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Melella consiguió su ley educativa sin garantizar aumentos inmediatos a los docentes - Red 23 Noticias - Tierra del Fuego

GENERALES | 18 NOV 2026

PRIMERO RECAUDAR, DESPUéS CUMPLIR:

Melella consiguió su ley educativa sin garantizar aumentos inmediatos a los docentes

La Ley de Financiamiento Educativo aprobada por la Legislatura de Tierra del Fuego incorpora nuevas alícuotas impositivas, actualizaciones fiscales y distintas fuentes de recaudación para sostener el sistema educativo provincial. Sin embargo, el texto no establece aumentos salariales inmediatos ni porcentajes obligatorios de recomposición para los docentes. Mientras los mecanismos tributarios tienen una fecha de aplicación definida, las mejoras salariales quedan sujetas a un proceso progresivo y las metas de inversión podrán postergarse ante determinadas dificultades económicas.




El gobernador Gustavo Melella consiguió la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, una iniciativa presentada como una herramienta para fortalecer la educación pública fueguina, pero cuyo articulado expone una diferencia sustancial entre la creación de nuevos mecanismos de recaudación y las obligaciones concretas de mejorar los salarios docentes.

El dictamen correspondiente al Asunto 659/26, elaborado por las comisiones 4 y 2 sobre el Asunto 519/26, establece un régimen permanente de financiamiento que contempla nuevas alícuotas de Ingresos Brutos, la actualización de valuaciones del Impuesto Inmobiliario Rural y la incorporación de recursos provenientes de distintas actividades económicas y empresas estatales.

La ley establece cuándo comenzarán a aplicarse sus disposiciones tributarias, pero no fija una fecha para otorgar aumentos salariales concretos a los trabajadores de la educación.

El Gobierno consiguió nuevas herramientas para recaudar

Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 6, que crea una alícuota adicional del 3% sobre los Ingresos Brutos aplicable a las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego.

La norma establece que la entidad bancaria no podrá trasladar ese costo a los servicios ni a los costos financieros que cobra a sus clientes.

Por otra parte, el artículo 5 incorpora una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para la actividad identificada con el código 352022, vinculada al sector del gas.

Los recursos correspondientes a este último gravamen tendrán una distribución específica: el 40% será destinado a infraestructura educativa y el 60% a obras de distribución de gas natural y conexiones domiciliarias.

En este caso, el texto incorpora una condición: si el organismo regulador autoriza trasladar el costo del fondo a las facturas de los usuarios, la recaudación deberá cesar inmediatamente.

A ello se suma el tratamiento del Impuesto Inmobiliario Rural, cuya valuación fiscal correspondiente a 2026 se actualizará anualmente mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, tomando como referencia el mes de septiembre.

El régimen también contempla incorporar al financiamiento educativo una proporción de los recursos adicionales provenientes de modificaciones impositivas rurales, actividades estratégicas, utilidades distribuibles de empresas estatales y recaudación vinculada a Terra Ignis Energía S.A.

El resultado es un esquema que amplía las fuentes de financiamiento disponibles para el Estado provincial, aunque no todos los recursos contemplados representan impuestos nuevos ni ingresos inmediatos.

Los docentes deberán esperar una recomposición progresiva

La diferencia más significativa aparece al analizar el artículo 11, referido a los salarios docentes.

Lejos de establecer un aumento inmediato, la norma dispone que los recursos destinados al fortalecimiento salarial deberán orientarse progresivamente a reducir la brecha entre la remuneración del cargo docente testigo y determinados parámetros legales vinculados al salario mínimo, vital y móvil.

También obliga al Poder Ejecutivo a informar trimestralmente la evolución salarial y las diferencias existentes respecto de esos parámetros.

Sin embargo, no determina cuánto deberán aumentar los salarios, desde qué fecha ni en qué plazo deberá alcanzarse una remuneración determinada.

De esta manera, mientras el nuevo esquema tributario establece mecanismos concretos de aplicación, la recomposición de los ingresos docentes queda vinculada a una convergencia progresiva que deberá contemplarse en los próximos presupuestos provinciales.

El 7,8% para educación podrá esperar hasta cinco ejercicios, o más

Otro aspecto relevante surge del artículo 4, donde se establece que la inversión educativa consolidada deberá alcanzar progresivamente el 7,8% del Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego.

Ese objetivo no será inmediato.

La ley fija un recorrido de cinco ejercicios fiscales, con una inversión mínima del 4,5% durante el primero, 4,95% en el segundo, 5,7% en el tercero, 6,6% en el cuarto y 7,8% en el quinto.

Pero el mismo artículo contempla una excepción de considerable importancia.

Si se registra una caída real del Producto Bruto Geográfico, de la recaudación provincial o de los recursos provenientes de la coparticipación federal, el Ejecutivo podrá diferir el cumplimiento del escalón correspondiente, mediante un informe técnico y una reprogramación presentada ante la Legislatura.

Incluso, el ejercicio exceptuado no será computado dentro del plazo previsto para alcanzar la meta.

Esto significa que el compromiso de llegar al 7,8% podría extenderse más allá de los cinco ejercicios fiscales originalmente establecidos, si se configuran las circunstancias económicas contempladas en la norma.

Una distribución de fondos que el Ejecutivo podrá modificar

El artículo 10 establece inicialmente que los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo tendrán tres destinos principales:

Sin embargo, el último párrafo del mismo artículo establece expresamente que esa distribución es orientativa y reconoce al Poder Ejecutivo la potestad de modificar los porcentajes.

Esta disposición introduce un elemento central: el 40% previsto inicialmente para salarios docentes no constituye una proporción absolutamente inmodificable, aunque cualquier redistribución deberá respetar las restricciones legales de las distintas fuentes de recursos.

Asimismo, el artículo 22 contempla que la revisión de fuentes o porcentajes de afectación requiere una modificación legislativa, por lo que será fundamental distinguir entre la distribución interna del fondo y las afectaciones establecidas por ley.

La recaudación tiene fecha; los aumentos, no

El artículo 25 determina que la ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y que las disposiciones tributarias comenzarán a aplicarse desde el primer día del mes siguiente al de su publicación.

En cambio, los incrementos salariales dependerán de las asignaciones presupuestarias y del proceso de convergencia previsto, sin una obligación de aplicar una suba inmediata de un porcentaje determinado.

La iniciativa también establece mecanismos de control, informes trimestrales y la creación de un Observatorio de Financiamiento Educativo para supervisar la recaudación y utilización de los fondos.

Así, la ley conseguida por el Gobierno de Gustavo Melella incorpora nuevas herramientas tributarias y recursos específicos para financiar la educación, mientras deja sin una fecha concreta la mejora salarial que esperan los docentes fueguinos.

El contraste queda establecido en el propio articulado: las disposiciones para recaudar cuentan con un mecanismo de entrada en aplicación, pero las metas de inversión admiten postergaciones y la recomposición salarial permanece sujeta a un cumplimiento progresivo, sin aumentos inmediatos garantizados.