Actualmente, 8.500 trabajadores se desempeñan en el subrégimen industrial de la provincia, y más de 7.000 están directamente vinculados a la fabricación de televisores, celulares y aires acondicionados, concentrados en su mayoría en Río Grande. Man advirtió que el 70% depende del ensamblado de celulares, lo que deja a miles de familias en riesgo ante un posible desmantelamiento del esquema actual.

Producción limitada y sin alternativas

Consultada sobre una posible reconversión productiva, la funcionaria indicó que el régimen nacional impide actualmente nuevos procesos industriales, lo que obstaculiza cualquier intento local de diversificación. “Tenemos capacidad instalada y personal capacitado, pero solo podemos producir lo que la Nación autoriza”, afirmó.

Impacto económico y defensa del régimen

Según datos oficiales, las medidas podrían afectar más del 30% del Producto Bruto Interno provincial. Man rechazó la idea de que Tierra del Fuego reciba privilegios: “No hay país que no proteja su industria. La exención impositiva no es una carga para el resto, es una oportunidad que el Estado decide no cobrar”.

También responsabilizó a las cadenas logísticas e intermediarios por los altos precios en el continente, despegando a la industria fueguina de esa crítica.

Empresarios, entre producir e importar

Man advirtió sobre el “doble rol” de algunas empresas que podrían abandonar la producción para volcarse a la importación. “Ahí está el riesgo”, señaló. En línea con el gobernador Melella, defendió la posibilidad de avanzar judicialmente para frenar lo que calificó como “una amenaza directa al principal motor económico de la isla”.

Impuestos internos y reglas inestables

Si bien reconoció que la baja de impuestos internos puede mejorar el acceso a productos, advirtió que la quita escalonada de aranceles pone en jaque a la industria local. “Sostener la industria con reglas de juego que cambian todo el tiempo es cada vez más difícil”, concluyó.