GENERALES | 3 OCT 2026
PETRóLEO EN MALVINAS
Londres confirmó que tendrá la última palabra sobre nuevas licencias para explotar hidrocarburos
El Gobierno británico reconoció ante su propio Parlamento que cualquier nueva licencia hidrocarburífera en las Islas Malvinas necesitará el consentimiento final del secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido. La definición adquiere especial relevancia en medio de la disputa por el proyecto Sea Lion, la cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande y el arbitraje internacional iniciado por la Argentina para intentar frenar la explotación unilateral de recursos en el Atlántico Sur.
Una declaración oficial del Gobierno británico volvió a colocar a la explotación petrolera en Malvinas en el centro de la disputa de soberanía y dejó un dato político de enorme importancia: Londres confirmó que será el Gobierno del Reino Unido quien tendrá la instancia final de autorización sobre cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas.
La definición fue formalizada el 1° de octubre ante la Cámara de los Lores, después de una consulta del parlamentario conservador Lord Moynihan.
En su respuesta, el subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, sostuvo que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del Secretario de Estado”, aunque agregó que esa intervención debe realizarse conforme a la legislación que rige en las Islas.
La misma posición ya había sido expresada el 15 de septiembre en la Cámara de los Comunes, donde el Gobierno británico confirmó la existencia de ese “rol estatutario de consentimiento” del secretario de Estado británico respecto de las licencias petroleras.
Londres reivindica la “autodeterminación”, pero conserva la autorización final
El dato resulta especialmente significativo por el argumento político que utiliza habitualmente el Reino Unido.
Londres insiste en sostener que son los habitantes de las Islas quienes tienen derecho a decidir sobre el desarrollo de sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación.
Sin embargo, la respuesta presentada ante el Parlamento británico confirma que, aunque la administración isleña conserva competencias regulatorias y ambientales, una nueva licencia petrolera no puede ser otorgada sin el consentimiento del Gobierno del Reino Unido.
Es decir, más allá de la estructura administrativa existente en las Islas, la última instancia de decisión sobre futuros permisos hidrocarburíferos queda en manos de Londres.
El Gobierno británico defendió además explícitamente las actividades económicas vinculadas a los recursos naturales del archipiélago y aseguró que respaldará a empresas e individuos que participen de ellas.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
La discusión no es abstracta.
A unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas se encuentra Sea Lion —León Marino—, el proyecto petrolero desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyecta comenzar su producción durante 2028.
En este punto existe una precisión importante: la reciente confirmación británica se refiere a nuevas licencias. Sea Lion opera sobre permisos otorgados anteriormente, por lo que la respuesta parlamentaria no implica por sí misma una nueva autorización ni una suspensión del emprendimiento.
De hecho, cuando Lord Moynihan preguntó específicamente si el secretario de Estado había dado su consentimiento al programa de desarrollo y producción de Sea Lion, Londres evitó responder sobre el caso particular y se limitó a afirmar que no comenta licencias individuales.
Esa falta de precisión mantiene abierto un interrogante relevante sobre qué intervención concreta tuvo el Gobierno británico en las autorizaciones del proyecto que hoy se encuentra en el centro de la controversia con la Argentina.
Argentina llevó el conflicto a otra instancia
La declaración británica aparece además en un momento de fuerte escalada jurídica y diplomática.
El 22 de septiembre, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas y sostuvo que cualquier actividad de exploración o explotación sobre la plataforma continental sin autorización argentina constituye una actividad ilegítima.
Seis días después, el Gobierno nacional anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), dirigido precisamente a cuestionar el avance de Sea Lion y otras decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales.
El Reino Unido rechazó posteriormente la interpretación argentina y volvió a reivindicar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos.
Argentina, por su parte, respondió el 1° de octubre que recurrir a un tribunal internacional constituye una vía prevista por la propia Convención y afirmó que busca preservar sus derechos sobre los recursos naturales del área en disputa.
Río Grande también quedó en el centro de la discusión
Tierra del Fuego tiene además un protagonismo directo en este conflicto.
El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó el 16 de septiembre una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de avanzar, en cuanto dependa de ellas, con actos materiales vinculados al proyecto Sea Lion.
La resolución alcanzó perforaciones, infraestructura submarina, conductos, instalaciones de producción y el inicio de la extracción comercial.
Días antes, el Municipio de Río Grande se había presentado como parte interesada en la causa impulsada por el CECIM La Plata y organizaciones ambientalistas, incorporando a la ciudad al reclamo judicial frente a la explotación hidrocarburífera.
De esta manera, una discusión que involucra intereses económicos internacionales encuentra también uno de sus principales escenarios judiciales en territorio fueguino.
Un reconocimiento que vuelve a poner a Londres en el centro
La respuesta británica incorpora ahora un elemento particularmente relevante.
El Reino Unido sostiene públicamente que la explotación de recursos responde a decisiones de los habitantes de las Islas, pero al mismo tiempo su propio Gobierno reconoce que una nueva licencia petrolera necesita la conformidad final de un secretario de Estado británico.
Ese mecanismo no resuelve por sí mismo la disputa jurídica sobre Malvinas ni determina el futuro inmediato de Sea Lion, pero deja documentada la intervención directa de Londres en el sistema de autorizaciones hidrocarburíferas.
Y ocurre justamente cuando Argentina intenta llevar la controversia a tribunales internacionales, la Justicia Federal de Río Grande mantiene una cautelar sobre Sea Lion y las empresas proyectan iniciar la extracción de petróleo en 2028.
La explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur vuelve así a ocupar un lugar central en la Cuestión Malvinas. Y esta vez es el propio Gobierno británico el que dejó establecido ante su Parlamento que, cuando se trate de nuevas licencias petroleras, la decisión final no termina en las Islas: también deberá pasar por Londres.
