Río Grande dio un paso importante para comenzar a discutir las políticas de discapacidad a partir de información propia y, fundamentalmente, con la participación directa de quienes enfrentan diariamente las barreras de una ciudad que todavía tiene mucho por transformar.
En una Mesa de Diálogo realizada en el Espacio Tecnológico, el Municipio presentó “Un Mapa de la Diversidad”, el informe elaborado a partir del primer relevamiento local sobre personas con discapacidad, y avanzó además en el proceso de constitución del Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad, creado mediante la Ordenanza 4903/2026.
No se trató solamente de presentar estadísticas. La jornada reunió a funcionarios, concejales, instituciones educativas, comercios, representantes del transporte público, organizaciones, asociaciones y personas vinculadas directamente con la discapacidad para comenzar a convertir esos datos en políticas concretas.
El relevamiento se realizó entre diciembre de 2024 y julio de 2025 y alcanzó a 495 personas que participaron de manera voluntaria. Ese detalle es importante: los resultados no representan necesariamente a toda la población con discapacidad de Río Grande ni pueden interpretarse como una medición exhaustiva, pero constituyen una de las primeras bases locales sistematizadas para conocer necesidades y obstáculos cotidianos.
El informe amplió además la mirada más allá de quienes poseen Certificado Único de Discapacidad. De las personas relevadas, el 89,1% contaba con CUD, mientras que el resto atravesaba diferentes situaciones, entre ellas trámites en curso, certificados vencidos o personas que todavía no habían iniciado la gestión.
La importancia del trabajo aparece cuando los números comienzan a mostrar qué ocurre detrás de la discapacidad en la vida cotidiana.
Uno de los datos que más llama la atención está relacionado con la inclusión laboral.
El 84,2% de las personas relevadas respondió que no trabaja, mientras que apenas el 7,5% manifestó encontrarse trabajando y un 8,3% no respondió. El propio informe identifica entre las posibles causas la falta de accesibilidad, los prejuicios y estereotipos, la ausencia de entornos adaptados y la necesidad de profundizar políticas de incorporación laboral.
El dato debe ser leído con cautela porque el relevamiento comprende diferentes edades y, por lo tanto, no equivale a una tasa de desempleo de la población económicamente activa. Sin embargo, sí revela una problemática que el documento ubica entre las prioridades a atender: la baja inclusión sociolaboral.
A ello se suma que el 74,3% manifestó no haber realizado capacitaciones u oficios, frente a sólo un 25,7% que sí accedió a ese tipo de formación. El estudio vincula esa brecha con obstáculos económicos, físicos, tecnológicos y comunicacionales que también terminan condicionando las posibilidades de acceder a un empleo.
En materia sanitaria, el relevamiento mostró que el 86,7% cuenta con obra social o prepaga, mientras que el 12,1% declaró no tener cobertura. Al mismo tiempo, el 95,2% señaló realizar controles médicos anualmente.
Otro dato significativo es que el 37,2% utiliza principalmente el sistema público de salud, mientras un 22,4% combina atención pública y privada. El informe advierte además que el 35,75% de las personas encuestadas declaró al menos una enfermedad crónica.
Son cifras que ponen sobre la mesa la necesidad de sostener redes de atención, rehabilitación, acompañamiento y acceso a tratamientos de manera permanente.
La movilidad aparece como otro de los grandes desafíos.
Casi el 58% de las personas relevadas utiliza el transporte público y el 65,45% no dispone de vehículo propio. El propio estudio advierte que esa dependencia vuelve especialmente relevantes cuestiones como la accesibilidad de las unidades, las veredas, rampas, paradas y condiciones del entorno urbano.
También aparecen dificultades en la participación social: el 69,9% dijo no realizar actividades culturales o artísticas, una cifra que el informe relaciona con posibles barreras físicas, económicas, comunicacionales y actitudinales.
En otras palabras, la accesibilidad no se limita a poder ingresar a un edificio. También significa poder estudiar, trabajar, trasladarse, acceder a la salud, hacer deporte, participar de actividades culturales y desenvolverse con autonomía en la ciudad.
Ese diagnóstico fue presentado mientras Río Grande avanza en la constitución de un nuevo Consejo Municipal que busca incorporar directamente a las personas con discapacidad en la elaboración y discusión de las políticas públicas.
La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, sostuvo que la intención es generar “espacios de participación real” y remarcó que el Consejo deberá incorporar fundamentalmente la voz de las propias personas involucradas.
La idea queda condensada en una frase que atravesó toda la presentación:
“Nada sobre nosotros sin nosotros”.
La expresión cambia el eje tradicional de la discusión: ya no se trata únicamente de que el Estado diseñe políticas para las personas con discapacidad, sino de construirlas con ellas.
El propio informe concluye que Río Grande todavía presenta desigualdades vinculadas con la inclusión laboral, las trayectorias educativas, las barreras físicas y comunicacionales y la insuficiencia de apoyos para alcanzar una participación plena.
Por eso, el verdadero valor de “Un Mapa de la Diversidad” comenzará a medirse a partir de ahora. Los datos ya existen y las barreras comenzaron a ser identificadas. El desafío será transformar ese diagnóstico y la participación de las propias personas con discapacidad en decisiones concretas capaces de hacer de Río Grande una ciudad realmente accesible.