La Cámara de Diputados cerró una extensa jornada parlamentaria con dos resultados completamente diferentes sobre temas de enorme impacto social.
Por un lado, oficialismo y oposición consiguieron construir un acuerdo prácticamente inédito para aprobar un nuevo régimen permanente de protección para las personas con discapacidad.
Por otro, cuando llegó el momento de discutir herramientas frente al creciente endeudamiento de las familias, las diferencias volvieron a imponerse: el proyecto fue enviado nuevamente a comisión y no hubo ninguna medida aprobada para quienes acumulan deudas y dificultades para afrontar sus compromisos mensuales.
La votación sobre discapacidad fue contundente: 237 diputados acompañaron el proyecto, nueve votaron en contra y cuatro se abstuvieron.
La iniciativa recibió respaldo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, PRO, UCR, gran parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales después de una negociación que obligó al oficialismo a aceptar numerosas modificaciones reclamadas por la oposición y organizaciones vinculadas al sector.
No se trata todavía de una ley vigente: Diputados le dio media sanción y ahora deberá aprobarla el Senado.
El nuevo esquema busca reemplazar la actual emergencia en discapacidad, que vence a fines de 2026, por un régimen permanente denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
Ese es uno de los cambios centrales: en lugar de volver periódicamente al Congreso para prorrogar una emergencia, el proyecto pretende establecer derechos, financiamiento y mecanismos de control permanentes.
El texto aprobado conserva buena parte de las protecciones que estaban contempladas en la legislación de emergencia.
La pensión por discapacidad se mantiene en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad continuará siendo una de las herramientas centrales para acceder al beneficio.
También se mantiene una cuestión particularmente importante para la inclusión laboral: la pensión podrá ser compatible con un empleo formal o con la inscripción tributaria siempre que los ingresos individuales no alcancen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto conserva además el nomenclador único de prestaciones y los aranceles unificados, junto con mecanismos automáticos de actualización vinculados a la evolución de los precios. También garantiza la continuidad de la cobertura sanitaria mediante Incluir Salud para quienes perciban las pensiones alcanzadas por el régimen.
Otro punto que generó fuertes negociaciones fue el financiamiento.
El texto finalmente establece que las partidas destinadas al sistema no podrán perder recursos en términos reales respecto del ejercicio anterior y contempla mecanismos para garantizar los fondos necesarios.
La nueva norma no elimina los controles.
Por el contrario, establece auditorías periódicas mediante cruces de información con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, pero incorpora el denominado “debido proceso inclusivo” para evitar bajas sin notificación ni posibilidad de defensa.
Además, uno de los cambios incorporados en las últimas horas apunta a la deuda con los prestadores.
Si al momento de entrar en vigencia la ley existen compensaciones pendientes, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pago dentro de los primeros 30 días y cancelar esas obligaciones dentro de los 90 días.
El resultado fue un proyecto muy diferente al planteado inicialmente en el Presupuesto 2027, que había generado cuestionamientos porque endurecía condiciones para las pensiones y modificaba aspectos del nomenclador. Durante las negociaciones, el oficialismo retrocedió sobre buena parte de esas modificaciones para conseguir el amplio consenso alcanzado finalmente en el recinto.
El desenlace fue muy diferente cuando llegó el turno de una problemática que también atraviesa a millones de argentinos: el sobreendeudamiento de los hogares.
Después de horas de sesión y ya entrada la madrugada, la diputada libertaria Silvana Giudici presentó una moción para que el expediente regresara a comisión.
La propuesta fue aprobada por apenas cuatro votos de diferencia: 121 diputados votaron a favor de devolverla a comisión, 117 rechazaron esa alternativa y cinco se abstuvieron. Inmediatamente después, la sesión fue levantada.
En consecuencia, ninguno de los proyectos de desendeudamiento obtuvo media sanción.
El problema vuelve ahora a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde ya existen diferentes propuestas y dictámenes para abordar la morosidad y el sobreendeudamiento de personas humanas.
La postergación adquiere especial relevancia por el momento económico.
Entre las iniciativas que estaban en discusión existen diferencias importantes. Algunos proyectos plantean principalmente prevención, información financiera y mecanismos para evitar el sobreendeudamiento, mientras otros proponen directamente esquemas de refinanciación, límites sobre las cuotas y herramientas extraordinarias para quienes ya se encuentran en mora.
Pero nada de eso consiguió convertirse esta madrugada en una decisión de la Cámara.
Y allí aparece el fuerte contraste que dejó la sesión.
Para discapacidad, los bloques finalmente negociaron, modificaron el texto y consiguieron 237 votos para construir un nuevo marco permanente.
Para las familias endeudadas, en cambio, las diferencias políticas volvieron a postergar una definición.
Después de más de 15 horas de debate, Diputados terminó dando una respuesta concreta a uno de los temas sociales más sensibles del año, mientras dejó abierto otro que crece mes a mes en los hogares argentinos.
La discapacidad avanzó hacia un régimen permanente y ahora espera al Senado. El desendeudamiento familiar, una vez más, deberá seguir esperando en comisión.