GENERALES | 5 OCT 2026
ADORNI NO CERRó LAS DUDAS
la Justicia abrió 29 nuevas líneas de investigación sobre sus bitcoins
Manuel Adorni presentó un escrito de 78 páginas para justificar su patrimonio y sostuvo que casi US$600.000 provenían de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Sin embargo, la presentación no alcanzó para cerrar los interrogantes. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó ahora a la Policía Federal responder 29 preguntas técnicas para determinar si las ocho billeteras aportadas realmente estuvieron bajo control del exfuncionario en aquellos años y si esas operaciones explican el dinero con el que luego afrontó importantes gastos patrimoniales
La explicación que Manuel Adorni presentó ante la Justicia para justificar el crecimiento de su patrimonio abrió una nueva etapa de la investigación, lejos de cerrarla.
El exjefe de Gabinete había entregado en septiembre un escrito de 78 páginas para responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre los puntos centrales, Adorni sostuvo que parte sustancial de los fondos cuestionados provenía de antiguas operaciones con criptomonedas y aportó ocho direcciones de Bitcoin que, según su versión, utilizó entre 2014 y 2018. Con esas operaciones aseguró haber obtenido US$591.544.
Pero la presentación dejó abierto el interrogante fundamental: ¿esas billeteras estaban efectivamente bajo su control cuando se produjeron las operaciones?
Por eso, la Fiscalía encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal un nuevo peritaje con 29 preguntas específicas destinadas a reconstruir quién manejó realmente esas cuentas, desde cuándo existen las claves y cómo se realizaron los movimientos.
Tener hoy las claves no demuestra haber tenido las billeteras en 2014
La defensa de Adorni ya logró comprobar una cuestión: las ocho direcciones existen y sus abogados pudieron utilizar las claves privadas para firmar un mensaje criptográfico generado por la Fiscalía.
Eso acredita que actualmente tienen acceso a esas billeteras.
Pero, según explicó la propia investigación, no demuestra automáticamente que Adorni haya sido quien las controlaba entre 2014 y 2018.
Las claves privadas pueden transferirse. Una persona puede obtener posteriormente el control de una dirección que ya registra operaciones anteriores. Precisamente por eso el fiscal pidió determinar si existe alguna herramienta técnica capaz de establecer desde cuándo una persona tuvo efectivamente esas claves.
Ese es el núcleo de las nuevas 29 preguntas.
La PFA deberá analizar, entre otras cosas, si los 41 movimientos detectados en las ocho billeteras pudieron ser realizados por una sola persona, si necesariamente intervinieron terceros y si existen rastros técnicos que permitan identificar quién realizó depósitos o transferencias.
La explicación: bitcoins comprados en efectivo y dólares guardados durante años
La versión aportada por Adorni también presenta una particularidad que ahora deberá ser contrastada.
Según su defensa, realizó una primera inversión en Bitcoin en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, mediante encuentros presenciales con vendedores, fuera de plataformas reguladas.
Luego afirmó que vendió los criptoactivos en efectivo y que mantuvo el dinero guardado en su domicilio hasta diciembre de 2023, cuando ingresó a la función pública.
La Fiscalía quiere saber ahora si esa secuencia puede reconstruirse técnicamente y si existe documentación, registros o información independiente que permita respaldarla.
También pidió conocer qué normativa existía entre 2014 y 2018 para operaciones con criptomonedas, qué registros debían conservar las plataformas de intercambio y cuál era el alcance de las obligaciones antilavado vigentes en aquellos años.
Las declaraciones juradas también tuvieron que ser rectificadas
Otro punto bajo análisis es que esos dólares no estaban originalmente incluidos en sus declaraciones patrimoniales.
Adorni posteriormente rectificó sus declaraciones juradas e incorporó fondos que justificó como provenientes de “ventas de activos”.
En su presentación judicial sostuvo que esa corrección no debía interpretarse como un intento de ocultamiento, sino como una rectificación voluntaria destinada a restablecer la exactitud de lo declarado.
Para la investigación, sin embargo, la cuestión no termina en la rectificación: debe establecerse si efectivamente existían los fondos, cuál era su origen y si estaban disponibles para afrontar los gastos realizados posteriormente.
Una diferencia de más de $43 millones que Adorni considera “residual”
La presentación también intentó responder otro cuestionamiento de la Fiscalía: una diferencia superior a $43 millones entre ingresos y gastos del matrimonio Adorni-Angeletti.
La defensa definió esa diferencia como una “brecha residual” y rechazó que pudiera considerarse una desproporción patrimonial manifiesta.
Pero el expediente ya venía acumulando interrogantes mucho más amplios.
Un informe incorporado a la causa había detectado inconsistencias entre los ingresos conocidos y distintos gastos realizados desde el ingreso de Adorni a la función pública. La investigación reconstruyó movimientos por cientos de miles de dólares, entre propiedades, viajes, deudas y consumos.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la Fiscalía identificó pagos generales por $272,8 millones y más de US$402.000, de los cuales una porción significativa habría sido realizada en efectivo.
La casa de Indio Cuá, otro punto todavía discutido
La vivienda adquirida por Adorni en el country Indio Cuá también forma parte de la investigación.
El exfuncionario declaró que pagó US$120.000 por el inmueble y que gran parte de la operación fue financiada mediante un préstamo hipotecario.
Respecto de las remodelaciones, rechazó la versión del contratista Matías Tabar, quien había declarado que las obras costaron alrededor de US$245.000 en efectivo.
Adorni sostuvo que las refacciones demandaron US$175.000 provenientes de ahorros.
La diferencia entre ambas versiones forma parte del análisis judicial.
La Justicia no cerró el caso: lo profundizó
La secuencia es importante.
Adorni presentó documentación, explicó el origen de los fondos y aportó las claves de las ocho billeteras.
La Fiscalía pudo comprobar que las direcciones existen, que los movimientos coinciden con los informados y que actualmente las claves permiten operarlas.
Pero eso todavía no responde la pregunta central.
La Justicia necesita establecer si esas billeteras pertenecían efectivamente a Adorni cuando se realizaron las operaciones que hoy utiliza para justificar casi US$600.000.
Por eso Pollicita no dio por concluida la explicación patrimonial: ordenó 29 nuevas verificaciones técnicas, además de avanzar en una reconstrucción más amplia de los ingresos de Adorni y de su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad.
La causa continúa siendo por presunto enriquecimiento ilícito y no existe hasta el momento una condena ni una determinación judicial de responsabilidad.
Pero la situación procesal deja un dato concreto: la explicación presentada por Adorni no alcanzó, por ahora, para despejar las dudas de la Fiscalía.
Las ocho billeteras existen. Las claves funcionan. Ahora falta responder lo más importante: si el dinero era realmente suyo cuando dijo haberlo ganado y si ese origen alcanza para explicar el patrimonio y los gastos que la Justicia mantiene bajo investigación.
