El derrumbe de Remediar deja a miles frente a una decisión imposible

Hay decisiones económicas que pueden explicarse en porcentajes, partidas presupuestarias y reducción del gasto. Pero cuando se trasladan al mostrador de una farmacia o a una salita de barrio, la consecuencia resulta mucho más sencilla de comprender: hay personas que necesitan un medicamento todos los días y ya no pueden conseguirlo gratuitamente.

Eso es lo que está ocurriendo alrededor del histórico programa Remediar, creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales a quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud.

El programa atravesó gobiernos de distinto signo político durante más de dos décadas. Permitía que una persona ingresara a un Centro de Atención Primaria, fuera atendida y, si correspondía, saliera con su tratamiento en la mano.

Antibióticos, medicamentos para diabetes, hipertensión, asma, EPOC, epilepsia, anemia, infecciones y otras patologías formaban parte de esos botiquines.

Ese esquema prácticamente desapareció.

De 17 mil botiquines a menos de mil

La dimensión del recorte aparece con claridad en los números.

En diciembre de 2023 se habían distribuido 17.393 botiquines Remediar en todo el país.

En abril de 2026 fueron apenas 849.

El presupuesto destinado al programa cayó además 72% en términos reales respecto de 2023, mientras los tratamientos dispensados se redujeron fuertemente durante los últimos años.

Finalmente, el 15 de octubre el Ministerio de Salud formalizó el cambio mediante la Resolución 1447/2026: derogó el anterior listado de medicamentos esenciales y estableció un nuevo esquema concentrado en patologías vasculares.

El resultado fue un listado reducido a seis principios activos. Entre los medicamentos que dejaron de integrar esa cobertura nacional aparecen tratamientos tan habituales como metformina para diabetes, amoxicilina, levotiroxina y salbutamol.

Estirar una pastilla para llegar a fin de mes

La consecuencia más dura empieza a aparecer en los consultorios.

Profesionales de centros de atención primaria relataron que pacientes crónicos comenzaron a dividir comprimidos, espaciar las tomas, cambiar medicamentos por aquello que eventualmente consiguen o directamente abandonar tratamientos porque no pueden comprarlos.

Otros recorren diferentes centros de salud buscando stock.

Y hay quienes directamente piden que no les hagan una receta porque saben que no podrán pagarla.

El CELS advierte que la situación afecta especialmente a quienes no tienen obra social ni prepaga y sostiene que existen personas obligadas a elegir entre destinar sus pocos recursos a alimentos o comprar el medicamento que antes recibían gratuitamente.

El problema no termina en la falta del remedio.

Cuando una hipertensión, una diabetes, una infección o una enfermedad respiratoria dejan de tratarse adecuadamente, un problema que podía controlarse en una salita puede terminar llegando mucho más avanzado a una guardia o a una internación hospitalaria.

Es decir: el ahorro inicial puede trasladar el costo hacia otra parte del mismo sistema sanitario.

Tierra del Fuego ya había perdido gran parte de la cobertura

El impacto fueguino resulta particularmente significativo.

Según datos informados por el Ministerio de Salud provincial, Tierra del Fuego recibió:

143.652 tratamientos en 2023.

En 2024 bajaron a 92.422.

Y en 2025 quedaron apenas 42.966.

La caída entre 2023 y 2025 se acercó al 70%.

La ministra Judit Di Giglio había advertido en abril que el programa era fundamental justamente para quienes carecen de cobertura y señaló que el recorte llegaba en un momento en el que cada vez más personas estaban perdiendo obras sociales y recurriendo al sistema público.

Frente a esa situación, Tierra del Fuego puso en marcha el Programa de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU) para intentar absorber parte de la demanda que Nación dejaba de cubrir.

La Provincia informó que el nuevo vademécum supera los 300 medicamentos para personas sin obra social y permite retirarlos en farmacias adheridas mediante prescripción electrónica.

Pero esa respuesta también muestra otra consecuencia del cambio nacional: el costo que antes tenía financiamiento federal empieza a trasladarse hacia los presupuestos provinciales.

Y no todas las provincias tienen la misma capacidad económica para reemplazarlo.

Nación dice que no lo cerró

El Gobierno nacional rechaza hablar de eliminación del programa.

El Ministerio de Salud sostiene que Remediar fue “reformulado” para concentrar los recursos en enfermedades cardiovasculares y argumenta que menos del 10% de los centros de atención informaba correctamente qué ocurría con los botiquines. También mencionó presuntas irregularidades en la comercialización de medicamentos destinados originalmente a distribución gratuita.

La Nación plantea además que la provisión de medicamentos es responsabilidad primaria de las provincias y que su función debe concentrarse en coordinación y definición de prioridades sanitarias nacionales.

Pero el problema que plantean especialistas y organizaciones sanitarias es precisamente el efecto de esa decisión: provincias con presupuestos muy diferentes deberán reemplazar una política que hasta ahora garantizaba una cobertura relativamente homogénea en todo el territorio.

El CIIPS advirtió que las jurisdicciones con mayor población dependiente exclusivamente de la salud pública suelen ser también aquellas con menor capacidad fiscal para compensar el retiro nacional.

El recorte ya llegó a la Justicia

La situación terminó judicializada.

El CELS presentó un amparo colectivo contra el Estado nacional ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata para exigir que se garantice nuevamente el acceso a medicamentos esenciales.

La organización pidió además una medida cautelar para impedir que continúe la reducción del vademécum mientras se resuelve el fondo de la causa.

El expediente ya fue reconocido como proceso colectivo y actualmente espera una definición judicial sobre esa cautelar.

La discusión jurídica será sobre competencias, presupuesto y derecho a la salud.

Pero mientras esa discusión avanza, existe otra realidad mucho más inmediata.

Una persona con diabetes no puede esperar meses para decidir si toma metformina.

Una embarazada no puede postergar indefinidamente el hierro que necesita.

Una persona con asma necesita el broncodilatador cuando aparece una crisis.

Y un paciente hipertenso no puede convertir su tratamiento en una variable que depende de cuánto dinero quedó disponible después de comprar alimentos.

Ese es el rostro más duro del achicamiento de Remediar: para quienes menos tienen, el medicamento dejó de ser solamente una cuestión sanitaria y empezó a competir directamente con la comida, el alquiler y los servicios dentro de un bolsillo que ya no alcanza.