Por: Ramón Taborda Strusiat

 

Río Grande.- En una entrevista en el programa ‘La mañana de la Tecno’ de Radio Universidad 93.5 MHz, la legisladora Natalia Gracianía, representante del partido La Libertad Avanza, abordó las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional que han generado un intenso debate en la sociedad fueguina. Estas medidas incluyen la eliminación progresiva de aranceles a la importación de celulares y televisores, la baja de impuestos internos y la implementación de un sistema de venta puerta a puerta hacia el continente.

Gracianía comenzó la conversación enfatizando que el Gobierno nacional no busca perjudicar a Tierra del Fuego ni a su industria. “El Gobierno nacional, al contrario, quiere que nuestra provincia prospere”, afirmó, destacando que la intención detrás de estas decisiones no es perjudicar la industria local, sino generar precios mas competitivos para loa productos.

Que esta medida de eliminación progresiva de aranceles le da la posibilidad a las empresas de adaptarse a las modificaciones y que además esto es acompañado de la reducción de impuestos a 0 % (costo que absorbe el Gobierno nacional) y habilita la venta de productos fueguinos al continente con un sistema puerta a puerta. Por otra parte, la legisladora también se refirió a  la preocupación de los trabajadores, quienes son el eslabón más débil en esta cadena. “Entendemos la preocupación de los trabajadores de la industria fueguina, que ya han sido golpeados por inestabilidad laboral, contratos basura, baja de empleo y depreciación del salario”,agregó.

La legisladora explicó que la eliminación de aranceles se realizará en dos etapas, comenzando con una reducción del 16% al 8% y, posteriormente, alcanzando el 0% en enero de 2026. A pesar de esta reducción, Gracianía subrayó que el gobierno también está ofreciendo a las empresas la posibilidad de bajar costos de producción mediante la eliminación de impuestos internos, lo que podría ayudar a mantener la competitividad de la industria local.

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la responsabilidad de las empresas hacia sus trabajadores. “Los trabajadores no deben ser la variable de ajuste frente a esta situación”, enfatizó. Gracianía instó a las empresas a asumir su responsabilidad y a garantizar la continuidad laboral de sus empleados, recordando que han disfrutado de ganancias significativas en los últimos años gracias a la ley 19.640 y al subrégimen industrial. “Las empresas deben hacerse cargo de sus trabajadores y no poner en riesgo sus empleos ante cambios en el mercado”, afirmó con firmeza. Indicando además que una medida que ayudaría sería que los gobiernos, tanto provincial como municipales, bajen los impuestos a las empresas y como contrapartida estas  se comprometan a garantizar los puestos laborales.

Hoy las empresas tributan en la Provincia por tasa de verificación de procesos productivos un 1,8 % además de un 3,5% de ingresos brutos, sin contar los impuestos municipales. Es fundamental bajar esta presión fiscal para contribuir concretamente a que no  haya excusas para que se garantice el trabajo de los empleados de la industria.

La legisladora también criticó las declaraciones de algunos representantes del gobierno provincial y municipales, referentes gremiales que han generado un clima de miedo e incertidumbre entre la población, y especialmente en los trabajadores fabriles con mensajes temerarios “Entiendo que nuestros representantes deberían llevar tranquilidad a todos los fueguinos y comprometerse a trabajar en soluciones, en lugar de hacer declaraciones que solo generan pánico e incertidumbre”, dijo. Gracianía consideró que es fundamental crear una mesa de concertación donde se puedan discutir alternativas y soluciones a largo plazo para la industria fueguina.

Además, la legisladora hizo un llamado a los gobiernos provincial y municipal para que también asuman su parte de responsabilidad en esta situación. “Es importante que bajen los impuestos provinciales y municipales para ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, ya que el Gobierno nacional contribuye con la reducción de impuestos nacionales, bajar la presión impositiva local también contribuiría para que las empresas no tengan excusas  para cuidar las fuentes laborales”, sugirió.

Gracianía argumentó que, en lugar de judicializar la situación, es necesario buscar soluciones creativas y colaborativas que beneficien a todos los actores involucrados.

 

Adhesión al RIGI

 

En cuanto a la Ley de Adhesión al RIGI, que podría ofrecer incentivos a inversores interesados en crear fuentes de trabajo en la región, Gracianía lamentó que no haya sido puesta en agenda. "El RIGI brinda seguridad jurídica y beneficios tributarios por 30 años, lo que podría ser una gran oportunidad para Tierra del Fuego", explicó. Sin embargo, la legisladora criticó la falta de acción y debate sobre esta ley, que podría ayudar a diversificar la matriz productiva de la provincia.

La Legisladora concluyó reafirmando que es importante destacar que no hubo ninguna modificación de la Ley 19640, ni del subrégimen industrial.

Con su firme postura Natalia Gracianía se posiciona como una voz importante  en el debate donde enfatiza que una de las soluciones posibles a esta coyuntura es que tanto el Gobierno Provincial como los municipios bajen los impuestos a las empresas y estas a su vez garanticen la continuidad de todos los puestos laborales.