la controvertida historia del radar de Tolhuin.
