La Provincia ya le debe cerca de $17.000 millones a Río Grande

La deuda que el Gobierno de la Provincia mantiene con Río Grande por fondos de coparticipación continúa creciendo y actualmente se ubica alrededor de los $17.000 millones, de acuerdo con los datos oficiales correspondientes al cierre de 2025 y la actualización realizada durante este año.

El punto de partida está respaldado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En su auditoría sobre la Cuenta de Inversión 2025, el organismo determinó que al 31 de diciembre del año pasado el Gobierno provincial adeudaba al Municipio de Río Grande exactamente $11.644.817.138,88, correspondientes a recursos devengados y todavía no cancelados.

Desde aquel momento, lejos de regularizarse, la deuda continuó aumentando. Entre el cierre de 2025 y la actualidad se acumularon aproximadamente $6.000 millones adicionales, llevando el monto pendiente a alrededor de $17.000 millones.

Se trata de recursos que corresponden a la ciudad y cuya demora impacta directamente sobre la disponibilidad financiera del Municipio para planificar y sostener servicios, mantenimiento urbano, infraestructura, obras, programas y políticas sociales.

Desde el Ejecutivo municipal ratificaron en ese sentido una posición concreta: “Los recursos que corresponden a Río Grande deben llegar a la ciudad”.

Río Grande concentra casi la mitad de la deuda

El informe del Tribunal de Cuentas permite dimensionar además que el retraso en las transferencias no se limita a Río Grande.

Al cierre de 2025, la Provincia acumulaba $24.794.328.272,26 de coparticipación devengada y pendiente de cancelación a los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

De ese total, el 46,97% correspondía a Río Grande, mientras que el 45,59% pertenecía a Ushuaia y el 7,45% a Tolhuin.

Es decir, prácticamente uno de cada dos pesos que la Provincia adeudaba a los municipios correspondía a Río Grande.

La situación adquiere especial relevancia en un contexto en el que las demandas sobre los servicios municipales se incrementaron y la ciudad necesita previsibilidad sobre recursos que forman parte de su financiamiento habitual.

No se trata de aportes extraordinarios ni de asistencia discrecional de la Provincia. Son fondos coparticipables correspondientes al Municipio que fueron devengados pero permanecieron pendientes de transferencia.

Las transferencias tienen plazos

Otro elemento que surge del análisis del Tribunal de Cuentas es que existe un plazo establecido para la cancelación de estos recursos.

El organismo recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, los saldos definitivos mensuales de coparticipación deben ser cancelados dentro de los 90 días corridos contados desde el cierre del período correspondiente.

Para verificar las transferencias efectuadas durante 2025, el Tribunal solicitó además información a los tres municipios sobre los recursos que efectivamente habían recibido.

En ese proceso se produjo otro dato significativo: Río Grande fue el único municipio que respondió al requerimiento. Ushuaia y Tolhuin todavía no habían remitido la documentación solicitada al momento de elaborarse el informe, por lo que el propio organismo aclaró que el cotejo de información pudo realizarse sólo parcialmente.

Un dato que se suma a un complejo escenario financiero provincial

La deuda de coparticipación aparece, además, dentro de un informe que expone otros indicadores sobre la situación de las cuentas provinciales.

Entre ellos, el Tribunal de Cuentas señaló que al cierre de 2025 la Provincia registraba un patrimonio neto negativo de $543.659 millones, como resultado de pasivos que superaban ampliamente los activos informados.

A ese escenario se agrega una observación sobre los tiempos administrativos del propio Poder Ejecutivo. Según el informe, la Cuenta de Inversión 2025 fue presentada el 28 de mayo de 2026, pese a que el plazo legal había vencido el 4 de mayo.

Los datos exhiben así un escenario financiero que plantea dificultades no sólo para las cuentas provinciales, sino también para los municipios que dependen de que los recursos que les corresponden sean transferidos regularmente.

Una deuda que siguió creciendo durante 2026

La evolución es concreta: Río Grande cerró 2025 con $11.644 millones pendientes de transferencia y durante 2026 se sumaron aproximadamente otros $6.000 millones, llevando el monto actual a alrededor de $17.000 millones.

Para el Municipio, la regularización de esos fondos resulta necesaria para contar con previsibilidad y sostener la planificación de servicios, obras y políticas destinadas a los vecinos.

Por eso, desde Río Grande insisten en que la Provincia debe regularizar la coparticipación pendiente y garantizar que las futuras transferencias se efectúen en tiempo y forma.

El reclamo municipal se resume en una definición sencilla: son recursos que corresponden a Río Grande y deben llegar a la ciudad.