Triplicaron los cargos docentes, caen los alumnos y nadie explica quiénes cobran y para qué

Los números del sistema educativo de Tierra del Fuego exponen una realidad difícil de comprender. Durante las últimas dos décadas, la Provincia multiplicó los cargos docentes y las horas cátedra a una velocidad muy superior al crecimiento de la cantidad de estudiantes. Y mientras esa estructura se sostiene, la matrícula de las escuelas públicas lleva cinco años en retroceso.

La información abre un interrogante que atraviesa la política, la administración de los recursos públicos y el funcionamiento de la educación fueguina: ¿cómo se explica que haya cada vez más cargos y horas cátedra cuando hay cada vez menos alumnos?

Los datos estadísticos publicados por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) permiten dimensionar el fenómeno.

Entre 2000 y 2024, los cargos docentes de la educación común estatal crecieron un 229%, mientras que las horas cátedra aumentaron un 228%. En cambio, la matrícula estatal acumuló un crecimiento de apenas 33% hasta 2026.

La diferencia es extraordinaria. La estructura de cargos y horas se multiplicó por más de tres, mientras que la cantidad de estudiantes creció apenas un tercio respecto del comienzo de la serie.

Y lo más preocupante es que, durante los últimos años, el número de estudiantes directamente comenzó a caer.

Las escuelas públicas perdieron 4.300 alumnos desde 2021

En 2021, la matrícula estatal de Tierra del Fuego alcanzó un máximo de 39.304 estudiantes. Para 2026, según los datos provisionales del IPIEC, esa cifra descendió a 35.004.

Esto representa 4.300 alumnos menos en apenas cinco años, una reducción del 10,9%.

El comportamiento de la educación privada muestra una tendencia diferente. Mientras las instituciones estatales perdieron estudiantes, las privadas incorporaron 542 durante el mismo período.

La matrícula total de la educación común cayó de 49.060 alumnos en 2021 a 45.302 en 2026, una disminución del 7,7%.

Estas cifras no explican por sí solas las razones del traslado de estudiantes entre los distintos sistemas ni permiten atribuir la caída únicamente a problemas educativos. Pero sí muestran un cambio relevante que debería tener consecuencias en la planificación de cargos, secciones, establecimientos y recursos presupuestarios.

La estructura del sistema educativo no puede analizarse de espaldas a la evolución de su matrícula.

De 13 alumnos por cargo docente a menos de seis

Otro dato resulta especialmente revelador.

En el año 2000, Tierra del Fuego registraba una relación de 13,2 alumnos estatales por cada cargo docente. Para 2024, ese indicador había descendido a 5,7.

Esto no significa que las aulas tengan, en promedio, solamente seis estudiantes. Los cargos incluyen docentes frente a alumnos, directivos, equipos de orientación, personal de apoyo pedagógico y otras funciones necesarias para el sistema educativo.

Sin embargo, la reducción del indicador demuestra que la cantidad de cargos aumentó considerablemente en relación con los estudiantes.

¿Se crearon nuevas secciones? ¿Se ampliaron las jornadas? ¿Se incorporaron equipos de acompañamiento? ¿Se fortaleció la educación especial? ¿Cuántos cargos corresponden a esas decisiones y cuántos a otras funciones?

Son explicaciones posibles y, en muchos casos, legítimas. Pero el Gobierno debería mostrar los números que permitan comprobarlas.

También corresponde analizar la expansión de la infraestructura escolar. Durante estos años se abrieron instituciones y ampliaron servicios educativos, aunque todavía falta una comparación completa que permita establecer cuántas escuelas, aulas y divisiones nuevas justifican el crecimiento de cargos.

La pregunta no es si la educación necesita docentes. La pregunta es por qué su estructura creció tanto y cómo se distribuyen efectivamente esos recursos.

Un antecedente contundente: el Gobierno ya había detectado abusos

La preocupación por las horas cátedra no es nueva.

En marzo de 2018, durante la gestión provincial anterior, el propio Gobierno reconoció públicamente que existían irregularidades y abusos en la utilización de comisiones de servicio docentes.

