Según informó iProfesional, la investigación busca determinar si los acuerdos celebrados con USEM SA, una empresa contratada para administrar fondos y operaciones financieras, habrían generado un beneficio económico indebido para la firma y un perjuicio patrimonial para las entidades sindicales.
Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py, mientras que María Soledad Calle fue convocada para el 24 de noviembre. También fueron citados Osvaldo Lobato, Naldo Brunelli, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.
La causa se concentra en dos contratos firmados el 27 de febrero de 2023, con una duración prevista de diez años. Mediante esos acuerdos, USEM asumió tareas relacionadas con la gestión de cuentas bancarias, los circuitos de pago y la administración operativa de recursos de la UOM y su obra social.
Uno de los puntos centrales es el posible conflicto de intereses en la contratación. Calle era empleada del sindicato y, simultáneamente, directora suplente y propietaria del 50% de USEM. La otra mitad pertenecía a Braconi, presidente de la compañía. La sociedad había sido constituida apenas 82 días antes de la firma de los convenios.
El juzgado señaló que no se habría acreditado una comparación previa de ofertas, precios ni antecedentes de la empresa, ni mecanismos para prevenir esa incompatibilidad.
En el plano económico, un informe elaborado por la intervención del gremio indicó que USEM recibió más de $2.466 millones en honorarios. Los registros consignan aproximadamente $698 millones durante 2024, $1.086 millones en 2025 y $681 millones hasta julio de 2026. El esquema contemplaba una comisión del 0,5% sobre los aportes.
La investigación también cuestiona el cumplimiento de los servicios contratados. Según los elementos reseñados en la resolución, no se habría demostrado que USEM realizara una parte sustancial de las tareas de análisis, auditoría y validación de pagos. El juzgado examina si la operatoria generó sobrecostos para las entidades.
Ercolini dispuso además la inhibición general de bienes de los imputados, restricciones para acceder a cajas de seguridad y la prohibición de modificar la composición accionaria de USEM. Las medidas buscan preservar los patrimonios mientras se determina el destino de los fondos investigados.
Calle rechazó los señalamientos y sostuvo: “Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos”. Por su parte, la defensa de Furlán había solicitado su sobreseimiento y cuestionado el alcance de la investigación sobre la administración del sindicato y el patrimonio de sus dirigentes.