Sin obras: los anuncios se suceden y la solución integral todavía no llega

Chacra VIII volvió a convertirse en noticia. Pero no por una nueva urbanización, una ampliación del barrio o la llegada definitiva de todos los servicios. Otra vez fue por el hartazgo de vecinos que llevan más de una década esperando poder disponer plenamente de terrenos que compraron con la expectativa de contar con infraestructura básica.

Este lunes, Polo Sur informó sobre un nuevo reclamo de familias del sector contra la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, a quien cuestionan por promesas que, según manifiestan los propios vecinos, no terminaron convirtiéndose en la solución definitiva que esperan. 

El reclamo tiene una particularidad política difícil de ignorar: Castillo no llegó recientemente al expediente de Chacra VIII.

Su participación atraviesa distintas etapas de una misma gestión política.

Fue funcionaria de Gustavo Melella cuando éste era intendente de Río Grande y, para 2018, los propios boletines oficiales municipales la identificaban como secretaria de Obras y Servicios Públicos. Posteriormente pasó al Gobierno provincial junto a Melella, primero al frente del Ministerio de Obras Públicas y actualmente como ministra de Energía. Municipio de Río Grande

Es decir, mientras los vecinos llevan más de una década esperando, Castillo también lleva años ocupando lugares de decisión en las áreas directamente relacionadas con infraestructura y servicios públicos.

Chacra VIII ya estaba en su escritorio cuando era funcionaria municipal

Hay documentación oficial que vuelve todavía más relevante ese recorrido.

En 2018, cuando Castillo era secretaria de Obras y Servicios Públicos de Río Grande, el Municipio celebró un acuerdo con Terrenos de la Isla S.A., vinculado al inmueble identificado como Sección E, Macizo 142 de Chacra VIII.

El documento municipal la menciona expresamente como representante del Ejecutivo en un acuerdo relacionado con cancelación de tributos y obras de infraestructura del sector. Gobierno de Río Grande

Esto no significa que Castillo sea personalmente responsable del incumplimiento original de la urbanizadora. La obligación de dotar de infraestructura al emprendimiento correspondía inicialmente al desarrollador privado, algo que el propio Gobierno provincial ha reconocido públicamente. 

Pero sí demuestra que la problemática no le resulta ajena ni reciente.

Castillo conoció el expediente desde el Estado municipal y hoy continúa interviniendo sobre él desde el Gobierno provincial.

“Sólo hemos tenido promesas”

La frustración vecinal tampoco apareció en 2026.

En diciembre de 2022, un propietario de Chacra VIII contaba públicamente que había comprado su terreno hacía casi diez años y que todavía no disponía de los servicios prometidos.

“Hemos hablado con todos los entes y sólo hemos tenido promesas. Nada concreto”, relató entonces a Aire Libre FM.

Y mencionó particularmente a Castillo:

“Tuvimos una reunión con Gabriela Castillo, y después de un año y medio de promesas, cuando fuimos a la reunión nos pregunta qué era lo que estaba pasando”.

En aquella entrevista, los vecinos también dirigían sus reclamos a distintos niveles del Estado y mencionaban tanto al Gobierno provincial como al Municipio. El problema, por lo tanto, excedió durante años a un único organismo o administración. Aire Libre FM 96.3

Pero con el paso del tiempo la Provincia decidió asumir el compromiso de completar parte de las obras que el urbanizador privado había dejado inconclusas.

Y comenzaron nuevamente los anuncios.

2021: primera promesa provincial de solución

En julio de 2021, ya como gobernador, Gustavo Melella se reunió con vecinos que habían adquirido terrenos en Chacra VIII.

La comunicación oficial reconocía que las familias habían comprado lotes a una urbanizadora privada que no había ejecutado correctamente los servicios de luz, gas, cloacas y agua.

Funcionarios provinciales aseguraron entonces que se evaluarían las obras complementarias necesarias para alcanzar una solución. Tierra del Fuego

Pasaron otros dos años.

2023: Castillo dijo que era “un compromiso de este Gobierno”

En mayo de 2023, Gabriela Castillo volvió a anunciar avances.

Esta vez era ministra provincial de Obras y Servicios Públicos y encabezó la apertura de sobres para ejecutar las redes de agua y cloacas.

“Esto es un compromiso que asumió el Gobernador con ellos”, aseguró.

La obra tenía entonces un presupuesto oficial cercano a $190 millones y un plazo previsto de 180 días. 

En septiembre llegó otro anuncio: se firmó el contrato.

Castillo sostuvo entonces que se trataba de “una deuda pendiente que comienza a ser realidad”.

En diciembre de ese mismo año, el Gobierno informó el inicio de los trabajos preliminares y anunció que las tareas continuarían durante toda la temporada de verano. Tierra del Fuego

Pero los 180 días quedaron muy atrás.

En marzo de 2026, casi tres años después de aquella licitación, el propio ministro Martín Moreyra reconocía que la Provincia todavía estaba “ejecutando y tratando de terminar” las redes de agua y cloacas. Tierra del Fuego

Y en julio agregó que esperaban poder finalizarlas “en el corto plazo”.

