La Provincia necesitó $35 mil millones del BTF para pagar sueldos, según reveló Sciurano

El legislador provincial Federico Sciurano reveló que el Banco Tierra del Fuego puso $35.000 millones para que el Gobierno provincial pudiera afrontar el pago de salarios correspondiente a la última liquidación, una cifra que expuso durante sus cuestionamientos al proyecto de financiamiento educativo.

La declaración se produjo mientras explicaba por qué no está dispuesto a acompañar una iniciativa que contemple una mayor carga tributaria sobre la entidad financiera provincial.

“El mes pasado, ahora esta última liquidación, el Banco de la Provincia puso 35.000 millones de pesos para que los sueldos se puedan pagar”, aseguró Sciurano.

El legislador utilizó ese dato para señalar la importancia que tiene el banco en el funcionamiento económico y financiero de la administración provincial, especialmente en un contexto de dificultades para afrontar las obligaciones corrientes.

Según explicó, el BTF ha sido una herramienta fundamental para sostener las finanzas fueguinas en distintos momentos de crisis, por lo que consideró inconveniente avanzar sobre sus recursos para incrementar la recaudación destinada al sistema educativo.

Sciurano sostuvo que la entidad cumple un papel que excede sus operaciones habituales y advirtió sobre la necesidad de preservar su capacidad de asistencia.

“El Banco de la Provincia, que es el que nos ha mantenido a flote en los momentos más delicados”, señaló al fundamentar su postura.

En ese marco, cuestionó que una de las alternativas para financiar la educación sea incorporar nuevas obligaciones tributarias a la entidad que, según sus declaraciones, viene contribuyendo al cumplimiento de los compromisos salariales del Gobierno.

El parlamentario aclaró que existen otras propuestas para generar recursos educativos y ratificó que no acompañará una decisión que considere perjudicial para la estructura financiera del banco.

Durante la entrevista no precisó bajo qué mecanismo se realizó el aporte de los $35.000 millones, cuáles fueron las condiciones financieras de la operación ni los plazos establecidos para su devolución.

Un Gobierno que necesita asistencia mientras los ciudadanos enfrentan exigencias para acceder al crédito

La revelación también deja expuesto un contraste entre las necesidades financieras del Estado provincial y las condiciones que enfrentan los ciudadanos cuando recurren al sistema bancario.

Mientras un trabajador, un comerciante o un pequeño emprendedor debe acreditar ingresos, presentar documentación, cumplir requisitos de solvencia y, en muchos casos, aportar garantías para solicitar un crédito, el Gobierno provincial recurre a asistencias multimillonarias para afrontar una de sus obligaciones más elementales: el pago de salarios.

Para cualquier vecino, el acceso al financiamiento puede convertirse en un proceso extenso, sujeto a evaluaciones crediticias, exigencias administrativas y plazos de respuesta que no siempre terminan con la aprobación del préstamo. Para una pequeña empresa, conseguir fondos destinados a pagar sueldos, sostener proveedores o mantener sus puertas abiertas puede resultar todavía más complejo.

La situación adquiere otra dimensión cuando se observa que la Provincia ya recurrió durante 2026 a adelantos de coparticipación nacional por hasta $255.000 millones, operaciones utilizadas para obtener liquidez y atender compromisos corrientes. Parte de esos recursos debió refinanciarse, con intereses y obligaciones que se trasladan al próximo ejercicio.

A ese escenario se suman los reclamos por transferencias pendientes a los municipios y las dificultades financieras que también alcanzan a proveedores del Estado.

El dato de los $35.000 millones plantea así un interrogante sobre la capacidad del Gobierno para sostener sus gastos habituales sin recurrir continuamente a nuevas fuentes de asistencia financiera.

Porque mientras los ciudadanos y comerciantes deben demostrar capacidad de pago y cumplir numerosas condiciones para obtener financiamiento, la administración provincial acumula adelantos de coparticipación y necesita recurrir también al banco público para afrontar compromisos salariales.

La diferencia merece una explicación: ¿bajo qué condiciones accede el Estado a estos recursos, cómo prevé devolverlos y qué garantías existen de que la asistencia financiera no termine comprometiendo todavía más las cuentas públicas?

Son interrogantes que cobran especial relevancia cuando el Gobierno necesita financiamiento extraordinario para atender obligaciones que deberían estar contempladas dentro de su funcionamiento corriente.