Promesas para el comercio, pero con letra chica: no todos podrán acceder a los beneficios

Sobre el papel suena bien. El problema comienza cuando se mira la letra chica y, sobre todo, cuando se repasa una década de emergencias, programas, líneas crediticias y anuncios que ya atravesó Tierra del Fuego.

El Asunto 663/26, impulsado por Sciurano, propone declarar la emergencia durante doce meses y contempla como una de sus herramientas centrales un subsidio equivalente al 100% del monto correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, inicialmente por seis meses y eventualmente prorrogable por otros seis.

Sería, sin dudas, una ayuda importante.

Pero no será para todos.

Para acceder habrá que acreditar una caída real de facturación superior al 25%, comparando períodos equivalentes contra 2025 y actualizando esos valores mediante el IPC. Además habrá que mantener, como mínimo, la misma cantidad de trabajadores registrados que integraban la planta en junio de 2026.

Y hay otra restricción importante: los contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral quedan afuera de este beneficio.

Ahí aparece la primera paradoja.

Un comercio puede estar prácticamente asfixiado, haber perdido un 20%, 22% o hasta un 24% real de su facturación y no alcanzar el piso exigido. También puede haber tenido que reducir personal precisamente para evitar cerrar sus puertas y, por haberlo hecho después de junio, quedar fuera de la asistencia.

Para demostrar que necesita ayuda tendrá que demostrar primero que sobrevivió buena parte de la crisis sin tocar su estructura laboral.

Otra vez el Banco de Tierra del Fuego

El proyecto de Sciurano vuelve a colocar al Banco de Tierra del Fuego en un lugar central.

Se le solicita implementar promociones para incentivar el consumo mediante descuentos, reintegros, cuotas sin interés o tasas preferenciales. También se plantea un programa especial de financiamiento para capital de trabajo, pago de salarios, refinanciación de obligaciones, adquisición de mercadería, insumos y equipamiento.

Todo atractivo.

Pero falta una pregunta bastante básica:

¿A qué tasa?

El texto no lo dice.

Tampoco determina cuánto dinero podrá recibir cada comerciante, cuáles serán las garantías, qué scoring exigirá el Banco, cuánto deberá facturar, cuál será el nivel máximo de endeudamiento admitido ni cuáles serán concretamente las condiciones para que alguien sea considerado sujeto de crédito.

El propio artículo 15 establece que será el BTF quien posteriormente defina tasas, montos máximos, plazos, garantías y mecanismos de evaluación crediticia.

Es decir que hoy se anuncia el crédito, pero las condiciones fundamentales del crédito todavía no están escritas.

Y después de tantos anuncios del Banco de Tierra del Fuego durante los últimos años, es lógico que aparezca desconfianza.

Porque acceder a un programa público no debería transformarse en una carrera de obstáculos donde pareciera que, además de tener un comercio en problemas, hubiese que rezar diez Padrenuestros, ser hincha de Boca, llevar un tatuaje en la frente, conocer la contraseña secreta del mostrador y esperar que Mercurio deje de estar retrógrado para calificar.

Y, por las dudas, quizás también convenga presentarse con una estampita, una pata de conejo y el teléfono de alguien que “conoce a uno adentro”, no sea cosa que el comerciante cometa el error de creer que alcanza con trabajar, pagar impuestos y demostrar que está en problemas.

La exageración sirve para describir una preocupación bastante concreta: si las reglas no están previamente claras, el acceso puede terminar pareciendo discrecional.

No hay elementos en el proyecto que permitan afirmar que el Banco otorgue financiamiento “a los amigos”. Pero justamente por tratarse de un banco público, debería existir tanta transparencia que ni siquiera pueda instalarse la sospecha de que algunos tienen una ventanilla más fácil que otros.

Publicar cuántos solicitaron créditos, cuántos fueron aprobados, cuántos rechazados y por qué motivo sería una forma bastante sencilla de terminar con cualquier especulación.

Una película que Tierra del Fuego ya vio

Tampoco estamos ante el primer salvavidas anunciado para el comercio fueguino.

En 2019, la Legislatura sancionó la Ley Provincial 1281 declarando la Emergencia Comercial en toda Tierra del Fuego durante 180 días, prorrogables por otro período igual. Entre sus herramientas se autorizó a AREF a suspender el inicio y la continuidad de ejecuciones fiscales para los contribuyentes alcanzados.

En 2020, en plena pandemia, apareció el programa PROGRESO y el BTF presentó siete líneas crediticias. En aquella oportunidad, al menos, los números estaban sobre la mesa: se anunciaban préstamos para capital de trabajo al 23% anual, plazos de 24 meses y hasta nueve meses de gracia; también existían líneas para salarios, aguinaldos y alquileres comerciales.

Un año después llegó PROGRESO II.

En marzo de 2021 se anunciaron créditos bancarios de hasta $10 millones con una tasa fija del 22% durante las primeras 24 cuotas, subsidiada con fondos nacionales y provinciales. El propio Gobierno aclaraba además que el solicitante debía calificar como sujeto de crédito y que quienes no lo hicieran serían derivados a otras herramientas del Ministerio de Producción.

