US$ 2,45 millones por un helicóptero que no atiende emergencias

Una inversión de US$ 2.450.000 realizada con fondos públicos continúa generando preguntas en Tierra del Fuego.

Se trata del helicóptero Bell 427 modelo 2008, adquirido durante la gestión del gobernador Gustavo Melella bajo el argumento de fortalecer la capacidad provincial frente a incendios forestales, emergencias, rescates y evacuaciones sanitarias.

El precio no surge de una estimación periodística. El propio Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego documentó que el 26 de diciembre de 2022 el Gobierno provincial firmó el memorándum de entendimiento con ATX USA Corporation y fijó un valor de US$ 2.450.000 por la aeronave. La adquisición se tramitó por contratación directa dentro de la emergencia ambiental declarada por los incendios forestales. 

Al cierre de 2025, los registros oficiales de deuda provincial mostraban el convenio de adquisición del Bell 427 con saldo final en cero, es decir que el compromiso financiero de la compra había sido cancelado. 

El problema ya no es cuánto falta pagar.

La pregunta es cuánto servicio efectivo recibió Tierra del Fuego a cambio de esos US$ 2,45 millones.

Comprado para emergencias, pero con una utilización que genera interrogantes

La incorporación del Bell 427 fue presentada como una herramienta estratégica para un territorio en el que existen enormes distancias, zonas rurales, montañas, bosques y lugares de difícil acceso.

El propio Gobierno reconoce que el sistema provincial de emergencias debe cubrir desde San Sebastián hasta el Parque Nacional, incluyendo zonas urbanas, rurales y agrestes. También informó que el Bell 427 había sido configurado para traslados sanitarios y aeroevacuaciones. 

Sin embargo, la historia operativa de la aeronave estuvo lejos de ser lineal.

La primera aeroevacuación sanitaria oficial anunciada por el propio Gobierno recién se concretó en octubre de 2025, casi tres años después del inicio del proceso de compra. En aquella oportunidad trasladó a un paciente desde Ushuaia hasta Río Grande. 

Esto significa que no sería correcto afirmar que el helicóptero jamás fue utilizado. Sí existen operaciones documentadas.

También participó en marzo de 2026 de un dispositivo coordinado por la Armada Argentina en Estancia Harberton, donde transportó personal sanitario. Pero en aquella emergencia no pudo realizar la evacuación aérea del paciente debido a las limitaciones operativas para volar de noche, por lo que el traslado continuó por vía marítima. 

Precisamente allí aparece el interrogante central: una aeronave adquirida por millones de dólares para brindar capacidad de respuesta en una provincia de geografía extrema no ha mostrado hasta ahora una disponibilidad sostenida y regular acorde con las expectativas que acompañaron su compra.

El episodio del Ojo del Albino

Uno de los casos que más cuestionamientos generó ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un turista sufrió una emergencia cardíaca en la zona del Ojo del Albino.

El Bell 427 fue desplegado, pero distintas publicaciones periodísticas sostienen que realizó numerosos intentos de aproximación sin conseguir concretar la evacuación. Las condiciones eran complejas, con nieve, pendientes, rocas y meteorología cambiante. 

El episodio volvió a poner en discusión algo fundamental para Tierra del Fuego: no alcanza con tener un helicóptero; también es necesario contar con pilotos, entrenamiento, certificaciones y una estructura que permita utilizarlo cuando ocurre una emergencia real.

En junio de este año, el responsable de una empresa privada especializada en vuelos de montaña fue todavía más crítico y aseguró públicamente que “el helicóptero de la provincia no está disponible nunca”, cuestionando su ausencia en rescates complejos. Se trata de la declaración de un operador privado y no de una constatación oficial, pero refleja el nivel de controversia que alcanzó la situación. 

Un helicóptero señalado como fuera de servicio

Durante junio de 2026 distintas publicaciones locales informaron que el Bell 427 se encontraba fuera de servicio o sin operatividad, aunque no existe hasta ahora una información pública oficial suficientemente detallada que permita establecer durante cuánto tiempo permaneció inmovilizado, cuál fue exactamente la falla y cuál es su situación técnica actual. 

Por eso, lo más preciso no es afirmar que hoy necesariamente permanece guardado permanentemente dentro de un hangar, sino algo igualmente relevante: existen antecedentes documentados de períodos de indisponibilidad y no hay información pública suficiente que permita conocer con claridad cuántas horas vuela, cuántas emergencias atiende y cuál es su disponibilidad cotidiana.

Y tratándose de una inversión de US$ 2,45 millones, esos datos deberían ser públicos.

La Legislatura también pidió explicaciones

Las dudas llegaron formalmente al ámbito político.

En junio, el legislador Jorge Lechman presentó un pedido de informes para que el Gobierno determine qué aeronaves provinciales están realmente operativas, cuáles poseen certificados vigentes y cuántos pilotos se encuentran habilitados.

Sobre el Bell 427 solicitó específicamente conocer las horas remanentes de motores y componentes, las certificaciones sanitarias, quiénes son sus pilotos, dónde residen y bajo qué modalidad prestan servicios. 

El pedido también buscó conocer la capacidad real de la Provincia para responder frente a vuelos sanitarios, evacuaciones aeromédicas y operativos de búsqueda y rescate. 

La necesidad de formular esas preguntas casi cuatro años después de iniciada la adquisición muestra que todavía existe una deuda de información alrededor de una de las compras aeronáuticas más importantes realizadas durante la gestión Melella.

US$ 2,45 millones que deben traducirse en capacidad de respuesta

La discusión no consiste en determinar si Tierra del Fuego necesita o no un helicóptero.

Por sus características geográficas, su enorme territorio rural, la actividad turística en montaña, los incendios forestales y las distancias entre centros urbanos, contar con medios aéreos disponibles puede resultar decisivo ante una emergencia.

Precisamente por eso la inversión exige respuestas.

El Gobierno pagó US$ 2.450.000. La deuda de la compra quedó saldada. La aeronave existe y tuvo algunas intervenciones documentadas. 

Pero después de esa inversión continúan abiertas cuestiones esenciales: cuántas horas efectivas ha volado desde su adquisición, cuánto tiempo permaneció fuera de servicio, cuánto cuesta mantenerlo, cuántos pilotos pueden operarlo, qué capacidad posee para rescates de montaña y qué disponibilidad real tiene para una emergencia en una estancia, una ruta, un bosque o cualquier zona alejada de los centros urbanos.

En una provincia donde las distancias y el clima pueden transformar cada minuto en un factor determinante, un helicóptero de US$ 2,45 millones sólo justifica su inversión si está disponible cuando realmente se lo necesita.