Ahí aparece uno de los puntos centrales del reclamo: los vecinos no discuten solamente que existan expedientes o trabajos iniciados; cuestionan cuánto tarda una solución en llegar efectivamente a sus casas.

2025: otro anuncio sobre la electricidad

En marzo de 2025, el Gobierno provincial comunicó nuevos avances en materia eléctrica.

La Provincia aseguró que estaba finalizando una primera etapa de electrificación y habló nuevamente de dar respuesta a un reclamo que ya calificaba oficialmente como “histórico” y de más de diez años. Tierra del Fuego

Pero un año después todavía fue necesario licitar la red eléctrica integral.

En febrero de 2026, la Provincia llamó a licitación para el “Suministro Eléctrico al Barrio Chacra VIII”, con un presupuesto oficial de $1.158 millones y un plazo de 240 días. La propia documentación oficial señaló que la obra buscaba resolver la situación de más de 400 familias que desde hacía varios años no podían contar con electricidad en condiciones normales. Compras Tierra del Fuego

Finalmente, en julio se firmó el contrato con Proalsa por más de $1.400 millones, financiados con recursos del sistema federal de energía. El plazo contractual se mantiene en 240 días. El Diario del Fin del Mundo

Ese plazo aún está corriendo, por lo que sería incorrecto afirmar hoy que esa obra específica ya incumplió su vencimiento.

El problema es otro: llegó después de más de diez años de espera y de una sucesión previa de anuncios sobre el mismo barrio.

El propio Gobierno admite que son cientos las familias afectadas

No se trata de un grupo reducido.

Cuando se firmó el contrato eléctrico en julio pasado, el propio Gobierno provincial informó que alrededor de 400 familias continuaban esperando las obras necesarias para acceder a los servicios básicos, particularmente a la energía eléctrica. 

Los testimonios de los vecinos ayudan a poner dimensión humana al expediente.

Estela Maris Rodríguez contó que había comprado su terreno doce años atrás:

“Compré mi terreno hace doce años con la promesa de que íbamos a contar con los servicios, algo que nunca ocurrió”.

Otro vecino, Héctor Lipihual, señaló entonces que alrededor de 400 familias seguían aguardando las condiciones necesarias para construir o habitar plenamente sus terrenos.

Es probablemente el dato más contundente de toda la historia.

Mientras los gobiernos hablan de expedientes, licitaciones, contratos, aperturas de sobres y etapas de obra, para las familias el tiempo se mide de otra manera: son años durante los cuales pagaron un terreno sin poder disponer de él como imaginaron cuando lo compraron.

De anuncio en anuncio

La cronología es difícil de discutir.

En 2021, el Gobierno provincial se comprometió a buscar una solución.

En 2023, Castillo habló de un compromiso del Gobierno y se anunció una obra de agua y cloacas con 180 días de ejecución.

Ese mismo año se firmó el contrato y se iniciaron trabajos preliminares.

En 2025, Provincia anunció una primera etapa de electrificación.

En 2026, volvió a licitarse la red eléctrica integral y finalmente se firmó un contrato por más de $1.400 millones.

Y ahora, a fines de septiembre, los reclamos vecinales vuelven a aparecer públicamente. 

No sería correcto afirmar que durante todos estos años no se hizo absolutamente nada: existen obras sanitarias iniciadas, intervenciones eléctricas parciales y actualmente hay un contrato vigente para completar la infraestructura energética.

Pero tampoco puede ignorarse el otro lado de la historia: los sucesivos anuncios no lograron todavía cerrar definitivamente un conflicto que comenzó hace más de una década.

Castillo, una funcionaria que atravesó toda la historia

Ahí aparece el peso político de Gabriela Castillo.

No es una funcionaria que llegó cuando el problema ya estaba resuelto administrativamente.

Formó parte de la administración municipal de Melella, fue secretaria de Obras y Servicios Públicos cuando Chacra VIII ya era parte de la agenda urbanística de Río Grande y luego continuó ocupando áreas centrales de infraestructura dentro del Gobierno provincial. Municipio de Río Grande

Por eso las críticas actuales de los vecinos adquieren otra dimensión.

No están reclamando frente a una funcionaria que recién conoce el problema: reclaman frente a alguien que atravesó distintos cargos y distintos niveles del Estado durante buena parte de los años en los que Chacra VIII continuó esperando.

La responsabilidad original de ejecutar los servicios fue del urbanizador privado. Eso está documentado.

Pero después llegó la responsabilidad política del Estado de controlar, ordenar y, finalmente, intentar reparar aquel fracaso.

Y allí los años también cuentan.

En Chacra VIII las familias ya escucharon demasiadas veces palabras como “compromiso”, “inicio”, “solución”, “deuda pendiente” y “etapa de ejecución”.

Ahora lo que reclaman es mucho más sencillo: que después de más de una década, esas palabras finalmente terminen convertidas en agua, cloacas, electricidad, gas y la posibilidad real de habitar los terrenos que pagaron.

Ese es el verdadero examen para las promesas.