Iglesias reclamó un año de alivio fiscal y advirtió que nuevos impuestos profundizarán la presión sobre los fueguinos

El debate por el financiamiento educativo volvió a poner sobre la mesa las dificultades económicas de Tierra del Fuego y la discusión sobre quiénes asumirán el costo de los recursos adicionales. En ese escenario, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, reclamó que la Legislatura también contemple la emergencia del sector privado, afectado por la caída del consumo y las dificultades para cumplir con salarios, proveedores y obligaciones fiscales.

En una entrevista con FM del Pueblo, el dirigente repasó la participación de la entidad en la reunión de la Comisión de Economía de la Legislatura y explicó que asistieron para escuchar las exposiciones, evaluar los números oficiales y contrastarlos con la realidad de los comercios.

Iglesias reconoció la legitimidad del reclamo salarial docente, pero señaló que esa necesidad convive con un problema que alcanza a otros sectores: mientras el Gobierno sostiene que no dispone de recursos suficientes, los trabajadores necesitan recomponer sus ingresos y los comerciantes enfrentan cada vez más dificultades para sostener su actividad.

“Si estamos en emergencia, estamos en emergencia todos”, expresó.

El pedido concreto de la Cámara apunta a suspender por un año el aporte adicional de un punto y medio que, según explicó, paga el comercio para fondos vinculados con la salud y el mantenimiento de edificios educativos. Iglesias sostuvo que la medida permitiría aliviar las obligaciones del sector en un momento de fuerte deterioro de las ventas.

“Vamos a decir que por un año nos saquen ese punto y medio, porque ahora no lo tenemos para pagar”, afirmó. A ese problema sumó las consecuencias de los incumplimientos: intereses y multas que incrementan las deudas de quienes no logran pagar en tiempo y forma.

El dirigente describió una situación especialmente comprometida en Río Grande, donde los negocios deben responder ante sus empleados, proveedores y organismos recaudadores aun cuando sus ingresos se reducen. Según señaló, la caída del consumo se ubica entre el 20% y el 30%, un deterioro que también repercute sobre los recursos del Estado.

“Si yo vendiera más, podría pagar más, podría cumplir con mis compromisos, pero la realidad es que no vendo más”, manifestó. En esa misma línea, resumió la relación entre actividad comercial y recaudación: “Si yo no vendo más, no aporto más”.

Respecto de las alternativas de financiamiento educativo, Iglesias manifestó su respaldo al proyecto 283, impulsado por distintos bloques legislativos. Según explicó, la Cámara considera más razonable una propuesta basada en la reasignación de recursos existentes, con mecanismos de seguimiento, que otras alternativas que impliquen nuevas exigencias directas sobre el sector privado.

El titular de la entidad señaló que el Estado debe adecuar su funcionamiento y los compromisos que asume a sus posibilidades reales. También planteó que la discusión requiere reconocer las dificultades de toda la economía provincial, sin desconocer las necesidades salariales de los trabajadores.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido al posible traslado de nuevos impuestos sobre el gas y la actividad bancaria. Iglesias advirtió que esas cargas terminarán repercutiendo en el bolsillo de los fueguinos, aunque formalmente se apliquen sobre las empresas o las entidades financieras.

“Todos saben que lo van a pagar”, sostuvo al analizar las consecuencias para los usuarios. Además, observó que el impacto sobre una factura puede variar según dónde se incorpore el incremento y cómo se combine con los demás conceptos que integran el monto a abonar.

En el caso del sistema financiero, consideró que una mayor presión tributaria se trasladará a los costos que afrontan sus clientes. Su planteo fue que el debate no puede limitarse a identificar a quién se le cobra el impuesto, sino que debe contemplar quién termina absorbiendo su costo.

Iglesias también reclamó igualdad de condiciones frente a las plataformas que comercializan productos desde otras jurisdicciones. Según describió, existen diferencias entre la carga que soportan esas operaciones y la que afrontan los comercios locales, que además deben sostener establecimientos, empleo y obligaciones dentro de la provincia.

“No me pongas en desventaja”, reclamó. Y reforzó su pedido de reglas parejas: “Si controlás, controlás a todos. Si obligás, obligás a todos”.

El dirigente mencionó, además, conversaciones sobre la posibilidad de un nuevo plan de pagos que permita regularizar deudas y mejorar la situación de contribuyentes afectados por embargos y restricciones crediticias. Lo presentó como una alternativa en evaluación, necesaria para que más comerciantes puedan recuperar su capacidad de operar dentro del sistema bancario.

Pese al panorama económico, Iglesias valoró el clima de trabajo de la comisión legislativa y la disposición a discutir proyectos e ideas. Consideró importante que los representantes políticos busquen acuerdos y atiendan los reclamos de los distintos sectores.

El planteo de la Cámara es que la búsqueda de fondos para la educación contemple también la capacidad de quienes deben aportarlos. Con ventas en retroceso y obligaciones que se acumulan, Iglesias pidió alivio fiscal, condiciones equitativas para competir y decisiones ajustadas a la realidad económica de Tierra del Fuego.