En diálogo con FM del Pueblo, Monchietti aseguró que el conflicto continúa sin una solución y anticipó que las medidas de fuerza se profundizarán.
“Seguimos en la misma lucha. El diálogo está, el problema es que no estamos consiguiendo lo que pretendemos los trabajadores”, explicó.
La dirigente señaló que el último ofrecimiento, que todavía no fue formalizado ni firmado, contempla un incremento del 2% para cobrar en noviembre.
“Para nosotros eso es inaceptable”, sostuvo, y puso como ejemplo el impacto completamente diferente que tiene el mismo porcentaje dentro de la estructura salarial del Poder Judicial.
“Para un trabajador representa $32 mil y para un ministro $500 mil”, afirmó.
Monchietti explicó que el sindicato no está reclamando simplemente un nuevo aumento, sino una recuperación de todo lo perdido durante los últimos años. Estimó que desde 2023 los trabajadores judiciales acumulan una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo.
“Lo que necesita el trabajador judicial es una recomposición salarial. Ni siquiera estamos hablando de aumento salarial”, remarcó.
Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta a que los aumentos continúan otorgándose bajo el mismo porcentaje para toda la estructura judicial, independientemente del salario que percibe cada categoría.
Monchietti reconoció que el Poder Judicial depende de las partidas que transfiere el Ejecutivo provincial, pero sostuvo que el Superior Tribunal tiene herramientas para administrar esos recursos de manera diferente.
“Cuando el Ejecutivo transfiere partidas para disponer para el Poder Judicial, la cuestión es cómo repartís eso”, planteó.
En ese sentido, fue contundente: “¿Realmente es necesario recomponer el salario de alguien que de bolsillo cobra $10 millones?”.
La sindicalista consideró que ante una situación de escasez de recursos debería establecerse algún tipo de límite o diferenciación para que las mejoras tengan mayor incidencia en los trabajadores de menores ingresos.
“Hay que hacer un corte”, reclamó.
Y agregó: “Si el Poder Judicial tiene escasez de recursos, adminístrelos de otra manera para que el impacto en el salario del trabajador sea otro”.
Monchietti vinculó el deterioro del salario con el fuerte incremento experimentado en alimentos, combustible, servicios, prepagas y otros gastos cotidianos.
“Tenemos una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2023 de un 30% de nuestro salario”, señaló.
También puso en duda que los índices generales de inflación reflejen completamente lo que afrontan todos los meses los trabajadores.
Según expresó, los gastos esenciales tuvieron incrementos que hicieron que el ingreso perdiera capacidad de compra de manera sostenida.
“Todos los que somos trabajadores, que vamos al supermercado, que tenemos que pagar nafta y servicios, sabemos lo que está pasando”, afirmó.
Durante la entrevista, Monchietti también respondió a las críticas realizadas contra los paros y medidas implementadas por los empleados judiciales.
Defendió el derecho constitucional de los trabajadores a reclamar y sostuvo que las urgencias judiciales continúan siendo atendidas aun durante las jornadas de protesta.
“Decir o pensar que se frenan cuotas alimentarias o cuestiones urgentes no es cierto, no es real”, manifestó.
Además, aseguró que existe un fuerte acompañamiento interno al reclamo.
“Las asambleas son multitudinarias y las medidas tienen una adhesión prácticamente del 100%”, indicó.
El conflicto continuará durante toda la semana. Monchietti confirmó que los trabajadores mantienen una reducción de la jornada laboral, con actividades hasta las 12 del mediodía.
Además, este miércoles realizarán un paro de 24 horas.
Para el jueves está prevista una protesta frente a los Tribunales de Ushuaia desde las 11 de la mañana, mientras que el viernes a las 11 habrá una manifestación frente a los Tribunales de Río Grande.
Tras esas acciones, el sindicato volverá a reunirse para definir cómo continuará el plan de lucha durante la próxima semana.
Monchietti dejó en claro que el 2% no alcanza para cerrar el conflicto y reclamó una propuesta que permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido, pero también que modifique una estructura en la que un mismo porcentaje puede significar apenas unos miles de pesos para un trabajador y cientos de miles para quienes se encuentran en la cima salarial del Poder Judicial.