Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos y delegada de ATE, cuestionó la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y acompañó el reclamo que representantes de APDFA, SUTAP, IDC y CTA llevaron hasta las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.
En declaraciones a FM Centro, sostuvo que la protesta busca mantener visible el conflicto y exigir una respuesta judicial. “Están visibilizando la causa que estamos llevando hace nueve meses por la usurpación y el robo del puerto de nuestra ciudad”, expresó.
“Esto no es una intervención, es una usurpación”, afirmó Barría, al cuestionar las condiciones en las que se desarrolla la administración nacional de la terminal portuaria. Según planteó, el desplazamiento de trabajadores y las restricciones al ingreso de autoridades provinciales contradicen los argumentos utilizados para justificar la medida.
“Una intervención normal era con la gente adentro, no con la gente afuera, no desplazando trabajadores, no incumpliendo toda la legislación y la normativa provincial”, manifestó. También denunció que “no dejan pasar a la gente de ambiente” ni a funcionarios del Gobierno fueguino.
Para la delegada, sostener el reclamo resulta fundamental para evitar que la situación se naturalice. Señaló que los trabajadores buscan, desde el inicio del conflicto, “no permitir que esto de la intervención se normalice”.
Barría explicó que existen distintas presentaciones judiciales que cuestionan la legalidad de la intervención. Entre ellas, mencionó las impulsadas por la Provincia, la Fiscalía de Estado y un grupo de 63 trabajadores portuarios.
“Todos los trabajadores y las autoridades portuarias y en la provincia necesitamos que la Corte se expida”, sostuvo. Consideró que el conflicto puede encontrar una salida por la vía judicial o mediante una decisión política, pero insistió en la necesidad de una resolución.
Durante la entrevista también hizo referencia a una posible reunión entre representantes provinciales y la Corte. Sin embargo, aclaró que se trataba de información extraoficial y que desconocía quiénes participaban y los detalles del encuentro.
La trabajadora también fue consultada por los anuncios vinculados con el muelle de catamaranes. Al respecto, dijo que no contaba con información sobre esas iniciativas y extendió sus críticas a la gestión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Barría denunció presuntos sobreprecios en las licitaciones, aunque durante la entrevista no detalló documentación ni comparaciones de costos que permitieran corroborar esa acusación. Sostuvo que los anuncios de modernización no se reflejaron en mejoras visibles en la terminal.
“Arrancaron la temporada con la misma infraestructura portuaria que nosotros manejábamos antes que tomen el puerto”, aseguró.
En esa línea, cuestionó la distancia entre los trámites administrativos y los resultados: “Hay mucho papeleo dando vuelta, muchas licitaciones, muchos sobreprecios y demás, pero obras en concreto no hemos visto”.
Sobre los trabajos en el muelle comercial, Barría afirmó que se están colocando defensas que pertenecían a la Dirección Provincial de Puertos y que se encontraban en desuso. Según su relato, esos elementos habían sido retirados de Río Grande y permanecían almacenados en la plazoleta fiscal.
“No son defensas nuevas”, sostuvo. Agregó que los trabajadores no habían observado el ingreso de un volumen de 75 defensas, una cantidad que, según explicó, implicaría un movimiento considerable de materiales.
La delegada también cuestionó las condiciones ambientales de las tareas sobre el canal Beagle y señaló que deben ajustarse a las exigencias de la normativa provincial. Reclamó que las intervenciones contemplen el cuidado de ese patrimonio natural.
Barría reiteró la expectativa de los trabajadores de obtener una respuesta judicial favorable al reclamo provincial. “Esperamos y tenemos fe y creemos en la justicia”, expresó, y remarcó la importancia de defender el Puerto de Ushuaia.