GENERALES | 4 NOV 2026
PRESUPUESTO EN ROJO Y NUEVOS IMPUESTOS
Más impuestos, menos explicaciones: el debate educativo que incomoda al Gobierno provincial
Mientras el Gobierno de Gustavo Melella, el PJ y el SUTEF impulsan una ley para generar nuevos recursos mediante impuestos y aportes de empresas como el Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi, la Legislatura tiene pendiente una discusión fundamental: el Presupuesto 2027. El proyecto oficial ya contempla un déficit de casi $138.000 millones, pero el debate político parece concentrarse en conseguir más recaudación antes que en explicar cómo se utilizan los recursos existentes, cuánto cuesta realmente el sistema educativo y qué sucede con las horas cátedra financiadas por el Estado.
La discusión por la Ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego comienza a exhibir una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno provincial busca nuevas fuentes de recaudación para sostener la educación pública, mientras permanece pendiente el debate sobre el Presupuesto 2027, la principal herramienta institucional para establecer las prioridades de inversión del Estado.
La iniciativa impulsada por Gustavo Melella, acompañada por sectores del justicialismo y la conducción del SUTEF, pretende crear un fondo específico mediante nuevos gravámenes y aportes provenientes de distintas actividades económicas.
Entre las fuentes propuestas aparecen un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos del Banco de Tierra del Fuego, una carga vinculada con la actividad de Camuzzi, aportes de Terra Ignis y modificaciones tributarias sobre predios rurales.
El oficialismo sostiene que estos recursos permitirán garantizar salarios, infraestructura y funcionamiento escolar. Sin embargo, la discusión parece orientarse principalmente hacia la búsqueda de nuevos ingresos y no hacia una evaluación integral de cómo se administra el presupuesto educativo actual.
El interrogante adquiere mayor importancia cuando se observan las propias proyecciones del Ejecutivo. El Presupuesto Provincial 2027 contempla gastos por aproximadamente $2,74 billones, ingresos por $2,60 billones y un desequilibrio cercano a los $138.000 millones.
Es decir, el Gobierno que pretende crear nuevas fuentes de financiamiento educativo reconoce simultáneamente que su presupuesto general no consigue equilibrar los recursos con los gastos previstos.
¿Por qué avanzar con nuevos impuestos sin discutir primero el presupuesto que determina cuánto dinero recibirá Educación, cómo será ejecutado y cuáles serán las prioridades del próximo año?
El planteo no significa desconocer los problemas salariales docentes ni las necesidades de mantenimiento de las escuelas. Por el contrario, una política educativa seria requiere financiamiento suficiente, continuidad y transparencia.
Pero también exige explicar cuánto cuesta realmente el sistema, cómo se distribuyen sus recursos y qué resultados obtiene la comunidad de esa inversión.
En ese punto aparece una discusión que permanece abierta: el destino de las horas cátedra financiadas con recursos educativos.
El propio SUTEF advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce de 1.200.000 a 1.008.000 las horas cátedra previstas, una disminución del 16%. Al mismo tiempo, desde la Legislatura se reclamó mayor información sobre su distribución, el costo total y las funciones efectivamente desempeñadas.
Resulta imprescindible conocer cuántas horas están destinadas a la enseñanza frente a alumnos, cuántas corresponden a otras tareas dentro del sistema y si existen asignaciones a dependencias ajenas a la actividad educativa.
No se trata de presumir irregularidades, sino de exigir información sobre uno de los componentes más importantes del gasto público provincial. Antes de reclamar mayores aportes económicos a distintos sectores, el Estado debería poder mostrar con precisión cómo utiliza los recursos que ya administra.
También corresponde examinar el papel político del justicialismo y del SUTEF en esta discusión. Ambos sectores acompañan una herramienta de financiamiento adicional, pero el debate todavía no ofrece respuestas suficientes sobre la relación entre el nuevo fondo, las partidas ordinarias del Ministerio de Educación y las prioridades establecidas en el Presupuesto 2027.
En particular, resulta llamativo que el propio gremio docente haya cuestionado las previsiones educativas del presupuesto provincial y, al mismo tiempo, impulse junto al Gobierno una ley que busca incorporar nuevos recursos.
La discusión sobre el Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi tampoco es menor. Aunque los impulsores del proyecto aseguran que las nuevas cargas no se trasladarán a determinados usuarios, la Legislatura tiene la responsabilidad de evaluar sus consecuencias económicas y establecer controles efectivos para evitar impactos indirectos sobre la comunidad.
La pregunta de fondo es si Tierra del Fuego necesita exclusivamente más recaudación o si también requiere una revisión profunda de sus prioridades presupuestarias, la organización del gasto y los mecanismos de control.
Después de una sesión que terminó sin los votos necesarios y pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre, el Gobierno provincial y sus aliados tienen una nueva oportunidad para explicar la verdadera dimensión de su propuesta.
El financiamiento educativo no puede discutirse como si estuviera separado del presupuesto general de la Provincia. Una ley especial puede complementar la inversión, pero no reemplaza la obligación del Ejecutivo de presentar cuentas claras, justificar sus gastos y administrar eficientemente los recursos públicos.
La educación fueguina necesita mejores salarios, escuelas en condiciones y continuidad pedagógica. Pero también necesita un Estado capaz de demostrar que cada peso destinado al sistema cumple efectivamente esa finalidad.
Antes de pedir nuevos impuestos, el Gobierno de Melella debería explicar cuánto invierte realmente en educación, cómo distribuye esos fondos y por qué el Presupuesto 2027 no alcanza para sostener las obligaciones que el propio Estado debe garantizar.
Porque financiar la educación es indispensable. Pero hacerlo sin discutir seriamente el presupuesto, la administración y el destino de los recursos sería dejar fuera del debate una parte fundamental del problema.
