¿Está en riesgo la autonomía del BTF? Martínez denunció restricciones impuestas desde Nación

La legisladora provincial de FORJA, Myriam Martínez, lanzó una fuerte denuncia sobre la situación del Banco de Tierra del Fuego (BTF) y cuestionó las decisiones del Banco Central de la República Argentina, al sostener que existen restricciones nacionales que condicionan la utilización de las ganancias de la entidad financiera provincial.

En declaraciones a FM del Pueblo, Martínez fue contundente al describir el escenario que, según su interpretación, atraviesa el banco público fueguino: “Nosotros, de manera encubierta, tenemos intervenido el Banco de Tierra del Fuego”.

La legisladora explicó que su acusación está relacionada con una resolución del Banco Central que establece limitaciones a la distribución de las utilidades de las entidades financieras, una situación que considera especialmente perjudicial para Tierra del Fuego en momentos en que el Gobierno provincial busca nuevas fuentes de financiamiento.

¿Quién decide sobre las ganancias del Banco de Tierra del Fuego?

El planteo de Martínez pone sobre la mesa una discusión que excede el funcionamiento cotidiano del banco: hasta dónde llega la capacidad de la Provincia para disponer de las ganancias de una entidad financiera que pertenece al Estado fueguino.

Según expresó, las disposiciones del Banco Central impiden utilizar libremente esos recursos para atender las necesidades provinciales.

Sin embargo, es importante distinguir entre una intervención formal y las facultades regulatorias de la autoridad monetaria. El Banco Central establece condiciones para la distribución de utilidades de las entidades financieras de todo el país, por lo que esas restricciones no significan, por sí mismas, que haya asumido el control del BTF.

En consecuencia, la denuncia de una “intervención encubierta” es una interpretación política de Martínez, aunque abre el debate sobre el margen de autonomía financiera que conserva la Provincia.

El banco público y el financiamiento educativo

Las declaraciones se produjeron en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, cuyo dictamen contempla una alícuota del 3% de Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego, entre otras fuentes de recaudación.

Martínez defendió la participación de la entidad en el sostenimiento del sistema educativo y recordó el papel que desempeñó durante la pandemia, cuando se impulsaron líneas de crédito, subsidios y asistencia para comercios, pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes.

También mencionó el programa Progreso y los instrumentos de acompañamiento económico que se pusieron en funcionamiento durante aquella emergencia.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el banco público debe colaborar con las necesidades de la comunidad educativa.

“Nosotros entendemos que el banco también tiene que aportar para el acompañamiento del financiamiento educativo”, manifestó.

La legisladora argumentó que el Estado provincial ya destina importantes recursos a distintos sectores y recordó que el presupuesto contempla más de $40.000 millones para contribuir al sostenimiento de los salarios de establecimientos educativos privados.

Duro cuestionamiento a Natalia Gracianía

Martínez también apuntó directamente contra Natalia Gracianía, legisladora de La Libertad Avanza, por sus cuestionamientos durante la discusión sobre el banco provincial.

“La postura de La Libertad Avanza y de la legisladora Natalia Gracianía realmente es tremenda”, expresó.

La representante de FORJA rechazó los argumentos de su par sobre las restricciones financieras y cuestionó la interpretación que realizó durante el debate legislativo.

“Ella salió con un montón de disparates, cuestiones que no son así”, afirmó.

Martínez también recordó las declaraciones del presidente Javier Milei contra el Banco Central y cuestionó la postura de La Libertad Avanza frente a las actuales decisiones de la autoridad monetaria.

¿Qué hay detrás de la controversia?

La discusión presenta dos cuestiones diferentes que terminaron cruzándose en el debate político.

Por un lado, Martínez cuestiona las restricciones nacionales sobre la distribución de utilidades del BTF y sostiene que esas limitaciones afectan la disponibilidad de recursos provinciales.

Por otro, el dictamen educativo propone incorporar un gravamen del 3% sobre los ingresos brutos del banco, lo que generó cuestionamientos de legisladores que advierten sobre su posible impacto económico.

No se trata del mismo mecanismo. La distribución de utilidades depende de las ganancias disponibles y de las exigencias regulatorias, mientras que el impuesto propuesto alcanzaría los ingresos de la actividad financiera.

Esta diferencia resulta central porque una nueva carga tributaria podría afectar los resultados del banco independientemente de que el Banco Central autorice o no la distribución de ganancias.

Los impulsores del proyecto sostienen que incorporaron previsiones para impedir que el gravamen sea trasladado a los empleados públicos que utilizan los servicios de la entidad. Sin embargo, el impacto efectivo de esa disposición continúa siendo parte de la discusión legislativa.

Una discusión que sigue abierta

La controversia se desarrolla mientras la Legislatura de Tierra del Fuego mantiene pendiente la definición sobre el financiamiento educativo.

Martínez reconoció que el sector que impulsa el dictamen no reunió los ocho votos necesarios para aprobarlo y que la sesión pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre.

En ese escenario, el Banco de Tierra del Fuego quedó en el centro de dos debates: las restricciones nacionales para disponer de sus utilidades y la intención de incorporar nuevos aportes para sostener el sistema educativo.

La denuncia de Martínez sumó tensión política y dejó planteada una pregunta que requiere una respuesta documentada: cuánto dinero puede distribuir efectivamente el BTF, qué autorizaciones necesita y de qué manera las decisiones regulatorias condicionan su autonomía financiera.