Doble discurso: “Si sacamos los impuestos, el fondo queda vacío”

El debate por el financiamiento de la educación fueguina entra esta semana en una instancia decisiva y el legislador Matías Lapadula, de Provincia Grande, volvió a poner el foco sobre una cuestión que hasta ahora permanece sin respuesta: cuánto dinero necesita realmente el sistema educativo, cuánto recaudarían los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno y qué ocurrirá con el fondo si finalmente esas cargas son eliminadas durante el debate legislativo.

Lapadula preside la Comisión Nº 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Política Fiscal, una de las instancias centrales por las que deberá pasar el proyecto. En declaraciones realizadas este martes a Radio Provincia, anticipó que convocó la reunión para el próximo martes 13 y adelantó una metodología particular: los funcionarios recibirán previamente las preguntas que deberán responder.

La intención, explicó, es terminar con reuniones cargadas de discursos pero sin los números necesarios para tomar decisiones.

“Las cosas se tienen que hacer bien, no urgentes”, resumió Lapadula al explicar nuevamente por qué acompañó el intento de retirar el trámite de urgencia.

La contradicción que Lapadula puso sobre la mesa

La Legislatura decidió la semana pasada, por 8 votos contra 7, mantener el trámite de urgencia del Asunto Nº 519/26 enviado por el Ejecutivo. La iniciativa crea un Fondo de Financiamiento Educativo y establece diferentes fuentes para nutrirlo. 

Entre ellas aparecen un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, una alícuota del 3,4% sobre la distribución de gas natural y la afectación al fondo del 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos, recursos que quedarían fuera del régimen general de distribución a los municipios. 

Y allí aparece la contradicción señalada por Lapadula.

Algunos legisladores que no acompañaron la moción para quitar el tratamiento de urgencia posteriormente manifestaron que tampoco están dispuestos a votar nuevos impuestos. Von der Thusen, por ejemplo, defendió públicamente su voto para mantener la urgencia pero afirmó que no acompañará las cargas tributarias contempladas en el proyecto. 

Para Lapadula, el problema es matemático antes que discursivo.

“Hay quienes no dieron su voto o su acompañamiento para quitarle el tratamiento de urgencia, que dicen que ellos igual están en contra de aumentar impuestos. Bueno, sacamos los impuestos. ¿De qué se nutre este fondo? ¿Queda vacío?”

 

El legislador considera que allí aparece una de las principales inconsistencias que deberá resolver la Legislatura: si se eliminan las fuentes centrales de recaudación, deberá explicarse de dónde saldrá el dinero que permitirá financiar aquello que la propia ley promete.

“No es tan sencillo”, insistió. Según explicó, quitar los incrementos tributarios podría terminar dejando creado un fondo sin los recursos suficientes para cumplir sus objetivos. 

Un proyecto de millones sin saber todavía cuántos millones

El segundo cuestionamiento de Lapadula apunta directamente a la falta de información oficial.

El proyecto propone nuevas fuentes de financiamiento, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto aseguró que los legisladores todavía no cuentan con estimaciones concretas sobre cuánto dinero produciría cada una.

Puso un ejemplo preciso: el 3,4% previsto sobre la distribución de gas natural.

“¿Cuánto estiman recaudar con esto? Nosotros no tenemos el dato. Espero que lo traigan”, señaló. 

La misma pregunta formuló respecto del adicional que debería afrontar el Banco de Tierra del Fuego y de los recursos que dejarían de integrar el esquema general de distribución hacia los municipios.

El interrogante que plantea Lapadula es elemental para cualquier discusión presupuestaria: si se crea un fondo, primero debería conocerse cuánto dinero ingresará y cuánto dinero se necesita.

El 7,8% del PBG y otro número todavía sin determinar

El proyecto oficial establece además que Tierra del Fuego deberá avanzar progresivamente, en un máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión educativa equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial. Ese objetivo forma parte expresamente de la iniciativa presentada por el Gobierno. 

Pero Lapadula planteó otro problema: todavía no está definido cómo se determinará ese Producto Bruto Geográfico que servirá como referencia.

“¿Cómo van a estimar el Producto Bruto Geográfico? No lo sabemos”, cuestionó, y recordó que el propio proyecto establece un plazo posterior a la sanción para brindar información relacionada con la metodología de cálculo.

