GENERALES | 30 OCT 2026
CRISIS EDUCATIVA DE TU BOLSILLO
Melella, Vuoto y Catena: el acuerdo de una ley que abre la puerta a un nuevo impuesto al gas
El PJ y FORJA impulsaron un dictamen favorable al proyecto de Financiamiento Educativo del Gobierno provincial, que mantiene un gravamen sobre la distribución de gas natural. La iniciativa, vinculada al acuerdo político y salarial entre Gustavo Melella y el gremio docente que conduce Horacio Catena (ligado también a Vuoto), abre una nueva controversia sobre el costo que terminará trasladándose a las familias fueguinas. Aunque sus impulsores aseguran que no habrá aumentos en las facturas por este impuesto, todavía está en discusión quien garantizará que los usuarios no resulten afectados.
La alianza política que sostiene el proyecto de Financiamiento Educativo de Gustavo Melella dio un nuevo paso en la Legislatura fueguina. Con las firmas de representantes del PJ, FORJA y Sumemos Tolhuin, las comisiones de Educación y Economía emitieron un dictamen favorable que conserva nuevas cargas tributarias, entre ellas un gravamen sobre la distribución de gas natural.
El dictamen fue acompañado por los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez, de FORJA; María Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García, del PJ; y Gisela Dos Santos, de Sumemos Tolhuin.
La decisión vuelve a poner en el centro de la discusión el costo del acuerdo político y salarial impulsado por el Gobierno de Melella con el SUTEF, conducido por Horacio Catena, y acompañado legislativamente por el espacio político del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.
El punto más controvertido es la decisión de incorporar un impuesto sobre la actividad de distribución de gas natural, un servicio esencial para las familias de Tierra del Fuego, particularmente durante los meses de bajas temperaturas.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba aplicar una alícuota del 3,4% sobre esta actividad, hasta ahora alcanzada por una tasa de Ingresos Brutos del 0%. Aunque el nuevo dictamen incorpora modificaciones, mantiene al gas entre las fuentes de recursos previstas.
Desde el PJ, el legislador Juan Carlos Pino aseguró que el gravamen recaerá sobre Camuzzi y que no deberá provocar incrementos en las facturas domiciliarias. Sin embargo, esa afirmación no elimina el interrogante central: qué mecanismos impedirán que un mayor costo tributario sobre la distribuidora termine siendo trasladado, directa o indirectamente, a las facturas de quienes pagan el servicio.
La controversia adquiere mayor relevancia en un contexto de aumentos tarifarios y dificultades económicas para las familias fueguinas. La eventual incorporación de nuevas cargas sobre un servicio indispensable abre una discusión que excede las necesidades de financiamiento del sistema educativo.
El dictamen también contempla una carga adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre actividades del Banco de Tierra del Fuego, junto con otras fuentes de recaudación. De esta manera, el oficialismo provincial y sus aliados avanzan con una propuesta que busca conseguir nuevos ingresos mediante modificaciones impositivas.
La necesidad de fortalecer la educación pública no está en discusión. Lo que genera cuestionamientos es que, frente a una crisis educativa y financiera que lleva meses sin resolverse, la respuesta del Gobierno provincial vuelva a concentrarse en la creación de nuevos tributos, sin que exista todavía una explicación suficiente sobre su impacto económico final.
La decisión también expone la responsabilidad política de quienes acompañan el proyecto. Melella impulsa la iniciativa desde el Ejecutivo; el sector legislativo del PJ vinculado a Walter Vuoto contribuyó a darle dictamen; y el SUTEF, conducido por Catena, participa de la discusión por el financiamiento comprometido para el sistema educativo.
El próximo lunes 2 de noviembre, la Legislatura deberá abordar el proyecto en una sesión especial, donde se pondrá a prueba el respaldo político conseguido en las comisiones.
El debate de fondo no es solamente cuánto dinero necesita la educación fueguina, sino quién terminará pagando los recursos que el Gobierno pretende recaudar. Mientras no existan garantías claras y verificables de que el nuevo gravamen no afectará las tarifas, el costo de financiar el acuerdo entre el Gobierno provincial y el sector docente seguirá proyectando una incertidumbre concreta sobre el bolsillo de los vecinos de Tierra del Fuego.
