GENERALES | 7 OCT 2026
TIERRA DEL FUEGO SIGUE CON ANTICIPOS
Otro adelanto de coparticipación: $45.000 millones para una caja bajo fuerte presión
El Gobierno de Gustavo Melella podrá disponer durante octubre de hasta $45.000 millones adelantados por Nación. No son fondos extraordinarios ni un aporte sin devolución: la Provincia deberá reintegrarlos con una tasa nominal anual del 15% y Nación podrá descontarlos directamente de la coparticipación futura. La asistencia llega en un momento especialmente delicado, con oficinas provinciales afectadas por falta de conectividad, proveedores que denuncian meses de demora, deudas con prestadores y municipios que siguen reclamando recursos pendientes.
El Gobierno de Tierra del Fuego vuelve a recurrir al adelantamiento de recursos nacionales para conseguir liquidez inmediata y sostener unas cuentas provinciales que durante 2026 vienen mostrando crecientes dificultades para afrontar obligaciones corrientes.
El nuevo acuerdo permitirá disponer de hasta $45.000 millones durante octubre. El Convenio de Asistencia Financiera N.º 27.625 fue firmado el 24 de septiembre por el gobernador Gustavo Melella y el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman, y posteriormente ratificado por el Ejecutivo provincial mediante el Decreto 1663/26.
Pero hay una diferencia fundamental: no es dinero que Nación le entrega gratuitamente a Tierra del Fuego.
Es un anticipo financiero.
La Provincia recibe ahora recursos que después deberá devolver, con una tasa nominal anual fija del 15%, mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal que debería ingresar en los próximos períodos. El capital será recuperado mediante descuentos sobre esos recursos y los intereses seguirán el mismo mecanismo.
En términos simples: entra dinero hoy para aliviar la caja, pero esa misma caja tendrá menos recursos disponibles cuando comiencen los descuentos.
Una herramienta que dejó de ser excepcional
El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa lo ocurrido durante todo 2026.
Tierra del Fuego ya había recurrido repetidamente a estos adelantos: en enero, febrero y marzo se acordaron operaciones por $20.000 millones mensuales; en abril hubo otra por $25.000 millones y posteriormente se pactó una asistencia por $80.000 millones, distribuida entre mayo y junio.
Los anticipos acordados durante el primer semestre sumaron así $165.000 millones. Si el nuevo cupo de $45.000 millones se utiliza completamente, las operaciones pactadas durante el año alcanzarían al menos $210.000 millones.
Lo que inicialmente puede explicarse como una herramienta para atravesar desfasajes temporales de caja empieza así a mostrar otra característica: su recurrencia.
La propia información oficial sobre deuda provincial define a este tipo de financiamiento de corto plazo como una herramienta destinada a cubrir “oscilaciones temporales de caja”.
La pregunta que empieza a imponerse es cuánto de transitorio queda cuando la necesidad de anticipar recursos aparece una y otra vez.
Oficinas públicas sin herramientas básicas para funcionar
El nuevo ingreso de fondos encuentra además a la administración provincial atravesando situaciones que ya tienen consecuencias visibles para los ciudadanos.
Durante los últimos días, distintas dependencias de Río Grande quedaron sin conectividad, afectando seriamente su funcionamiento.
En el Registro Civil hubo dificultades para completar trámites vinculados con DNI y pasaportes; áreas del Ministerio de Obras Públicas vieron condicionadas sus tareas y dependencias educativas tuvieron trabajadores que debieron utilizar conexiones domiciliarias para acceder al sistema de novedades.
En el área de Supervisión Escolar, empleados llegaron a recurrir al trabajo desde sus casas para poder operar el sistema SIGUE, ante la imposibilidad de hacerlo normalmente desde oficinas provinciales.
Entre trabajadores circuló como explicación la existencia de facturas del servicio pendientes de pago, aunque hasta ahora el Gobierno no confirmó oficialmente que ésa sea la causa del corte, por lo que ese punto continúa requiriendo una explicación pública.
Más allá del motivo, el resultado es concreto: dependencias del Estado provincial tuvieron dificultades para brindar servicios elementales por carecer de una herramienta tan básica como internet.
Proveedores que esperan meses
Los problemas de liquidez también aparecen en otras estructuras del Estado.
En septiembre se conoció que proveedores de la Legislatura provincial acumulaban entre tres y seis meses de demora en sus pagos, pese a haber prestado ya los correspondientes servicios. La información señalaba que se habían realizado cancelaciones parciales, pero que todavía permanecían obligaciones pendientes.
La situación tampoco es ajena al sistema sanitario.
Durante julio, trabajadores de Autofarma denunciaron dos meses sin cobrar salarios y vincularon la crisis de la empresa con deudas que atribuían a OSEF y al Ministerio de Salud provincial. Más de 200 trabajadores se encontraban afectados y reclamaron una intervención del Ejecutivo. Se trata de una denuncia realizada por los empleados, no de una deuda cuya cifra total haya sido oficialmente certificada.
Son situaciones diferentes entre sí, pero juntas van configurando una misma señal de alerta: el retraso en los pagos empieza a trasladarse desde la Tesorería provincial hacia empresas, trabajadores y servicios concretos.
Mientras pide anticipos a Nación, debe millones a Río Grande
El contraste financiero también alcanza a los municipios.
Mientras Tierra del Fuego solicita que Nación le adelante recursos que recibirá en el futuro, el Municipio de Río Grande viene reclamando que la Provincia regularice fondos de coparticipación ya devengados.
La deuda provincial con Río Grande se ubica actualmente alrededor de los $17.000 millones. El Tribunal de Cuentas había certificado $11.644 millones pendientes al 31 de diciembre de 2025 y el Municipio contabilizó $16.119 millones al 31 de agosto de este año.
El propio intendente Martín Perez advirtió que esas demoras afectan la posibilidad de planificar obras, servicios y políticas municipales.
La paradoja resulta evidente: la Provincia necesita que Nación le adelante coparticipación mientras los municipios reclaman a la Provincia recursos coparticipables que todavía no recibieron.
$45.000 millones que alivian octubre, pero no resuelven el problema
El nuevo financiamiento representa indudablemente una inyección de liquidez importante para el Gobierno provincial.
Puede permitir afrontar compromisos inmediatos, ordenar pagos o darle margen a una Tesorería sometida a una fuerte presión.
Pero no modifica el origen del problema.
Los $45.000 millones deberán devolverse y las retenciones posteriores volverán a descontarse de recursos que forman parte de los ingresos ordinarios de Tierra del Fuego.
La propia estructura del convenio obliga, además, a la Provincia a informar a la Secretaría de Hacienda de Nación sobre la evolución de sus finanzas públicas.
Por eso, más que un ingreso extraordinario, el nuevo acuerdo funciona como una forma de traer recursos del futuro para resolver necesidades del presente.
Y ese mecanismo aparece precisamente cuando empiezan a acumularse síntomas difíciles de ocultar: dependencias públicas sin servicios básicos, proveedores que esperan meses para cobrar, problemas en organismos provinciales y demoras en recursos que corresponden a los municipios.
El nuevo anticipo de hasta $45.000 millones puede darle aire a la Provincia durante octubre.
La cuestión de fondo será saber qué obligaciones se pagarán con ese dinero y qué ocurrirá después, cuando Nación comience a recuperar capital e intereses de la misma coparticipación que hoy Tierra del Fuego necesita adelantar para sostener su funcionamiento.
