Lapadula puso bajo sospecha los atrasos: “¿Hay una intención política detrás de asfixiar a una gestión?”

El legislador Matías Lapadula reclamó al Gobierno provincial que reconozca la deuda de coparticipación con Río Grande y comience a reducir los atrasos. Por FM Provincia, planteó sospechas sobre una posible intencionalidad política detrás de las demoras y advirtió que la falta de esos recursos repercute en las obras y los servicios que reciben los vecinos.

“¿Hay una intención política detrás de asfixiar a una gestión?”, se preguntó el integrante del bloque Provincia Grande al describir las dificultades para obtener respuestas sobre los fondos adeudados. Su planteo estuvo vinculado tanto al crecimiento de los atrasos como a la negativa que, según relató, encuentra entre funcionarios provinciales cuando se aborda el reclamo.

Lapadula afirmó que la deuda con Río Grande supera los $18.000 millones y anunció que promoverán una nueva convocatoria al Ministerio de Economía en el ámbito legislativo. “Vamos a citar al Ministerio de Economía nuevamente para que nos explique qué es lo que está pasando con la coparticipación de los municipios”, anticipó.

Para el legislador, la discusión requiere que el Ejecutivo explique el manejo de los recursos y cumpla con las transferencias correspondientes. “Me pareciera que hoy no solo tenemos un gobierno que se financia con adelantos de coparticipación de la Nación, sino que se financia con la plata que le pertenece a los municipios”, expresó.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la postura oficial frente al reclamo. Sostuvo que existe deuda certificada por el Tribunal de Cuentas y aseguró que, pese a ello, en reuniones con funcionarios se desconoce su existencia.

“Es muy difícil avanzar en trabajar con alguien que, cuando uno le plantea cómo vamos a solucionar ese problema, lo primero que hace es negarlo y decir que no se adeuda nada”, señaló. En ese marco, explicó que esa respuesta alimenta sus sospechas sobre las razones de las demoras.

Lapadula remarcó que las consecuencias exceden la relación entre el Gobierno provincial y la administración municipal. “No están castigando a una gestión municipal, están castigando a los vecinos y vecinas de Río Grande”, afirmó, al retomar el planteo del intendente.

En ese sentido, sostuvo que las obras planificadas y comprometidas necesitan de los recursos previstos en el presupuesto y que la falta de transferencias dificulta su ejecución. También destacó el esfuerzo municipal para sostener los servicios, incluido el sistema de salud, en un escenario de restricciones financieras.

Consultado sobre una eventual presentación judicial, no descartó esa alternativa, aunque aclaró que corresponde a las áreas de cada municipio evaluar los pasos administrativos, institucionales y legales.

“Si hay una manda constitucional y hay una ley que dice que esos recursos son de los municipios, que tienen que transferirlos en tiempo y forma y no se hace, evidentemente hay un incumplimiento también por parte de los funcionarios que no lo hacen”, sostuvo.

De todos modos, expresó su expectativa de que el conflicto encuentre una respuesta antes de llegar a los tribunales. “Las cuestiones de la política se tienen que resolver con diálogo y con política”, manifestó.

Lapadula reconoció que la situación económica es compleja y que una deuda acumulada no puede cancelarse de un día para otro. Sin embargo, reclamó una señal concreta para frenar su crecimiento: “Que dejen de aumentar los días de demora y que, de alguna manera, empiecen a reducir esa importante deuda”, pidió.