Oficinas provinciales llevan más de dos semanas sin Internet y el Gobierno no da respuestas

La administración pública de Tierra del Fuego atraviesa una situación tan básica como difícil de explicar en pleno 2026: distintas oficinas provinciales llevan más de dos semanas sin servicio de Internet, impidiendo a sus trabajadores utilizar normalmente los sistemas necesarios para realizar sus tareas.

Lo que comenzó apareciendo como un inconveniente en algunas dependencias de Río Grande terminó extendiéndose y mostrando que el problema tiene mayor profundidad.

En Ushuaia, las oficinas administrativas del Ministerio de Educación ubicadas en el sector de las 60 Viviendas permanecen sin conexión desde el 28 de septiembre. Allí trabajan aproximadamente 200 personas entre administrativos, funcionarios y agentes comisionados. Buena parte del personal debió trasladar sus tareas a sus domicilios para poder seguir trabajando. 

Es decir: el Estado provincial no brinda la conectividad necesaria en sus propias oficinas y son sus trabajadores quienes terminan poniendo Internet, electricidad, computadora y espacio físico para sostener parte del funcionamiento administrativo.

Algunos empleados que ni siquiera disponían de equipamiento propio debieron retirar computadoras de las dependencias para utilizarlas desde sus casas. 

En Río Grande el problema también paralizó trámites

La situación había comenzado a quedar expuesta días antes en Río Grande.

RED23 Noticias informó el 1° de octubre que dependencias del Registro Civil llevaban varios días sin conexión y que el inconveniente comenzaba a aparecer también en oficinas vinculadas con Obras Públicas.

Dos días después, el cuadro ya alcanzaba a más sectores.

Personal de Educación había tenido dificultades para ingresar al Sistema Integral de Gestión Educativa, utilizado para cargar movimientos, cargos y novedades del sistema. Hubo trabajadores que directamente debieron completar esas tareas conectándose desde sus hogares. 

ATE Río Grande confirmó además que la situación no se limitaba a una dependencia. La secretaria adjunta del gremio, Violeta Santander, señaló que había inconvenientes en distintos ministerios, incluyendo áreas de Trabajo y Salud. 

En el Registro Civil el problema adquiere una consecuencia todavía más directa para los vecinos.

DNI, pasaportes, partidas, rectificaciones y numerosas gestiones requieren acceso permanente a plataformas digitales. El propio Gobierno provincial informa oficialmente que las delegaciones de Río Grande realizan buena parte de esos trámites mediante sistemas conectados. 

Sin Internet, una oficina puede permanecer físicamente abierta, pero buena parte de su capacidad de atención queda directamente limitada.

Educación: más de dos semanas trabajando con recursos propios

El caso de Ushuaia aporta ahora información todavía más preocupante.

Según publicó Del Fuego Noticias, el servicio utilizado por las oficinas administrativas del Ministerio de Educación es prestado por Ushuaia Visión mediante reconocimiento de gastos y la última factura abonada por el Gobierno provincial correspondería al mes de mayo.

Los períodos siguientes habrían quedado pendientes hasta que finalmente el servicio fue interrumpido el 28 de septiembre. 

Ese dato no fue explicado oficialmente por el Ejecutivo provincial, pero coincide con las versiones que desde comienzos de octubre circulaban entre empleados de otras dependencias respecto de posibles abonos impagos.

En Río Grande, ATE había sido más cautelosa: el gremio confirmó la falta de servicio, aunque aclaró que no podía asegurar que la causa fuera efectivamente una deuda. 

Por eso, mientras no exista una explicación oficial, corresponde mantener la diferencia: la falta de Internet está comprobada; que todos los cortes respondan a deudas impagas todavía no lo está.

Un Estado digital que no puede conectarse

El problema expone una contradicción difícil de disimular.

La Provincia avanzó durante años hacia la digitalización de expedientes, trámites, registros, bases de datos y comunicaciones internas.

Educación tiene sistemas informáticos para administrar buena parte de la estructura educativa. Obras Públicas dispone de mesas de entrada digitales. Registro Civil depende de plataformas para realizar documentación personal.

Incluso el Ministerio de Educación informa oficialmente que existen trámites e inscripciones que se realizan exclusivamente de forma virtual y ofrece, paradójicamente, oficinas provinciales como espacios de acceso a conectividad para quienes la necesitan.

Pero hoy parte de esa misma administración no puede conectarse desde sus propios lugares de trabajo.

El resultado es un Estado que tiene sistemas digitales pero no siempre dispone de la herramienta elemental para utilizarlos.

Y mientras tanto, la Provincia necesita asistencia financiera

El cuadro aparece además en un momento especialmente delicado para las cuentas fueguinas.

Hace pocos días, el Gobierno provincial volvió a acordar con Nación un adelanto de coparticipación de hasta $45.000 millones para obtener liquidez durante octubre. Son recursos que deberán devolverse posteriormente y que podrán ser descontados de transferencias futuras. 

La propia administración de Gustavo Melella viene admitiendo públicamente que atraviesa importantes dificultades financieras y que debe establecer prioridades frente a recursos que no alcanzan para cubrir todas las demandas.

Pero justamente allí aparece una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto puede deteriorarse el funcionamiento básico de la administración?

Porque Internet ya no es un gasto accesorio.

No es entretenimiento ni una comodidad de oficina.

Es la infraestructura que permite emitir documentación, administrar expedientes, cargar información, comunicarse entre organismos y atender a los ciudadanos.

Dos semanas sin una solución y sin una explicación integral

La situación resulta todavía más llamativa porque no se trata de una caída de algunas horas.

En las oficinas administrativas de Educación en Ushuaia el problema supera ya las dos semanas, mientras que en Río Grande las primeras denuncias públicas comenzaron a conocerse a fines de septiembre y comienzos de octubre. 

Hasta ahora tampoco apareció una explicación pública integral del Gobierno que detalle qué dependencias están afectadas, cuál es la causa, cuánto se adeuda —si efectivamente existen deudas— y cuándo quedará restablecido completamente el servicio.

Mientras tanto, el costo lo absorben dos sectores.

Por un lado, los trabajadores, que terminan utilizando recursos propios para cumplir con obligaciones laborales.

Por el otro, los vecinos, que encuentran trámites demorados, oficinas con capacidad limitada y servicios que dependen de sistemas que no pueden utilizarse normalmente.

Tierra del Fuego puede discutir presupuestos millonarios, reformas tributarias y nuevas fuentes de financiamiento. Pero hoy parte de su administración enfrenta un problema mucho más elemental: no tiene Internet para trabajar.

Y después de más de dos semanas, lo preocupante ya no es solamente la falta de conectividad. Es que un servicio indispensable pueda permanecer interrumpido durante tanto tiempo sin que exista todavía una respuesta pública clara sobre cómo y cuándo se resolverá.