La presidenta de Vialidad Provincial, como ya ocurrió en al menos tres oportunidades anteriores, volvió a correr la fecha de apertura, apelando ahora a un supuesto “problema administrativo”. Sin embargo, los trabajos comprometidos por el Gobierno ya fueron concluidos: se instalaron 10,5 kilómetros de nuevo alambrado con postes de quebracho –traídos especialmente desde Misiones por pedido del mismo estanciero–, se removió el antiguo cerco y se completaron las tareas de movimiento de suelo.

Pero pese a que todo lo exigido fue cumplido, el propietario vuelve a cambiar las reglas de juego. Ahora, reclama el cobro de un canon por el paso de la ruta, lo que en la práctica significa una nueva traba para una obra pública cuya habilitación ya fue anunciada varias veces con bombos y platillos.

Vale recordar que esta ruta nació en el marco de una expropiación votada por mayoría en la Legislatura en 2018, impulsada originalmente en 2017 por la entonces gobernadora Rosana Bertone. Desde entonces, y a pesar de haber atravesado disputas judiciales y acuerdos posteriores, los intereses privados siguen prevaleciendo por encima del bienestar colectivo.

La Margen Sur, el sector más poblado y dinámico de la ciudad, sigue esperando una salida vial segura, rápida y alternativa a la Ruta 3. Cada nueva excusa y dilación es una cachetada a quienes diariamente deben sortear el cuello de botella de la rotonda del Parque Industrial para ir o volver de sus trabajos, estudios o actividades.

Mientras tanto, el Gobierno provincial evita el conflicto abierto y cede ante cada nueva exigencia, postergando una vez más a los vecinos.