POLíTICA | 1 NOV 2026
CARTA PARA LA PROVINCIA
Coparticipación: Río Grande intimó a la Provincia y advierte sobre posibles responsabilidades penales
El conflicto por la coparticipación escaló a una instancia formal. Ante las reiteradas demoras en el envío de recursos que corresponden legalmente a Río Grande, el Municipio intimó a la Contadora General y a la Tesorera provincial a regularizar las transferencias pendientes. La deuda estimada al 30 de septiembre supera los $17.294 millones y, según la documentación municipal, existen fondos que fueron girados fuera de los plazos correspondientes. La intimación establece 48 horas para adoptar medidas y advierte sobre posibles acciones judiciales e investigaciones de responsabilidades administrativas y penales.
La creciente deuda de coparticipación que el Gobierno de Gustavo Melella mantiene, según los registros municipales, con Río Grande llevó el conflicto a una nueva instancia. El Municipio decidió intimar formalmente a las autoridades provinciales responsables de administrar los recursos públicos, ante las reiteradas demoras en la transferencia de fondos que pertenecen legalmente a la ciudad.
La medida se concretó el 30 de octubre mediante cartas documento dirigidas a Yesica Solange Flecha, Contadora General de la Provincia, y Romina Rouco, Tesorera provincial, a quienes se exige adoptar las medidas necesarias para regularizar las obligaciones pendientes.
Según las liquidaciones de la Secretaría de Finanzas Públicas y los antecedentes del Tribunal de Cuentas Municipal, la deuda estimada al 30 de septiembre asciende a $17.294.814.520, entre fondos de coparticipación, regalías hidrocarburíferas y conceptos correspondientes al Bono de Compensación.
Pero el reclamo no se limita al dinero adeudado. La Municipalidad también cuestiona las demoras sistemáticas en el envío de recursos que la Provincia tiene la obligación de distribuir, una situación que afecta directamente la planificación presupuestaria y la capacidad de sostener servicios, obras y compromisos municipales.
Las cartas documento señalan que el cotejo entre los decretos provinciales de liquidación y las transferencias efectivamente realizadas permitió detectar fondos que fueron acreditados con posterioridad a los períodos correspondientes.
El punto central del planteo es que la coparticipación no constituye una ayuda financiera ni una concesión del Gobierno provincial. Son recursos que corresponden a Río Grande por ley y cuya transferencia debe realizarse en tiempo y forma.
La intimación se fundamenta en el artículo 135 de la Constitución provincial y establece un plazo de 48 horas desde su recepción para que las funcionarias adopten las medidas necesarias para regularizar las transferencias y brinden información detallada sobre las liquidaciones, los pagos efectuados y cualquier retención o diferimiento aplicado.
La advertencia también alcanza las posibles consecuencias legales. El Municipio se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, requerir la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y presentar denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de investigar eventuales responsabilidades de funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones.
La decisión de Río Grande expone la gravedad de un conflicto que ya no se limita a diferencias contables. Cuando los recursos municipales no llegan oportunamente, se compromete la previsibilidad financiera de una administración que debe garantizar prestaciones esenciales y responder diariamente a las necesidades de sus vecinos.
Con una deuda reclamada que supera los $17.294 millones, la gestión de Melella enfrenta ahora una intimación formal que exige regularizar los fondos pendientes y responder por las demoras denunciadas.
El planteo municipal establece un límite institucional: los recursos de Río Grande no pueden quedar sujetos a los tiempos ni a las prioridades financieras del Gobierno provincial. La coparticipación es una obligación legal y su cumplimiento resulta fundamental para garantizar la autonomía de la ciudad.