“Me parece que está todo al revés en este proyecto”, sintetizó. 

Para el legislador, no se trata de una discusión técnica menor. Sin conocer el valor de referencia, tampoco puede determinarse con precisión cuánto representa el 7,8%, cuánto falta para llegar a esa meta y cuál será el esfuerzo presupuestario que deberá realizar la Provincia durante los próximos cinco años.

El martes, Presupuesto: las preguntas llegarán antes que los funcionarios

Lapadula confirmó que la Comisión Nº 2 se reunirá el martes 13. La fecha coincide con lo anticipado públicamente durante el cronograma legislativo de esta semana. 

Pero adelantó que pretende cambiar la dinámica habitual.

Los funcionarios que sean invitados recibirán con anticipación las preguntas de los legisladores.

“Esto es como si fuese un examen que yo les doy las preguntas antes. Las voy a dar una semana antes”, explicó.

La intención es concreta: que cuando Economía tenga que explicar cuánto recaudaría el 3,4% sobre la distribución de gas, cuánto representa el objetivo del 7,8% del PBG o cuánto necesita incrementarse actualmente el presupuesto educativo, las respuestas lleguen acompañadas por números.

“Entonces no pueden venir acá y no contestar”, afirmó. Texto pegado

Y agregó una de sus críticas más fuertes:

“Porque si no, estamos hablando en el aire. Y no solo le mienten a la gente. Están mintiendo también a los docentes”.

 

También quiere saber qué ocurre con el dinero que Educación ya tiene

Lapadula incorporó además un elemento que amplía considerablemente el debate: antes de discutir únicamente cuánto dinero nuevo debe ingresar al sistema, pretende revisar cómo se utilizan los recursos que Educación ya tiene presupuestados.

Uno de los puntos que adelantó que quiere conocer es la ejecución de las aproximadamente 1.200.000 horas cátedra que, según señaló en la entrevista, están presupuestadas.

“¿Cuántas ejecutaron y en qué? ¿Cuántas de esas horas cátedra son docentes al frente de un aula y cuántas son administrativas o se usan para cualquier otra cosa?”, preguntó. 

El planteo introduce así una segunda dimensión a la discusión. Ya no se trata solamente de encontrar nuevos recursos, sino también de determinar cómo se ejecuta actualmente el presupuesto educativo y cuánto de ese dinero termina efectivamente llegando a las escuelas y las aulas.

Tres proyectos y un reloj que sigue corriendo

La discusión es todavía más compleja porque no existe una única iniciativa. La Comisión de Educación comenzó este martes el análisis de tres proyectos vinculados al financiamiento educativo: los Asuntos Nº 129/26 y 519/26 enviados por el Poder Ejecutivo y el Nº 283/26 presentado conjuntamente por distintos bloques legislativos, entre ellos Provincia Grande. 

Lapadula considera que deberían analizarse conjuntamente para intentar construir una herramienta consensuada.

El problema es el tiempo.

El Asunto Nº 519/26 continúa bajo tratamiento de urgencia. Lapadula explicó que todavía existen alternativas legislativas antes del vencimiento del plazo —incluida la posibilidad de retirar posteriormente la urgencia—, pero advirtió que ninguna cuestión procedimental resolverá por sí misma el problema central. 

Su diagnóstico apunta precisamente a eso: Tierra del Fuego necesita encontrar recursos para mejorar los salarios docentes, sostener la infraestructura y garantizar clases, pero hacerlo sin conocer cuánto se necesita, cuánto se recaudará y quién terminará pagando las nuevas cargas puede convertir el debate en una discusión sin sustento financiero.

Por eso, la Comisión de Presupuesto del próximo martes aparece como una instancia clave. Allí el debate deberá abandonar las generalidades y entrar definitivamente en los números.

Lapadula dejó planteada la contradicción que deberá resolverse: si no se quieren aumentar impuestos, deberá aparecer otra fuente real de financiamiento; y si se pretende crear un fondo educativo, el Gobierno tendrá que explicar cuánto necesita, cuánto espera recaudar y cómo piensa sostenerlo en el tiempo.

“Lo que necesitamos es certezas y un camino concreto”, resumió el legislador. 

Porque detrás de la discusión legislativa hay un problema que sigue sin resolverse: cómo garantizar recursos suficientes para la educación sin aprobar una ley que prometa soluciones que después no tenga cómo financiar.