Según explicó Solorza, los usuarios con más de un medidor de gas pasarán a pagar el 70% de la tarifa si no logran acreditar una situación de vulnerabilidad socioeconómica ante la ANSES. Además, todos los beneficiarios deberán realizar un nuevo trámite de recategorización para conservar el beneficio, ahora a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), lo que reemplaza al anterior sistema RASE. Este nuevo procedimiento complica el acceso a los subsidios y podría dejar sin protección a más de 4,5 millones de personas.

“La Ley 27.637 garantizaba el subsidio como un derecho humano frente a las bajas temperaturas, sin importar el nivel económico del usuario. Con estas resoluciones se rompe ese principio, se ajusta por pedido del FMI y se crea una maraña burocrática para desalentar el acceso”, remarcó.

Solorza señaló además la gravedad de que las resoluciones lleven la firma de María Tetamanti, actual funcionaria del Ministerio de Economía y ex CEO de Camuzzi Gas del Sur. “Es una barbaridad. Quien antes dirigía la empresa que cobra el gas, ahora decide quién paga más. ¿Trabaja para el Estado o para Camuzzi?”, cuestionó con dureza.

El exfuncionario advirtió que la resolución 218 es la más perjudicial para la región: “Impone una nueva recategorización a través del TAD. Antes podías actualizar datos fácilmente desde el RASE; ahora, si no completás este nuevo trámite, perdés el subsidio. Y encima, la plataforma aún no está operativa. Es un mensaje de sumisión al Fondo Monetario y al poder económico”.

En Tierra del Fuego, donde el régimen de zona fría alcanza a la totalidad de los usuarios, las consecuencias podrían ser inmediatas y graves. “Es un plan de invierno devastador. Si no te reinscribís o actualizás los datos, te quedás sin subsidio. Y a los que tienen más de un medidor, directamente los castigan como si fueran ricos, cuando en muchos casos solo se trata de dar un medidor a un hijo o un familiar”, explicó.

Finalmente, Solorza reclamó mayor protagonismo de las provincias: “Los gobiernos locales deben plantarse. No podemos seguir aceptando que funcionarios provenientes de las empresas energéticas usen el Estado para asegurarles ganancias. Esto no es política pública, es administración privada con sello oficial”.