En aquel momento anunció la baja de 184 comisiones de servicio correspondientes a docentes que, por diferentes razones, no cumplían tareas frente a alumnos.

El comunicado oficial señalaba que se habían detectado situaciones en las que docentes eran asignados a funciones de gestión, administrativas u otras actividades que no estaban suficientemente definidas.

El Gobierno sostuvo entonces que Tierra del Fuego registraba un 35,5% de docentes fuera del aula, un indicador histórico cuya metodología y situación actual deben verificarse antes de utilizarlo como referencia del presente.

La decisión fue presentada como parte de un proceso de ordenamiento administrativo destinado a mejorar el control de los recursos educativos.

Ocho años después, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió con aquel proceso de regularización y qué controles existen hoy para evitar que las mismas prácticas se repitan?

Horas cátedra para pagar tareas que no son docentes

Los antecedentes no se limitan a lo ocurrido en 2018.

El Tribunal de Cuentas provincial ya había intervenido en investigaciones relacionadas con la utilización de horas cátedra para remunerar funciones administrativas y otras tareas que no correspondían específicamente al régimen docente.

Durante 2026, el tema volvió a instalarse públicamente.

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, denunció que trabajadores dedicados al mantenimiento de edificios escolares, reparaciones eléctricas, tareas sanitarias e incluso funciones de chofer percibían remuneraciones calculadas mediante horas cátedra.

Según explicó, algunos agentes cobraban bajo una equivalencia de 21 horas cátedra de nivel secundario, aun cuando sus tareas no consistían en dictar clases.

La denuncia expone un aspecto central: las horas cátedra no solamente pueden representar tiempo de enseñanza; también pueden utilizarse como una unidad de remuneración para otras funciones.

Que una persona realice tareas de mantenimiento necesarias para una escuela no significa que su trabajo sea ilegítimo. El problema que merece una explicación es por qué se utiliza un régimen salarial docente para remunerarla, mediante qué resolución se autoriza y cómo se registra ese gasto.

El debate se profundizó cuando el legislador Pablo Villegas aseguró contar con documentación sobre personal de áreas como Deportes, Juventud, Bienestar Ciudadano y la Agencia de Innovación remunerado mediante horas cátedra.

Esas afirmaciones requieren revisar los decretos, resoluciones y liquidaciones correspondientes para determinar su alcance y legalidad.

Pero muestran que el interrogante ya no se limita a los docentes que no están frente al aula. También alcanza al uso de recursos del sistema educativo para remunerar personal de distintas dependencias del Estado provincial.

Melella, Catena y casi siete años de responsabilidad política

Gustavo Melella gobierna Tierra del Fuego desde diciembre de 2019. Su administración, además, ha mantenido una relación de cercanía política con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, uno de los actores de mayor influencia en el debate educativo provincial.

Es importante aclarar que el crecimiento registrado desde el año 2000 atravesó distintas administraciones y no puede atribuirse íntegramente al actual gobernador.

Sin embargo, Melella lleva casi siete años al frente de la Provincia y debe responder por las designaciones, los mecanismos de control y la administración de horas cátedra realizados durante su gestión.

La conducción del SUTEF también tiene un papel relevante en esta discusión. El gremio participa de las negociaciones salariales, defiende los cargos y las horas cátedra y cuestiona cualquier reducción presupuestaria.

De hecho, Catena advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una disminución del 16% en las horas cátedra autorizadas y sostuvo que el sindicato no permitirá pérdidas de puestos de trabajo ni de recursos pedagógicos.

También reclamó que quienes denuncian pagos fuera del sistema educativo exhiban las resoluciones correspondientes.

Ese planteo conduce precisamente al centro de la investigación: la Provincia debería permitir conocer las resoluciones, el destino de cada designación y su costo para las cuentas públicas.

La cercanía política entre el gobernador y el dirigente sindical no demuestra irregularidades ni implica que ambos tengan iguales responsabilidades administrativas. Pero tampoco puede convertirse en una razón para evitar una revisión rigurosa del sistema.

