Vuoto cuestionó que el debate se reduzca a Melella y Catena mientras las aulas siguen esperando

La legisladora provincial Victoria Vuoto cuestionó que la discusión sobre el financiamiento educativo quede concentrada en las disputas con el gobernador Gustavo Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, mientras continúan sin resolverse los problemas de docentes, estudiantes y familias.

Durante una entrevista en FM Centro, la vicepresidenta primera de la Legislatura defendió el dictamen que llegó al recinto y sostuvo que el debate debe recuperar su objetivo central: garantizar recursos y una planificación sostenida para la comunidad educativa.

“Pareciera que estamos discutiendo con Gustavo Melella o con Horacio Catena”, planteó. Frente a ese escenario, remarcó que la iniciativa debe evaluarse por sus respuestas al sistema educativo y no como una herramienta destinada a beneficiar al Gobernador o al dirigente sindical.

Vuoto recordó que la discusión lleva 25 meses en la Legislatura y consideró insuficiente el argumento de que hace falta más tiempo para analizarla.

“Se nos paga para eso, para decidir, y en dos años no somos capaces de tomar una decisión”, cuestionó.

La legisladora advirtió que las consecuencias de las demoras se sienten fuera del recinto. Mencionó a docentes que no llegan a fin de mes, estudiantes que asisten a edificios con dificultades y familias afectadas por las interrupciones del calendario escolar. Según señaló, este año se acumularon 45 días de paro.

En ese marco, atribuyó las postergaciones a “una falta de voluntad política de algunos legisladores de avanzar con una ley de financiamiento” y sostuvo que algunos no se animan a expresar su verdadera posición.

Para Vuoto, la discusión ofrece la posibilidad de abandonar una dinámica de respuestas transitorias. Recordó que la provincia viene atravesando sucesivas emergencias educativas y reclamó avanzar hacia una política con objetivos de mediano plazo.

“Educación necesita más inversión y también necesitamos optimizar el gasto”, afirmó al responder a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos provinciales.

Según explicó, el dictamen contempla una proyección de inversión a cinco años, con un piso del 7,8% del Producto Bruto Geográfico, una pauta salarial vinculada con la canasta básica total y un 40% de los fondos destinado a infraestructura.

También indicó que el Ejecutivo deberá presentar en 180 días un Plan de Mejora Educacional para los próximos cinco años, con participación de docentes, estudiantes y familias.

Otro de los puntos que destacó fue la creación de un observatorio para monitorear la ejecución del gasto y los resultados del sistema educativo, con intervención de distintas áreas del Estado, la Legislatura y representantes de los trabajadores. A su entender, ese mecanismo permitiría discutir el uso de los recursos con información y herramientas concretas de seguimiento.

Vuoto también rechazó la caracterización del dictamen como un aumento generalizado de impuestos. “No hay ningún impuestazo”, aseguró, y diferenció el texto elaborado en comisión de otras propuestas analizadas durante el proceso.

Sostuvo que no se crean nuevos impuestos para los vecinos ni se incrementan las alícuotas de las actividades comerciales o productivas, sino que se revisan exenciones de Ingresos Brutos. En ese punto, defendió que actividades vinculadas con el Banco de Tierra del Fuego, la distribución de gas natural y Terra Ignis contribuyan al financiamiento.

Sobre la posibilidad de que la carga sobre la distribución de gas termine trasladándose a los usuarios, afirmó que el dictamen contempla una salvaguarda para dejarla sin efecto y buscar otra fuente de recursos si la empresa solicita una actualización tarifaria por ese motivo.

Además, señaló que parte de esos fondos se destinaría a conexiones domiciliarias de gas y a mejoras en las instalaciones de calefacción de los edificios educativos.

La legisladora ubicó la discusión en un contexto de caída de los aportes nacionales. Según sus estimaciones, la eliminación de 17 programas representa unos $12.000 millones menos para la educación fueguina, una pérdida que, advirtió, no puede compensarse únicamente con un ordenamiento del gasto.

Con el debate todavía abierto, Vuoto sostuvo que existe margen para introducir modificaciones al dictamen durante la sesión y avanzar hacia su aprobación. Para la legisladora, la posibilidad de alcanzar una ley depende de la voluntad política de los bloques de acordar un financiamiento específico para la educación.