El juicio por el homicidio de Alberto Scariot sumó este lunes 16 de noviembre un nuevo capítulo de tensión, luego de que el fiscal Ariel Pinno respondiera ante el Tribunal a los cuestionamientos formulados por los familiares de la víctima.
Tras el cuarto intermedio dispuesto para analizar la presentación familiar, el representante del Ministerio Público Fiscal tomó la palabra y solicitó el rechazo del planteo de nulidad, al considerar que no existían fundamentos procesales para suspender el juicio en esta instancia.
La discusión se originó después de que los familiares manifestaran su indignación por el pedido de ocho años de prisión contra Fernando Aarón Moreira, cuando, según aseguraron, el fiscal les había anticipado que solicitaría una condena de 23 años.
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Pinno estuvo dirigido al momento elegido por los familiares para solicitar su incorporación al proceso como querellantes.
El fiscal sostuvo que desde noviembre de 2025 hasta noviembre de 2026 tuvieron la posibilidad de ejercer ese derecho, pero que no se constituyeron formalmente como parte acusadora durante ese período.
Según explicó, durante la investigación existieron oportunidades para presentarse, proponer pruebas y ejercer los derechos procesales correspondientes.
Pinno cuestionó que el pedido apareciera cuando el juicio ya se encontraba avanzado y después de que la Fiscalía hubiera formulado su acusación y solicitado una pena.
En ese sentido, remarcó que los familiares no habían intervenido como querellantes durante la investigación y sostuvo que su incorporación en esta instancia no podía modificar el trabajo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal.
Otro de los momentos centrales de su intervención estuvo relacionado con las afirmaciones de los familiares, quienes aseguraron que el propio fiscal les había anticipado una pena de 23 años de prisión.
“Eso es falso”, respondió Pinno al rechazar que hubiera existido una promesa de solicitar esa condena.
El fiscal sostuvo que durante las reuniones mantenidas con los familiares les explicó las posibilidades legales de la causa y las circunstancias que debían analizarse para determinar el pedido de pena.
Según su exposición, antes de concluir el debate no podía establecerse definitivamente qué pena solicitaría, ya que esa decisión debía surgir de la valoración de las pruebas, los agravantes y los atenuantes.
También aseguró que había advertido sobre las dificultades para sostener una pena elevada como la que pretendían los familiares.
Pinno volvió a fundamentar su decisión de solicitar ocho años de prisión y explicó que no encontró elementos suficientes para sostener la agravante de ensañamiento.
En particular, señaló que no se había acreditado el elemento subjetivo necesario para demostrar que el acusado hubiera actuado con la intención deliberada de aumentar innecesariamente el sufrimiento de la víctima.
De esta manera, defendió la calificación de homicidio simple y sostuvo que el pedido de pena realizado durante su alegato respondió al análisis de las circunstancias acreditadas en el juicio.
El fiscal insistió en que su obligación es actuar con objetividad y fundamentar jurídicamente la acusación, independientemente de las expectativas de los familiares sobre el monto de la condena.
En ese contexto, rechazó que el desacuerdo con su criterio pudiera convertirse, por sí solo, en un motivo para interrumpir el proceso.
Durante su exposición, Pinno también aclaró que el pedido de ocho años formulado por la Fiscalía no significa necesariamente que esa sea la pena que finalmente impondrán los jueces.
Explicó que el Tribunal debe evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante el debate antes de resolver la responsabilidad penal del acusado y, en caso de condena, determinar la sanción correspondiente dentro de los límites legales.
Por esa razón, sostuvo que la solicitud fiscal no constituye una sentencia ni determina automáticamente la decisión judicial.
En el cierre de su intervención, el fiscal ratificó su oposición a la presentación realizada por los familiares de Scariot.
Solicitó que el pedido fuera rechazado y defendió la validez de lo actuado durante el juicio, al considerar que existieron oportunidades procesales para ejercer los derechos correspondientes y que su solicitud de pena fue debidamente fundamentada.
El planteo dejó expuestas dos posiciones enfrentadas: por un lado, los familiares de Scariot, que cuestionan el cambio de postura que atribuyen al fiscal y buscan contar con representación legal propia; por el otro, Pinno, que niega haber prometido una pena mayor y sostiene que actuó conforme a las pruebas y a sus obligaciones legales.
La decisión sobre la presentación familiar quedó en manos del Tribunal, que deberá determinar si corresponde dar curso a lo solicitado o continuar con las etapas pendientes del debate judicial.