El contador Gabriel Clementino, integrante de la Cámara de Comercio de Río Grande, expresó en declaraciones públicas su profunda preocupación ante el escenario económico que atraviesa la ciudad. “De los más de 4.000 despidos que se proyectan en la provincia, unos 3.000 corresponden a Río Grande. Es una situación mucho más crítica que en Ushuaia, porque allá existe una matriz económica más diversificada, especialmente por el turismo”, afirmó.

Clementino describió un panorama marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el congelamiento del dólar y el crecimiento del comercio fronterizo: “Cada fin de semana vemos caravanas hacia Chile. No solo van a comprar electrodomésticos, ahora cruzan a buscar ropa, alimentos, calzado, artículos del hogar. Esto genera una competencia directa y feroz que el comercio local no puede enfrentar”.

Además, detalló el impacto que sufre el empleo en la ciudad, particularmente en el sector textil, donde más de 800 personas han perdido sus puestos, y en las condiciones precarias que ofrecen actualmente las fábricas: “Hoy se están ofreciendo contratos mensuales a $1.800.000, cuando antes representaban el doble que el sueldo de un empleado de comercio. Ahora están casi al mismo nivel”.

La crisis también alcanza a la construcción y al sector hidrocarburífero. “De los 4.500 trabajadores de la construcción parados, al menos un 60% son de Río Grande. A eso se suma el congelamiento de la actividad hidrocarburífera, que además de empleo genera regalías para la provincia”, señaló. Según estimaciones compartidas por Clementino, el Gobierno podría perder entre 84.000 y 90.000 millones de pesos anuales solo en ingresos brutos y verificación industrial. “Eso representa casi dos meses completos de salarios estatales”, alertó.

El referente comercial cuestionó la falta de participación de la Cámara en las decisiones recientes: “Nos enteramos por los medios. Nunca fuimos convocados a debatir el acta firmada ni sus consecuencias. Además, esa acta no trae soluciones, solo patea el problema para enero. Es un conflicto diferido”.

En ese sentido, reclamó una convocatoria amplia a todos los sectores: “El gobernador dice que va a estar al lado de los empleados, pero también tiene que convocar al resto: cámaras empresariales, consejos profesionales, transportistas, la Cámara de la Construcción. Solo una masa crítica organizada podrá resistir lo que viene”.

Por último, criticó con dureza el discurso instalado desde el Gobierno Nacional sobre la supuesta baja de precios por la quita de aranceles: “Le están mintiendo a la gente. Un celular de USD 1.050 no cuesta $2.500.000 por los impuestos industriales, sino por toda la cadena de comercialización. Las cámaras importadoras festejan porque se quedan con el negocio sin generar ni un puesto de trabajo”.

“Estamos todos en un sistema. Y si se cae la parte más débil, que es el sector asalariado y productivo, nos arrastra a todos”, concluyó Clementino, marcando una vez más la necesidad de políticas concretas que prioricen la producción y el empleo fueguino.