Según datos oficiales de aquella época, la primera etapa había colocado cerca de $700 millones y alcanzado a más de 400 empresas y emprendimientos.

En 2024 apareció otra herramienta, el denominado Programa de Fortalecimiento al Consumo. El Gobierno informó más de 180 operaciones para comercios y PyMEs, créditos de hasta $20 millones, un plazo de 24 meses, tres meses de gracia y una tasa fija subsidiada del 25%.

Y los anuncios continuaron durante 2026.

En enero, el BTF volvió a presentar una reducción de tasas para el sector productivo: capital de trabajo al 37% fijo, bienes de capital al 39%, plazos extendidos y períodos de gracia.

En agosto, el Gobierno volvió a anunciar junto al Banco medidas de alivio y desendeudamiento, con refinanciaciones, períodos de gracia y distintas tasas según la situación financiera de cada cliente.

Emergencia, PROGRESO, PROGRESO II, fortalecimiento al consumo, nuevas líneas, reducción de tasas, refinanciaciones y ahora otra emergencia.

Los nombres fueron cambiando.

La crisis del comercio, en cambio, sigue apareciendo año tras año.

El problema no es anunciar, sino mostrar resultados

Por eso quizás llegó el momento de cambiar la discusión.

No alcanza con preguntar cuántos millones “se pusieron a disposición”.

Hay que preguntar cuántos comerciantes golpearon la puerta, cuántos entraron y cuántos quedaron afuera.

¿Cuántos créditos solicitó el sector privado?

¿Cuántos aprobó efectivamente el BTF?

¿Cuántos rechazó?

¿Por qué motivos?

¿Qué porcentaje de las líneas anunciadas terminó realmente colocado?

¿Cuántos de esos recursos llegaron a pequeños comercios y cuántos terminaron concentrados en empresas de mayor tamaño y mejor espalda financiera?

Esos números permitirían saber si detrás de cada anuncio hubo realmente una política masiva de asistencia o si buena parte de las herramientas terminaron siendo inaccesibles para aquel pequeño comerciante que justamente más las necesitaba.

¿Y el componente electoral?

También existe una lectura política difícil de evitar.

Estamos terminando 2026 y entrando en la antesala de un año electoral.

Eso no convierte automáticamente al proyecto presentado por Federico Sciurano en electoralista. El texto no contiene ningún elemento que permita afirmar semejante cosa.

Pero después de años de reclamos por caída del consumo, costos crecientes, cierres, endeudamiento y pérdida de rentabilidad, resulta razonable preguntarse por qué una medida de semejante alcance aparece ahora y no cuando comenzaron a encenderse las primeras alarmas.

Porque si la situación comercial viene deteriorándose desde hace tiempo, la emergencia tampoco nació la semana pasada.

Y cuando las soluciones más contundentes aparecen cerca del calendario electoral, la sospecha de oportunismo político inevitablemente queda sobre la mesa.

La mejor forma de despejarla no es con discursos.

Es con resultados.

Una ayuda importante que puede terminar alcanzando a pocos

El proyecto tiene herramientas interesantes y sería absurdo negarlo.

Cubrir el equivalente al 100% de Ingresos Brutos puede significar un alivio verdadero. Un crédito realmente barato puede salvar un comercio. Un programa fuerte de descuentos puede recuperar ventas.

Pero para que eso suceda hay que evitar que la letra chica termine devorándose el anuncio.

¿Por qué un comercio que perdió 24% no merece ayuda y otro que perdió 26% sí?

¿Por qué no establecer beneficios escalonados según la caída de facturación?

¿Qué ocurre con quien tuvo que despedir empleados precisamente porque ya no podía sostenerlos?

¿Cuántos quedarán afuera por Convenio Multilateral?

¿A qué tasa concreta prestará el BTF?

¿Qué garantías pedirá?

¿Quién calificará?

¿Quién no?

Y, fundamentalmente, ¿habrá un registro público que permita conocer a quiénes efectivamente llegó la asistencia?

El proyecto establece informes trimestrales con cantidad de establecimientos beneficiados, montos destinados, puestos laborales preservados y resultados de los programas de financiamiento. Eso es positivo.

Pero después de tantos años de planes y anuncios, el comercio fueguino merece algo más que otra fotografía institucional.

No necesita que le vuelvan a contar que la situación es difícil. Ya la conoce porque la vive todos los días detrás del mostrador.

Necesita saber cuánto le van a prestar.

A qué tasa.

Qué tiene que presentar.

Cuánto demorará.

Y si verdaderamente podrá acceder.

Porque después de una década de emergencias y programas, la diferencia entre una política pública y otro anuncio electoral no estará en el nombre de la ley ni en el tamaño del cartel.

Estará en cuántos comercios logren atravesar la puerta del Banco y recibir efectivamente la ayuda prometida.