Guerrero Iraola: “Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina”

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas —CECIM— de La Plata, expresó en FM Centro su rechazo al fallo de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Calificó la decisión como una “tragedia” y responsabilizó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por sus consecuencias sobre la protección del territorio argentino.

“Venimos viendo con muchísimo estupor la decisión de la Corte”, manifestó. Para el abogado, el alcance del fallo excede una discusión procesal: “Le han puesto el cartel de venta a la República Argentina”, sostuvo sobre los integrantes del máximo tribunal.

La Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737. Lo hizo al considerar que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover esa demanda. El tribunal no resolvió la constitucionalidad de la derogación, pero dejó sin efecto el fallo que impedía su aplicación.

Guerrero Iraola cuestionó esa distinción y sostuvo que la decisión tiene consecuencias concretas, aunque la Corte haya evitado pronunciarse sobre el fondo. “No hay argumentos jurídicos que puedan justificar esta tamaña tragedia”, expresó.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido al argumento utilizado para rechazar la presentación del CECIM. Recordó que los excombatientes fueron enviados por el Estado argentino a la guerra de Malvinas y reprochó que ahora se discutiera su legitimación para acudir a un tribunal por una cuestión vinculada con la soberanía.

“El Estado argentino mandó a los pibes de Malvinas a la guerra, los mandó sin preguntarse si estaban legitimados o no”, señaló. A partir de esa comparación, consideró que negarles legitimación para impulsar este reclamo representa una falta de respeto institucional hacia quienes pusieron el cuerpo en el conflicto bélico.

El abogado también advirtió sobre los efectos del fallo en el acceso a la justicia. “El acceso a la justicia es una garantía para el ejercicio de derechos”, afirmó, y planteó que la decisión deja abierta una pregunta central: quién puede solicitar protección judicial frente a una medida que, según el reclamo del CECIM, afecta la soberanía territorial.

En su interpretación, la Corte inauguró “la doctrina de la indefensión de la ciudadanía”. Cuestionó que se exija a las organizaciones una especificidad tal en sus objetivos que termine dificultando la presentación de demandas frente a decisiones del Poder Ejecutivo.

Guerrero Iraola también sostuvo que el fallo envía un mensaje negativo a los tribunales inferiores y reduce las garantías que debería brindar el sistema judicial. Según su planteo, el resultado fortalece la posibilidad de que el Ejecutivo avance con medidas sin un control judicial efectivo.

Ante ese escenario, reclamó una respuesta del Congreso de la Nación para frenar el DNU 70/2023. “Ahora tenemos que instar a la política a tomar cartas en el asunto y a dar un mensaje fuerte”, expresó. También sostuvo: “Habría que frenar este decreto en el Congreso de la Nación”.

Durante la entrevista, vinculó sus críticas con otras causas impulsadas por el CECIM. Según explicó, la Corte tiene pendientes desde 2021 nueve recursos extraordinarios relacionados con la posibilidad de investigar las torturas denunciadas por soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. Indicó que la organización representa a más de 200 víctimas y cuestionó la falta de respuestas.

Pese al revés judicial en la causa sobre tierras rurales, reivindicó el trabajo realizado por el organismo y aseguró que mantendrán sus reclamos. “Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos hecho, pero no vamos a quedarnos callados ni de brazos cruzados”, afirmó.