El Presupuesto 2027 y una contradicción que se profundiza

La discusión cobra todavía mayor importancia ante el tratamiento del nuevo proyecto de Presupuesto provincial.

Para 2027, el Ejecutivo contempla 6.950 cargos docentes y un máximo de 1.008.000 horas cátedra, frente a las 1.200.000 previstas para 2026.

La disminución proyectada equivale a 192.000 horas, un 16%, y fue cuestionada por el SUTEF como una medida de ajuste.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental que el debate político suele pasar por alto: las horas autorizadas en un presupuesto no son necesariamente las horas efectivamente asignadas, trabajadas y pagadas.

Sin conocer esa ejecución, no es posible determinar cuántas se utilizaron realmente, cuántas permanecieron sin asignar y cuánto dinero se desembolsó.

Mientras tanto, el Gobierno impulsa una ley especial de Financiamiento Educativo para obtener nuevos recursos con los que afrontar las necesidades del sistema.

La iniciativa abre otra discusión inevitable.

Antes de solicitar más fondos, ¿no debería conocerse con precisión cómo se utilizan los que ya están disponibles?

No se trata de negar la necesidad de mejorar los salarios docentes, reparar escuelas o fortalecer la enseñanza. Por el contrario, una administración transparente permitiría identificar con mayor claridad dónde hacen falta recursos y dónde podrían existir gastos que necesitan revisión.

Las preguntas que la Provincia todavía debe responder

La información disponible permite identificar el crecimiento de los cargos, la evolución de la matrícula y antecedentes concretos sobre utilización de horas cátedra fuera de la enseñanza.

Pero hay datos esenciales que todavía no aparecen reunidos en un informe público suficientemente detallado.

¿Cuántas horas cátedra se pagan efectivamente cada mes? ¿Cuánto dinero representan? ¿Cuántas corresponden a docentes frente a alumnos y cuántas a otras funciones?

¿Qué dependencias provinciales utilizan este mecanismo para remunerar personal? ¿Cuáles son las resoluciones que autorizan esos pagos? ¿Cuántas personas los perciben y qué tareas cumplen?

¿Cuántos cargos y horas cátedra se incorporaron específicamente desde diciembre de 2019? ¿Cuántas escuelas, divisiones y servicios educativos se crearon durante ese mismo período?

¿Qué controles realizó el Gobierno de Melella? ¿Qué resultados arrojaron? ¿Cuántas situaciones fueron observadas, corregidas o regularizadas?

Y una pregunta que debería resultar fundamental para las familias fueguinas: ¿cómo se tradujo el crecimiento de esta estructura en una mejora concreta de la educación que reciben sus hijos?

El verdadero agujero negro de la educación fueguina

Los datos no alcanzan, por sí solos, para afirmar que exista una cantidad determinada de cargos innecesarios, designaciones ficticias o fondos desviados.

Pero sí permiten comprobar una expansión extraordinaria de la estructura docente frente a una matrícula que creció mucho menos y que, durante los últimos años, comenzó a disminuir.

Los antecedentes oficiales y las denuncias sobre la utilización de horas cátedra para otras funciones hacen indispensable conocer el destino de los recursos.

Después de casi siete años de gestión, el Gobierno de Gustavo Melella tiene la responsabilidad de ofrecer una explicación completa sobre el funcionamiento de este sistema.

Y la Legislatura, antes de aprobar nuevas herramientas de financiamiento, tiene la obligación de exigir información verificable.

El agujero negro de las horas cátedra no es solamente una discusión sobre números. Es el vacío de información que impide saber con precisión quiénes cobran, por qué cobran, qué tareas realizan y cuánto dinero del presupuesto educativo se utiliza para funciones que no están directamente vinculadas con la enseñanza.

En una provincia que atraviesa dificultades financieras, conflictos salariales y una sostenida caída de la matrícula estatal, la transparencia sobre cada cargo y cada hora cátedra debería ser una condición indispensable para discutir seriamente el futuro de la educación fueguina.