Carrizo apuntó a la “fiesta de cargos”: el Gobierno busca fondos para educación sin achicar su estructura

Juan Carrizo puso en discusión las prioridades del Gobierno de Tierra del Fuego frente a la crisis educativa. El dirigente de AMET sostuvo que, antes de buscar nuevas fuentes de financiamiento, el Ejecutivo debe revisar sus gastos y determinar cuánto dinero puede destinar a salarios docentes, infraestructura y funcionamiento escolar mediante una redistribución de los recursos existentes.

“¿Qué es lo que quiere? ¿Más planta política o mejor educación? Bueno, eso es lo que tiene que decidir también el gobernador”, planteó.

Carrizo explicó que el sindicato propuso revisar la estructura gubernamental como parte del debate por el financiamiento educativo. Según indicó, la caída de los recursos provenientes de Nación obliga a establecer prioridades y a evaluar el tamaño de la administración política.

“El Gobierno es el primero que tiene que empezar a achicarse”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que la discusión se concentre en conseguir ingresos adicionales sin revisar previamente el esquema de cargos que sostiene el Ejecutivo.

El referente sindical utilizó la expresión “fiesta de cargos” para describir lo que considera una contradicción del planteo oficial: buscar recursos para educación mientras se mantiene la estructura actual. A su entender, el primer paso debe ser optimizar el dinero disponible y, sobre esa base, calcular cuánto falta para atender las necesidades del sistema educativo.

Los números que siguen esperando

Carrizo señaló que AMET participó de las reuniones de las comisiones de Educación y Economía, donde solicitó información sobre la ejecución del presupuesto educativo, los fondos destinados a infraestructura, el funcionamiento de las instituciones y la masa salarial.

Explicó que desde el Gobierno se comprometieron a entregar esa documentación, pero al momento de la entrevista el sindicato continuaba esperando el acceso a los datos y una nueva convocatoria para seguir debatiendo el proyecto.

“Si nosotros tenemos una base o tenemos datos claros de dónde partir, tenemos un punto para iniciar la discusión”, sostuvo. Sin esa información, advirtió, el intercambio queda sostenido sobre supuestos y resulta difícil determinar las necesidades reales de financiamiento.

El dirigente también señaló la contradicción entre el tratamiento de urgencia del proyecto y la falta de continuidad de las reuniones. Remarcó que necesitan tiempo para analizar la documentación, elaborar propuestas y avanzar hacia una ley consensuada y viable, sin resolver el debate a las apuradas.

Una ley no garantiza una respuesta inmediata

Para Carrizo, la eventual aprobación del proyecto no implica que los problemas salariales y edilicios vayan a resolverse de manera automática. Indicó que todavía deben aclararse cuestiones centrales: cuándo comenzarían a ingresar los nuevos recursos, cómo se distribuirían y qué impacto concreto tendrían.

“Para nosotros parecen cuestiones de forma más que de fondo”, expresó al evaluar las respuestas presentadas hasta el momento.

En ese marco, sostuvo que los salarios continúan muy por debajo de las necesidades docentes y que los anuncios de obras deben traducirse en trabajos ejecutados. También mencionó dificultades de conectividad en establecimientos educativos y en el propio Ministerio de Educación, como ejemplo de los problemas de funcionamiento que siguen pendientes.

AMET no ve, por ahora, una salida rápida que permita recomponer los salarios y garantizar las condiciones necesarias para el próximo ciclo lectivo, según describió su secretario general.

Horas cátedra y control de los fondos

Otro de los puntos que Carrizo pidió esclarecer es el uso de las horas cátedra. El dirigente sostuvo que, a lo largo de distintas gestiones, se utilizaron mecanismos de ese tipo para afrontar gastos ajenos al trabajo docente en las aulas.

No obstante, precisó que lo que buscan determinar es si esos pagos se realizan con las horas incluidas en el presupuesto educativo o con otras partidas que reciben la misma denominación. Para AMET, esa distinción es indispensable antes de establecer cuánto dinero está efectivamente disponible para salarios.

También pidió conocer cuántas horas fueron ejecutadas, cuántas quedan por utilizar y de dónde surgen los recursos destinados a los programas de recuperación de clases.

Carrizo reclamó, además, controles que garanticen que los fondos asignados a educación se utilicen para el fin previsto. Señaló que no alcanza con aprobar una norma que establezca ingresos si después no existe un seguimiento efectivo de su destino.

“Es información que debería estar disponible en cualquier momento y para quien lo necesite”, manifestó. El sindicato espera acceder a la documentación comprometida para elaborar un informe y llevar propuestas a la próxima reunión legislativa, que todavía no tenía fecha confirmada.